A 50 años del proceso de represión y exterminio político más sangriento que sufrieron las clases populares y medias urbanas de la Argentina moderna –que solo encuentra un correlato en las violencias de larga duración sobre los pueblos originarios–, puede resultar esclarecedor no encapsular esa experiencia autoritaria en el lapso temporal de 1976-1983. Pensar históricamente la última dictadura implica ir más allá de su trágico resultado de desapariciones forzadas y asesinatos, de prisiones, cesantías y exilios, para apreciar las diversas temporalidades que se entrecruzaron en ella. En primer lugar, hubo un medio siglo de lo que Hugo Quiroga llamó un sistema pretoriano, ya que desde 1930 las Fuerzas Armadas eran un actor político legitimado para intervenir en las más variadas esferas del poder. El que fueran concebidas como un componente capaz de definir una situación de bloqueo político no solamente se referencia a la fórmula – cierta pero limitada– de “golpear la puerta de los cuarteles” por las oposiciones de turno, sino más generalmente a que pese a sus divisiones internas el actor militar se convirtió en el representante de las clases propietarias frente a los partidos de masas como el radicalismo y el peronismo. El hecho de que la dictadura se autodenominara “Proceso de Reorganización Nacional” y que pusiera énfasis en volver a una Argentina oligárquica y agroexportadora, con recordatorios de la infame “Conquista del Desierto” incluidos, muestra su inscripción en una dimensión ideológica de larga duración. En ella, el anti-anarquismo y el anti-comunismo de otrora mutaron para enfrentar a un supuesto “subversivo” mucho menos definido y por tanto más extendido. Pero también podemos pensar en la temporalidad de una crisis del modelo de acumulación autocentrado, a tono con las transformaciones del sistema mundial, combinada con una crisis de gobernabilidad de la administración justicialista de 1973- 1976. Aunando esos diversos sentidos, la última dictadura se presenta como algo más que un intento de regresión al ilusorio orden social perdido. Fue también un intento muy efectivo de limitar las capacidades de acción de un amplio arco de organizaciones populares, desde las barriales y sindicales a las político-militares. La incapacidad dictatorial para desarrollar un modelo de acumulación capitalista viable se combinó con la alta efectividad para clausurar un ciclo histórico de movilizaciones sociales y para romper los lazos de solidaridad entre las clases trabajadoras y las clases medias. El método de desaparición forzada y las técnicas de acción psicológica, que habían sido definidas durante la anterior dictadura de la “Revolución Argentina” y aplicadas con el gobierno peronista en 1975, nos hablan a su vez de su intersección con la dinámica de la Guerra Fría y con la recepción de las enseñanzas francesas y estadounidenses. Por fin, aunque en sus inicios fue propiamente liberal-conservador, el último gobierno militar se caracterizó por habilitar el desarrollo del neoliberalismo en nuestro país. Por sus derivas internas y por la progresiva imposición del capital financiero, culminó en las primeras gestiones neoliberales con la estatización de la deuda privada y el definitivo cambio de énfasis de la demanda a la oferta en un contexto mundializado. Y esa tendencia congruente con los inicios del neoliberalismo como etapa histórica se anudó con la correspondiente a las constituciones subjetivas. La ruptura de los lazos colectivos y el individualismo creciente, el repliegue en el consumo como componente identitario, la apelación a la responsabilidad personal y el punitivismo que vemos crecer hoy no se forjaron en dos días ni son adjudicables solo a una reacción local o a una etapa mundial en lo global. Son efecto de procesos de largo plazo que hunden sus raíces en la dictadura y que lastran a la experiencia constitucional con tanta fuerza como el modelo extractivista dominado por el capital financiero. Pensar ese cruce de temporalidades probablemente nos permita apreciar que la última dictadura es un nudo en el que convergen dimensiones de diversa duración y proyección. Aspectos que no están solo en lo pasado hace medio siglo, sino que hacen llegar sus efectos al presente. Y la expresión “la última” no debería entonces ser solo una constatación historiográfica o una memoria compartida: también tendría que ser un postulado ético y político para repensar nuestro futuro./

Programa Derechos Humanos Secretaría de Extensión Universitaria UNL
