Universidades

El desfinanciamiento pone en riesgo la continuidad de Obras Sociales

Miércoles 4 de noviembre de 2026 / Actualizado hace 5 horas, 23 minutos

El COSUN advierte que el atraso salarial superior al 30% debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario compromete la atención de salud de miles de trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes y sus familias.

El Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) hizo público el estado de extrema vulnerabilidad que atraviesan estas instituciones, cuyos recursos resultan insuficientes para cumplir con su objeto esencial: la protección y promoción de la salud de las y los trabajadores universitarios y sus familias. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que representa un atraso salarial superior al 30%, deja en peligro a un sistema que depende de manera casi exclusiva de los aportes y contribuciones deducidos de los sueldos. Se estima que, por la falta de actualización, el personal universitario ha dejado de percibir el equivalente a 12 salarios, con el consecuente impacto en los fondos destinados a la salud. A esto se suma que los costos de prestaciones, medicamentos e insumos superan holgadamente los índices generales del costo de vida.

Como consecuencia, las Obras Sociales Universitarias (OSU) atraviesan una crisis de financiamiento sin precedentes, que ya compromete su patrimonio y pone en duda su continuidad a corto plazo. En los últimos años, para sostener la cobertura ante la caída de recursos, las OSU debieron restringir prestaciones, recurrir a los fondos de reserva y requerir mayores esfuerzos a sus afiliadas y afiliados. Se trata de un modelo de salud solidario construido durante décadas sobre la calidad prestacional, conducido por representantes de los propios trabajadores/as y las universidades, sin intermediarios ni fines de lucro. Su pérdida dejaría desprotegida a la comunidad universitaria, con especial severidad para jubilados/as y sectores de menores ingresos.

Ante este escenario, el COSUN convoca al Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario sin más dilaciones, y al Poder Judicial a garantizar su efectiva aplicación y resguardar los derechos de la comunidad universitaria. También llama a toda la comunidad universitaria a comprometerse activamente con esta problemática, continuar apoyando los reclamos colectivos y acompañar las medidas de emergencia necesarias para sostener y dar sustentabilidad a las Obras Sociales Universitarias.

 

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