Programa Ateneo - Cable y Diario
Las pasteras de celulosa: el conflicto internacional
Martes 20 de junio de 2006
El programa de la Universidad abordó en su última emisión el tema de la instalación de las pasteras en Fray Bentos, las consecuencias que producirán en el medio ambiente y el conflicto que desataron a nivel internacional. Contó con la destacada presencia del i
La instalación de las dos plantas de celulosa en las cercanías de Fray Bentos, sobre la ribera del río Uruguay y de soberanía compartida con Argentina, desencadenó un fuerte conflicto que dividió las aguas entre los países hermanos. Especialistas alertaron sobre las consecuencias nocivas que producirían en el medio ambiente, mientras que las protestas no se hicieron esperar y el 30 de abril de 2005 la recientemente formada Asamblea Ambiental de Gualeguaychú cortó por primera vez el puente General San Martín, que une a esa ciudad con Fray Bentos. Las movilizaciones provocaron las reacciones de distintos sectores, y hasta una discusión que protagonizaron los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vásquez.
La discusión tomó ribetes internacionales y se llevó a la Corte de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Á‚¿Es posible encontrar un punto de equilibrio entre un emprendimiento de tal magnitud y el cuidado del medio ambiente? Á‚¿La discusión internacional amenaza con romper definitivamente los lazos de unión entre los países hermanos?
Intentando responder a estos y otros interrogantes el debate en vivo en el programa de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Ateneo, fue conformado por los especialistas en producción de pasta celulósica, docentes e investigadores del Instituto de Tecnología Celulósica dependiente de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNL, profesor Juan Carlos Formento y el recientemente llegado de la Corte Internacional de la Haya, ing. Elías Matta. También estuvieron presentes los abogados y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Pedro Sánchez Izquierdo (especialista en Derecho Ambiental) y Selva Degiorgio (dedicada al Derecho Internacional).
Está probado que elementos químicos como los clorados se bioacumulan en las especies, que no los degradan, hasta llegar al final de la cadena trófica, en donde se encuentra el hombre. Además en los seres humanos provocan trastornos de los sistemas inmunológico, nervioso y reproductor. "No hay ningún proceso ambiental que si no se controla no genere contaminación", sostuvo Matta y agregó que "en el caso de la industria de la celulosa para que estas fábricas sean rentables tienen que ser grandes unidades con producciones del orden del millón de toneladas que es lo que estamos hablando hoy, por un problema de escala económica".
Por su parte Sánchez Izquierdo explicó que "el daño ambiental es el daño significativo, de una relativa importancia. Los autores dicen hay un daño que toda sociedad debe tolerar para seguir progresando, pero estos daños tiene determinados límites dado por principios del derecho internacional y nacional ambiental".
La delegación que representó a la Argentina estuvo en a la Corte de La Haya el 8 y 9 de junio. Fueron 17 los expertos que defendieron la posición Argentina en el conflicto que mantiene con Uruguay, y entre ellos, viajó el Ingeniero Elías Matta.
Argentina denuncia incumplimiento en el Estatuto del Río Uruguay. Este estatuto establece un mecanismo de consulta e información previa a cualquier decisión que competa con esta región, algo que de acuerdo a la presentación argentina Uruguay incumplió al permitir la instalación de ambas plantas sobre la margen oriental de ese río. "Con la información que tenemos sabemos lo suficiente para que en este momento Argentina tenga, en lo que La Haya se dijo, una duda razonable sobre la capacidad de contaminación de estas plantas que además son dos y están muy cerca una de otra", comentó Matta.
Como el tema puede tener sentencia recién en cuatro o cinco años, Argentina propuso que se disponga una medida cautelar o provisional para que se obligue a Uruguay a suspender todas las obras. Sobre este último pedido se espera una decisión el 15 de julio.
La discusión tomó ribetes internacionales y se llevó a la Corte de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Á‚¿Es posible encontrar un punto de equilibrio entre un emprendimiento de tal magnitud y el cuidado del medio ambiente? Á‚¿La discusión internacional amenaza con romper definitivamente los lazos de unión entre los países hermanos?
Intentando responder a estos y otros interrogantes el debate en vivo en el programa de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Ateneo, fue conformado por los especialistas en producción de pasta celulósica, docentes e investigadores del Instituto de Tecnología Celulósica dependiente de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNL, profesor Juan Carlos Formento y el recientemente llegado de la Corte Internacional de la Haya, ing. Elías Matta. También estuvieron presentes los abogados y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Pedro Sánchez Izquierdo (especialista en Derecho Ambiental) y Selva Degiorgio (dedicada al Derecho Internacional).
Industrias que contaminan
Un ranking elaborado hace años por Naciones Unidas ubica a la obtención de pasta de celulosa entre las cinco actividades industriales más contaminantes, porque liberan subproductos de alta persistencia en el ambiente. Estos productos son los clorados, potencialmente cancerígenos para el hombre, y capaces de ser bioacumulados por las especies de animales, desde el pez en el río, hasta el animal que los come.Está probado que elementos químicos como los clorados se bioacumulan en las especies, que no los degradan, hasta llegar al final de la cadena trófica, en donde se encuentra el hombre. Además en los seres humanos provocan trastornos de los sistemas inmunológico, nervioso y reproductor. "No hay ningún proceso ambiental que si no se controla no genere contaminación", sostuvo Matta y agregó que "en el caso de la industria de la celulosa para que estas fábricas sean rentables tienen que ser grandes unidades con producciones del orden del millón de toneladas que es lo que estamos hablando hoy, por un problema de escala económica".
Por su parte Sánchez Izquierdo explicó que "el daño ambiental es el daño significativo, de una relativa importancia. Los autores dicen hay un daño que toda sociedad debe tolerar para seguir progresando, pero estos daños tiene determinados límites dado por principios del derecho internacional y nacional ambiental".
La instancia internacional: La Haya
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, propuso que la Argentina lleve el tema hasta la corte internacional de La Haya, hasta donde nunca había llegado un caso judicial nacional. "El llegar a la corte es cuando el conflicto entre las partes es una cuestión de Estado. En ese caso el Estado tiene que resolver, primero esta cuestión previa para que se detengan las obras y poder realizar el estudio de impacto ambiental y después la cuestión de fondo que va a ser el cumplimiento por parte del Estado Uruguayo de lo que demande el Estado argentino. Una vez que resuelva la corte la sentencia es obligatoria, las partes tienen que cumplirla", expresó Degiorgio.La delegación que representó a la Argentina estuvo en a la Corte de La Haya el 8 y 9 de junio. Fueron 17 los expertos que defendieron la posición Argentina en el conflicto que mantiene con Uruguay, y entre ellos, viajó el Ingeniero Elías Matta.
Argentina denuncia incumplimiento en el Estatuto del Río Uruguay. Este estatuto establece un mecanismo de consulta e información previa a cualquier decisión que competa con esta región, algo que de acuerdo a la presentación argentina Uruguay incumplió al permitir la instalación de ambas plantas sobre la margen oriental de ese río. "Con la información que tenemos sabemos lo suficiente para que en este momento Argentina tenga, en lo que La Haya se dijo, una duda razonable sobre la capacidad de contaminación de estas plantas que además son dos y están muy cerca una de otra", comentó Matta.
Como el tema puede tener sentencia recién en cuatro o cinco años, Argentina propuso que se disponga una medida cautelar o provisional para que se obligue a Uruguay a suspender todas las obras. Sobre este último pedido se espera una decisión el 15 de julio.