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Tras la jornada nacional contundente y masiva “La universidad no se apaga” realizada el pasado 15 de abril, fruto del trabajo conjunto y articulado de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades universitarias de todo el país para exigir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que demuestra una vez más la potencia del sistema universitario y el valor que la universidad pública tiene como motor de desarrollo, surgieron novedades judiciales.

El Gobierno Nacional interpuso un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra la sentencia de Cámara que confirmó la medida cautelar vigente. Dicha cautelar obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y nodocentes, así como las becas estudiantiles, conforme a lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario en los artículos 5 y 6.

La presentación fue realizada ante la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Posteriormente, el trámite podría continuar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso fue interpuesto con pretensión de carácter suspensivo, con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos mencionados.

“Consideramos que esta acción del Gobierno Nacional constituye una estrategia dilatoria que busca postergar el cumplimiento efectivo de la ley y vulnera los derechos de quienes integran la comunidad universitaria. A la espera de lo que resuelva la Cámara, se seguirá el camino de la insistencia por el cumplimento de la ley en todos los ámbitos que se requiera, con la misma responsabilidad, compromiso y firmeza con la que se ha realizado hasta ahora”, aseguró la rectora Laura Tarabella.

Curso de acción del recurso

En esta instancia, la Cámara deberá sustanciar el recurso, lo que implica dar traslado al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, luego, resolver sobre su admisibilidad. En caso de ser concedido, el expediente será elevado a la Corte Suprema. Si fuera rechazado, el Estado Nacional podrá presentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal.

Cabe aclarar que el viernes 17 de abril no vencía el plazo para el cumplimiento de la ley, sino el período para interponer este recurso judicial, opción que el Gobierno decidió utilizar. La obligación de cumplir con la ley rige desde el momento en que el Poder Ejecutivo fue notificado del fallo y sigue vigente. En ese sentido, la presentación del REF no lo exime de la responsabilidad de acatar la medida cautelar, aplicando los artículos 5 y 6.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó esa semana, el miércoles 15, un incidente de ejecución de la medida cautelar ante la Justicia, denunciando el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.

En su presentación, el Poder Ejecutivo Nacional sostiene que el cumplimiento podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al implicar la ejecución de gastos sin financiamiento específico, argumento que con claridad el fallo judicial había desestimado en las instancias judiciales previas al sostener que la aplicación de la ley no compromete fiscalmente al Estado.

Finalmente, el recurso solicita que algunos de los magistrados de la Corte Suprema se excusen de intervenir, en virtud de su condición de docentes universitarios, y que se designen conjueces para el tratamiento del caso. Objeción similar había realizado el Poder Ejecutivo Nacional ante la Cámara, previo al fallo en primera instancia, lo que también había sido desestimado.