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Con la idea de trabajar en conjunto para fortalecer el diálogo intercultural entre las comunidades indígenas y la capacitación en derecho de propiedad comunitaria indígena y en derechos humanos, es que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, firmaron un convenio de mutua colaboración. La rúbrica fue este jueves 13 de diciembre en el Rectorado de la casa de estudios, entre el rector Albor Cantard y la ministra, Mónica Bifarello.
Además, la finalidad del convenio es trabajar desde lo académico, pedagógico y de extensión para el desarrollo y ejecución del Proyecto de Extensión de Interés Social “Construyendo el puente: fortalecimiento y continuidad del diálogo intercultural entre las comunidades indígenas y la UNL” y del Proyecto de Extensión de Cátedra “La propiedad comunitaria indígena. Un nuevo derecho real”.
En este sentido, María José Bournissent, coordinadora de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) sostuvo que “desde el Programa de Derechos Humanos de la UNL desde hace varios años se ha ido fortaleciendo una línea sobre el trabajo con los pueblos originarios. Tratar de relacionar el trabajo de extensión, investigación y docencia de la UNL con estas comunidades y con el Estado provincial nos permite llegar a todo el territorio de la provincia, por eso es muy importante la firma de este convenio”.
Por su parte Bifarello consideró que “poder tener una vinculación con la Universidad no da mucha fortaleza para continuar trabajando con las comunidades aborígenes. Y la posibilidad de contar con especialistas que se suman con su mirada y que legitiman el proceso de Derecho de los Pueblos Originarios, que es un proceso que está basado en un mandato constitucional pero que no deja de ser trabajoso ponerlo en marcha, es de gran valor para la provincia”.
Rufino Vázquez, consejero del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS) destacó el proceso de capacitación. “Dentro de la comunidad tenemos muchos chicos y es importante que ellos conozcan cuáles son nuestros derechos, que nos da la reforma constitucional del 94, los tratados internacionales, y las leyes provinciales. Todas las comunidades tenemos interés de seguir adelante y esta capacitación es muy importante en la construcción de ese camino”.

Propiedad comunitaria indígena
“Estamos trabajando en una restitución histórica de sus tierras”, informó Bifarello a la vez que aseguró que “no es un trabajo sencillo de gestión ya que una vez que se identifican las tierras hay que otorgar en propiedad comunitaria, mensurarlas, catastrarlas, y todo un trabajo de acompañamiento a la comunidad. Por eso es muy importante esta vinculación con la Universidad. Conocemos la gran calidad que tienen los proyectos de Extensión de Interés Social y que cuentan con profesionales especializados para continuar con este acompañamiento”.
La idea es que esas tierras que se otorgan en propiedad comunitaria tengan un fin productivo y puedan aumentar la calidad de vida de las comunidades. “Eso se logra con un trabajo en conjunto”, dijo la ministra.

Capacitación
El rector Cantard hizo referencia al trabajo realizado en conjunto con el IPAS en relación a la Tecnicatura en Administración Agropecuaria de la cual egresaron tres representantes de la comunidad Mocoví y dos de la Toba. El Instituto permite que las propias comunidades elijan representantes que pasan a formar parte de las autoridades políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Así, la comunidades elijen a cinco consejeros y entre ellos el gobernador propone un presidente.
Hace poco se realizó la primera renovación de sus consejeros y el 20 de diciembre asumirán por un mandato de tres años. Y uno de los cinco egresados de la Tecnicatura fue elegido como Consejero. “Es una buena señal que un egresado sea consejero porque demuestra que el trabajo en conjunto y la capacitación dieron los resultados esperados”, sintetizó Cantard.