Estudio de la UNL
El uso de la violencia policial en la Provincia de Santa Fe
Lunes 1 de septiembre de 2003
Desde hace varios años un Proyecto de Extensión de la UNL estudia la problemática de la violencia policial en Santa Fe. Un balance del último lustro certifica el incremento de los actos de violencia contra civiles. El próximo martes a las 19 se difundirán los
La evaluación de la información recabada en los últimos cinco años, en lo que respecta a los casos de violencia policial en perjuicio de civiles en la provincia de Santa Fe, arroja como resultado cifras preocupantes. Un Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral se encuentra trabajando en el procesamiento de los datos sobre esta problemática. Los resultados de la investigación que este equipo de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL lleva a cabo, son útiles para el análisis de la historia más reciente de la violencia policial en la Provincia. Los miembros del proyecto titulado “Seguridad Urbana. Prevención del delito y Policía en la Provincia de Santa Fe”, presentarán el próximo martes en la Facultad de Derecho el trabajo: Política, Policía y Violencia en la Provincia de Santa Fe – Argentina (1998-2002).
Desde el año 2000, y de manera creciente, las cifras indican aumento en la cantidad de casos de violencia. Los datos empíricos pueden ser leídos en consonancia con la instalación de ciertas políticas, implementadas desde el poder ejecutivo provincial, en lo que respecta al manejo de las Fuerzas de Seguridad que tienen el monopolio de la fuerza. La descripción de algunas cifras concretas es útil para dilucidar en qué términos se registra un aumento de los casos de violencia. La cifra más alta en el período de cinco años comprendido entre los años 1998 y 2001, se había registrado en el año 2000 –primer año completo de la segunda gestión Reutemann en la que se modificó la política de seguridad en la provincia- con 281 casos de violencia policial contra civiles. Si bien esa cifra decrece en el año 2001, el año anterior los casos vuelven a registrar un incremento importante hasta ubicarse en los 288 casos en la provincia.
La mención al cambio de gestión en el ejecutivo provincial, efectuada en el año 1999 pero cuyas políticas recién se implementan durante todo el segundo año de gobierno –el año 2000-, no es arbitraria. Desde la asunción de Enrique Alvarez -quien desarrolló su carrera profesional en la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) de la Nación en la que ingreso en el año 1978- como Subsecretario de Seguridad Pública de la Provincia, varios de los proyectos de reforma provincial que se intentaban implementar desde el año 1996 fueron interrumpidos. Sobre este punto, el Abogado Máximo Sozzo, co-director del mencionado Proyecto de Extensión, explica que “la cantidad de uso de la fuerza policial que se produce en un lugar y en un tiempo dado, está vinculada estructuralmente a las decisiones y acciones políticas con respecto a la institución policial”.
Al avanzar en la interpretación de los datos empíricos, se observa un “cambio radical a partir del 2000, con la nueva gestión provincial de Reutemann y con Alvarez a la cabeza de la institución policial, cuando se produce un aumento impresionante del 80% en la cantidad de muertos civiles -48 en total”, analiza Sozzo.
Los datos que permiten una interpretación diversa sobre la violencia contra civiles en nuestra provincia son diversos. Algunos de los indicadores más preocupantes son los que evidencian un incremento de las cifras de violencia en contra de menores y el aumento de casos de violencia policial registrada en dependencias policiales. Los casos de violencia policial en perjuicio de menores de edad alcanzan su pico en el año 2002 con 61 (sesenta y uno) hechos registrados. La cifra no sólo el la más alta en cinco años, sino que también, y por primera vez, supera la cifra de hechos documentados en perjuicio de mayores, algo que en los registros anteriores no había sucedido.
Sobre el notorio descenso del número de víctimas fatales por el uso de violencia provincial –que en el año 2002 se redujo a doce casos luego de llegar a los 42 y 31 casos en los años precedentes, de manera respectiva-, el Abogado Sozzo tiene “pocas dudas acerca de que un mensaje descendió del mundo de la política a la fuerza policial acerca de la restricción en el uso de la fuerza y de armas de fuego, en función de los efectos políticos de la crisis de diciembre de 2001, que se llevo a Domínguez como Ministro de Gobierno, primero, y que termino siendo el detonante de la salida de Alvarez en diciembre del 2002 de su cargo”.
