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Desde hace más de cuatro años un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) investiga el uso de la violencia policial en la provincia de Santa Fe. El pasado martes 2 de septiembre, el equipo ejecutor del proyecto “Seguridad Urbana. Prevención del delito y Policía en la provincia de Santa Fe” presentó el informe “Política, Policía y Violencia en la Provincia de Santa Fe–Argentina (1998-2002)”.
El estudio –realizado a partir de un exhaustivo relevamiento de la información publicada en medios de prensa gráfica provinciales y nacionales– contiene las cifras más recientes de los casos de violencia policial contra civiles. Los datos estudiados demuestran que si bien el número de víctimas fatales se redujo en el año 2002 en comparación con los años precedentes, desde el año 2000 la cantidad de civiles que son víctimas de la violencia policial viene creciendo paulatinamente.

En busca de las causas

Consultado sobre el tema, Máximo Sozzo –co-director del PEIS– señaló que: “la cantidad de casos de uso de fuerza policial que se produce en un lugar y en un tiempo dado está vinculada estructuralmente a las decisiones y acciones políticas con respecto a la institución policial. Por esta razón –continuó Sozzo–, es importante tener en cuenta el radical cambio que se dio a partir del 2000 con la nueva gestión de (Carlos) Reutemann y con (Enrique) Alvarez a la cabeza de la institución policial”. En tal sentido, el docente de la UNL especialista en Criminología no dejó de analizar las responsabilidades políticas y señaló que el mencionado período “se caracterizó por un aumento impresionante del 80% en la cantidad de muertos civiles, 48 en total”.
La mención al cambio de gestión efectuada en el año 1999 y a la implementación de las políticas durante el segundo año de gobierno en 2000, no es arbitraria. Desde la asunción de Alvarez (que desarrolló su carrera profesional en la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) de la Nación a la que ingreso en el año 1978) como subsecretario de Seguridad Pública de la Provincia, varios de los proyectos de reforma provincial que se intentaban implementar desde el año 1996 fueron interrumpidos. En tal sentido, según explica el estudio, la obstaculización de dichos cambios es uno de los motivos principales a partir de los cuales se puede entender los motivos por los cuales las cifras alcanzaron su primer pico en el año 2000 con 281 casos de violencia policial en perjuicio de civiles; y a pesar de que en 2001 declinó a 196, volvió a subir a 299 en 2002, año en el que también se registró la cifra más alta de víctimas menores de edad (61 casos).

La política y la violencia policial

Sobre el notorio descenso del número de víctimas fatales por el uso de violencia provincial –que luego de llegar a 42 y 31 casos en 2001 y 2002 respectivamente, bajó a 12 en 2002–, Sozzo señaló que: “después de diciembre de 2001, tengo pocas dudas de que un mensaje del mundo de la política descendió a la fuerza policial acerca de la restricción en el uso de la fuerza y de armas de fuego”. En tal sentido, según agregó el especialista, “este motivo fue, seguramente, el detonante de las salidas de Domínguez del ministerio de Gobierno y de Alvarez de su cargo”.