Miles de personas marchamos a lo largo de todo el país una vez más, para recordar que el 24 de marzo de 1976 se perpetró el último golpe de Estado por las Juntas Militares, para que no se repita Nunca Más. A medio siglo, resulta incuestionable seguir reclamando la promoción de políticas públicas para la construcción de una ciudadanía democrática y una cultura de paz, combatir los discursos negacionistas o reivindicativos de la noche más larga que nos tocó vivir. Recordamos la última dictadura militar, como uno de los periodos más atroces que nos tocó atravesar como sociedad, pero que también desde la lucha colectiva decidimos clausurar. En un camino que desde las primeras denuncias de familiares y víctimas, de las Madres, las Abuelas, la vuelta a la democracia, el intento de autoamnistía y la firme decisión del presidente Alfonsín de crear la CONADEP y promover el juicio a las juntas militares, las presiones que generaron las leyes de obediencia debida y punto final, los vergonzosos indultos, los HIJOS y los juicios por la verdad, la derogación y nulidad de las leyes, el impulso a la continuidad de los juicios y la política de Memoria con los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández, lo definen como único en el mundo. Esa persistencia en la lucha como valor social que lo mantiene más vigente que nunca, en tiempos en que el discurso del gobierno nacional intenta negar la evidencia incontrastable que generan los hechos de la historia reciente: el accionar represivo de la dictadura, su componente social, económico y de clase. O lo que es aún peor, esbozar argumentos justificatorios del terrorismo de Estado. La Universidad Pública fue blanco predilecto de la dictadura, ya que cualquier espacio que propiciara el debate de las ideas, el pensamiento crítico o fuera usina de conocimientos era objeto de la censura, a la vez espacio de persecución para sus opositores. También por ello, asume el compromiso de continuar el camino de memoria, verdad y justicia, como parte de los valores que la fundan, pero que se renueva en cada periodo que se gesta desde la recuperación democrática y que la fortalece en su misión. Las cátedras, los institutos de investigación, los ámbitos de gobierno y de gestión, desde una perspectiva de construcción situada, en relación con las organizaciones sociales, y toda la comunidad construyen ese camino y ese espacio común. Es el rigor de sus investigadoras e investigadores los que permite acompañar ese proceso. Que devela el entramado político, social y económico que nos llevó al golpe y todas sus implicancias. Que construye memoria y actos de reparación sobre nuestros 128 desaparecidos o la persecución de la comunidad universitaria en esos años en particular y de la sociedad en general. Que contribuye a formar a los profesionales que participan en el desarrollo de los juicios a los responsables. Que enriquecen las diversas propuestas que construyen una pedagogía de la memoria desde la experiencia artística y cultural. Que tienen el desafío de incorporar el enfoque de derechos humanos en la currícula de todas las carreras en todos los niveles. En ese sentido, las universidades públicas, a través de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen realizando un importante trabajo de promoción de distintas herramientas que faciliten esta tarea a gestores, docentes e investigadores.  Porque no toda educación en sí implica que sea respetuosa de los derechos humanos, y esta es una obligación que nuestro Estado ha asumido constitucionalmente. Ese compromiso constitucional alcanza a su vez a los Pactos y Convenciones que en la materia ha asumido, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el ámbito de Naciones Unidas o el Protocolo de San Salvador en el caso del ámbito interamericano. La educación pública es el espacio esencial donde los Derechos Humanos se ejercen, se defienden y se construyen día a día. Un enfoque transversal que en la UNL se materializa en el desarrollo de líneas estratégicas, proyectos y acciones sobre igualdad de género, prevención y erradicación de violencias, la educación universitaria en contextos de encierro, la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores, la promoción del acceso a la justicia, del derecho a la equidad en salud, de los derechos sociales, culturales y ambientales,  el acompañamiento a las comunidades originarias y la educación intercultural o el desarrollo e impulso de políticas de Memoria Verdad y Justicia, entre otras. Educar en derechos humanos implica promover el ejercicio de los derechos efectivamente y de manera plena. Significa que el objetivo último de toda educación es buscar la dignidad de la persona humana y de los pueblos. Por eso, la Universidad democrática asume ese desafío. A 50 años, es nuestro mejor compromiso. /