UNL Noticias

Ante un recinto lleno, y con la presencia de organismos de Derechos Humanos, sociales y de la comunidad universitaria, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), aprobó una declaración presentada por los decanos de la Unidades Académicas que pone de manifiesto la postura de la Universidad ante la aplicación de beneficios en el cómputo de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad.

El documento ratifica el compromiso de la UNL con “la defensa de los derechos fundamentales y su responsabilidad de bregar por la construcción de una memoria colectiva sobre lo sucedido en la última dictadura, reivindicando la aplicación del Estado de Derecho y la plenitud de la Justicia, principios que implican hacer efectivas las garantías constitucionales y el cumplimiento estricto de las condenas aplicadas”.

En este sentido, se destaca, que la UNL puede exhibir una trayectoria vinculada a la defensa irrestricta de los derechos humanos y en defensa de los principios democráticos y republicanos.

A través de la aprobación del escrito, el cuerpo legislativo hizo suya la afirmación que sostiene “que para los delitos de lesa humanidad no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos beneficios procesales como el de la prescripción o el cómputo privilegiado de la pena, ya que la interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de su finalidad”.

El texto aprobado rescata también el respeto al pluralismo de ideas, esencia de la democracia y el espíritu de la Universidad Pública Argentina, y deja expreso que la “práctica de este valor propicia la existencia y coexistencia de minorías y mayorías que se diferencian entre sí en torno a diversos ejes, ideas y problemas, pero que coinciden en el hecho de vivir, trabajar, estudiar y estar en el mismo lugar”.

Luego de finalizada la sesión, el rector, Miguel Irigoyen se refirió a la manifestación del Consejo Superior y aseguró que “arroja claridad sobre un posicionamiento de la Universidad ante un el debate planteado en la sociedad argentina.  Para condenas de lesa humanidad no corresponde ningún beneficio".

Sobre los pedidos de organismos de Derechos Humanos de destitución del actual docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Horacio Rosatti, Irigoyen consideró que “una universidad democrática no echa a sus docentes por disentir en sus opiniones, eso se hizo durante gobiernos de factos. El Consejo Superior entendió esto y derivó los pedidos para su tratamiento académico a la Facultad”.

Descargar el documento