Muchos de estas cifras, que pueden ser útiles para el análisis y la reflexión necesaria para implementar mejorías en las políticas públicas de seguridad, serán difundidas en la presentación del martes próximo que se realizará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A este acto fueron invitados los candidatos a gobernador de la Provincia, a quienes también el equipo ejecutor del proyecto les ha hecho llegar copias del nuevo informe.
Desde el año 2000, y de manera creciente, las cifras indican aumento en la cantidad de casos de violencia. Los datos empíricos pueden ser leídos en consonancia con la instalación de ciertas políticas, implementadas desde el poder ejecutivo provincial, en lo que respecta al manejo de las Fuerzas de Seguridad que tienen el monopolio de la fuerza. La descripción de algunas cifras concretas es útil para dilucidar en qué términos se registra un aumento de los casos de violencia. La cifra más alta en el período de cinco años comprendido entre los años 1998 y 2001, se había registrado en el año 2000 –primer año completo de la segunda gestión Reutemann en la que se modificó la política de seguridad en la provincia- con 281 casos de violencia policial contra civiles. Si bien esa cifra decrece en el año 2001, el año anterior los casos vuelven a registrar un incremento importante hasta ubicarse en los 288 casos en la provincia.
La mención al cambio de gestión en el ejecutivo provincial, efectuada en el año 1999 pero cuyas políticas recién se implementan durante todo el segundo año de gobierno –el año 2000-, no es arbitraria. Desde la asunción de Enrique Alvarez -quien desarrolló su carrera profesional en la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) de la Nación en la que ingreso en el año 1978- como Subsecretario de Seguridad Pública de la Provincia, varios de los proyectos de reforma provincial que se intentaban implementar desde el año 1996 fueron interrumpidos. Sobre este punto, el Abogado Máximo Sozzo, co-director del mencionado Proyecto de Extensión, explica que “la cantidad de uso de la fuerza policial que se produce en un lugar y en un tiempo dado, está vinculada estructuralmente a las decisiones y acciones políticas con respecto a la institución policial”.
Al avanzar en la interpretación de los datos empíricos, se observa un “cambio radical a partir del 2000, con la nueva gestión provincial de Reutemann y con Alvarez a la cabeza de la institución policial, cuando se produce un aumento impresionante del 80% en la cantidad de muertos civiles -48 en total”, analiza Sozzo.
Los datos que permiten una interpretación diversa sobre la violencia contra civiles en nuestra provincia son diversos. Algunos de los indicadores más preocupantes son los que evidencian un incremento de las cifras de violencia en contra de menores y el aumento de casos de violencia policial registrada en dependencias policiales. Los casos de violencia policial en perjuicio de menores de edad alcanzan su pico en el año 2002 con 61 (sesenta y uno) hechos registrados. La cifra no sólo el la más alta en cinco años, sino que también, y por primera vez, supera la cifra de hechos documentados en perjuicio de mayores, algo que en los registros anteriores no había sucedido.
Sobre el notorio descenso del número de víctimas fatales por el uso de violencia provincial –que en el año 2002 se redujo a doce casos luego de llegar a los 42 y 31 casos en los años precedentes, de manera respectiva-, el Abogado Sozzo tiene “pocas dudas acerca de que un mensaje descendió del mundo de la política a la fuerza policial acerca de la restricción en el uso de la fuerza y de armas de fuego, en función de los efectos políticos de la crisis de diciembre de 2001, que se llevo a Domínguez como Ministro de Gobierno, primero, y que termino siendo el detonante de la salida de Alvarez en diciembre del 2002 de su cargo”.
Muchos de estas cifras, que pueden ser útiles para el análisis y la reflexión necesaria para implementar mejorías en las políticas públicas de seguridad, serán difundidas en la presentación del martes próximo que se realizará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A este acto fueron invitados los candidatos a gobernador de la Provincia, a quienes también el equipo ejecutor del proyecto les ha hecho llegar copias del nuevo informe.
Espere por favor....