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Tal como se pronunciara el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en su última sesión por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que lleva más de un año sin aplicarse efectivamente y se asegure el presupuesto necesario para el correcto funcionamiento de las universidades nacionales; para este viernes está prevista una convocatoria a legisladoras y legisladores nacionales para dialogar sobre el tratamiento del Presupuesto Universitario 2027.

La rectora de la UNL Laura Tarabella junto a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); los decanos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe Alejandro Toffolo y UTN Rafaela Oscar David; La vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) es la Dra. María Cecilia Gutiérrez; representantes de los gremios docentes y nodocentes, ADUL, APUL y agremiaciones de otras universidades; autoridades estudiantiles nucleadas en la FUA y la FUL; decanos y decanas; consejeros superiores de la UNL y autoridades universitarias; se darán cita este viernes, desde las 10 h, en el Consejo Superior de la UNL para dialogar con legisladores nacionales santafesinos.

Defender las universidades, construir futuro

“Defender las universidades públicas y la ciencia nacional es construir futuro”, sostiene la declaración aprobada por los miembros del Consejo Superior de la UNL en su última sesión del jueves 24 de septiembre.  Y manifiesta que “el presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto de ley de presupuesto presentado por el ejecutivo nacional”.

Más adelante, se expresa que está prevista una convocatoria a legisladoras y legisladores nacionales por el tratamiento del presupuesto 2027, que se concretará este viernes 2 de octubre desde las 10 h en el Consejo Superior, y que la comunidad universitaria de todo el país se prepara para la quinta marcha federal que tendrá lugar el próximo 15 de octubre.

En la Constitución Nacional

“En las universidades nacionales se llevan a cabo a diario las funciones sustantivas que el desarrollo de la Nación demanda: enseñanza, investigación, extensión, vinculación, internacionalización y transferencia tecnológica. Por ello, es obligación indelegable del Estado garantizar los recursos materiales y financieros adecuados para su desenvolvimiento con estándares de calidad, tal como lo establece el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional”, sostiene el documento.

“Ante la severa crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sector, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los representativos gremios docentes, nodocentes y estudiantiles, y con el apoyo contundente de gran parte de la sociedad argentina, impulsaron en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario destinado a salvaguardar el funcionamiento del sistema”.

“Tras su aprobación en ambas Cámaras del Congreso y el posterior veto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto, el Poder Legislativo hizo uso de sus facultades constitucionales para insistir en la sanción de la norma, reafirmando la validez y vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley establece mecanismos indispensables para la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y la cobertura de los gastos de funcionamiento desvalorizados por el proceso inflacionario.

“Sin embargo, a pesar de su plena vigencia legal, la Ley de Financiamiento Universitario continúa sin ser ejecutada por el Gobierno nacional. A esta situación se suma que el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación no contempla las partidas requeridas por dicha norma ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.

 Asegurar el normal funcionamiento

“En contraposición, la propuesta presupuestaria elaborada por el CIN y elevada a las autoridades educativas nacionales no sólo contempla el cumplimiento de la ley vigente, sino que procura restaurar la previsibilidad indispensable para el normal funcionamiento institucional y proyectar un desarrollo razonable de la educación superior. En este sentido, el presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto de ley de presupuesto presentado por el ejecutivo nacional.

“Por todo lo expuesto, sustentados en la legalidad y legitimidad de nuestro reclamo:

1.       Exigimos al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación de la Nación el cumplimiento inmediato e integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

2.       Solicitamos a las legisladoras y los legisladores nacionales la revisión de las partidas asignadas al sistema universitario nacional Proyecto del Ley de Presupuesto 2027, de manera tal que se asegure el pleno funcionamiento de las instituciones y la recomposición de las becas destinadas a estudiantes para el próximo año.

3.       Invitamos a la comunidad de la Universidad Nacional del Litoral y a toda la ciudadanía de la región a acompañar la 5ta. Marcha Universitaria en defensa de la educación pública y la ciencia nacional que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre.

Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”, finaliza el documento aprobado por el Consejo Superior de la UNL.