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La Conferencia Internacional de Educación Superior de la UNESCO que tuvo lugar en Paris la semana pasada fue escenario de importantes debates en torno a las políticas vinculadas con la educación y el desarrollo en todo el mundo. El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Ing. Mario Barletta, participó como representante de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y como enviado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina. Tras la presentación del “reporte final”, representantes de distintas instituciones universitarias de América Latina y el Caribe, África y España, así como del Foro de la UNESCO sobre educación superior y conocimiento, manifestaron su desacuerdo con el procedimiento seguido en relación con la presentación del “rapport general”.
“A diferencia de lo que suele ocurrir en encuentros de nivel internacional de la UNESCO, luego del trabajo en comisiones se leyó un reporte final pero no se abrió el debate para acercar posiciones y alcanzar consensos sobre algunos temas puntuales. Por eso un grupo importante de universitarios no aceptamos el informe final como posición de consenso y dejamos por escrito nuestra posición contraria a través de un documento que fue acompañado por los representantes de varios países de Latinoamérica, Africa y Europa y que fue elaborado a partir de las posiciones comunes acordadas en los últimos tiempos”, explicó Barletta en referencia a las recientes declaraciones del Primer Encuentro de Rectores Hispano-Americanos que tuvo lugar en La Plata así como otros documentos de asociaciones universitarias de América Latina, entre ellas la AUGM.
El texto presenta un concepto de educación como “bien público global” que no tiene referencia, según explicó Barletta, con los que fueron definidos en la Conferencia Mundial de 1998 y surge sin debate y calificación precisa. “Por eso pedimos que se remita a todos los participantes para que puedan formular sugerencias y propuestas antes de su publicación”.

Bien social “global”

“Consideramos que la noción de bien público se refiere a los Estados nacionales que la legitiman. El desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho”, sostiene el documento al que adhirieron los universitarios argentinos.
Á‚¿Qué significa? “Significa que integramos un espacio único y común en el que es posible regular y determinar la acreditación de diplomas desde un meta espacio, en el cual no tendrían injerencia los Estados Nacionales. Esto transforma a la educación en un bien comercial más dentro del mercado internacional, y le quita a cada Estado el derecho que le es propio de establecer los criterios para definir la calidad y la pertinencia de la educación superior de cada país”, explicó Barletta, quien se comunicará esta semana con el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, sobre su desempeño en la Conferencia “Paris+5”, realizada del 23 al 25 de junio en Francia.
Precisamente, el otro paso hacia donde se pretende avanzar es la conformación de un Foro Mundial de Aseguramiento de la Calidad y Reconocimiento de títulos. Al respecto, el documento disidente expresa “nuestro desacuerdo con la idea de que un ‘Global Forum on Quality Assurance and Recognition of Qualifications’ asuma las tareas que son prerrogativas de los Estados nacionales o de las organizaciones regionales. Consideramos, más bien, que dicho Forum funcione como órgano de articulación de las iniciativas nacionales y regionales”, respetando las nociones de “calidad y pertinencia” con las cuales desde distintos organismos regionales y nacionales de todo el mundo se vienen desarrollando sistemas de evaluación y acreditación en materia de calidad.
“No nos oponemos a la existencia de un espacio de debate sobre el tema –explicó el rector de Santa Fe– que puede funcionar como un órgano de articulación de iniciativas nacionales y regionales, como de hecho promovemos en el Mercosur con la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), por ejemplo, sino a que se pretenda generar un metalugar que determina la calidad de la educación, cuáles son los estudios que convienen y la legitimidad de sus diplomas, por fuera de los intereses de cada país”.

Mercado mundial de la educación

Detrás de estos planteos, se encuentra la Organización Mundial del Comercio, que desde hace unos años viene presionando por que se incorpore a la educación como un producto comercializable a ser regulado por la lógica del mercado internacional. Lo que se pudo advertir en el encuentro internacional es el intento de numerosos sectores económicos de países desarrollados de transformar a la educación en un bien comercializable en un espacio global, en especial en torno a la exportación de servicios educativos y la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. “Para ello deben mover los obstáculos actualmente presentes, en especial el reconocimiento de diplomas y las limitaciones para abrir instituciones formadoras privadas operadas por firmas extranjeras”, señaló Barletta.
La cumbre, que reunió a más de 400 expertos y personalidades de unos 120 países, se proponía evaluar el impacto de las orientaciones acordadas en la Conferencia Mundial de 1998 y analizar cómo están evolucionando los sistemas universitarios. Los debates se concentraron en torno a la función que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza superior, las repercusiones del surgimiento de los nuevos proveedores de educación y la expansión del sector privado en un mercado cada vez más globalizado, las formas de garantizar la calidad de la educación ante esta nueva realidad y la situación de la libertad académica.
“Nosotros exigimos a los gobiernos que mantengan los acuerdos alcanzados hace cinco años, que se mantenga el concepto de ‘bien público’ y que se defienda el derecho de los países en vías de desarrollo a definir autónomamente sus modelos educativos y sus esquemas de promoción y evaluación de la educación superior”, agregó Barletta y concluyó: “En estos días le voy a comunicar al ministro Filmus toda la situación, con los documentos e informes correspondientes, para que alerte al gobierno y evalúe qué medidas tomar al efecto”.