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“A 33 años de la más cruenta dictadura militar, es necesario retomar el debate sobre los distintos factores que contribuyeron al deterioro de nuestro país. El pueblo argentino fue privado de cualquier forma de participación o de influencia en la conducción de su destino y quedó sometido a los dictados de la autoridad de facto". Bajo este concepto fundamental, el Consejo Superior de la Universidad Nacional se pronunció en una declaratoria aprobada por sus integrantes durante su última sesión, a partir de una propuesta expuesta por representantes del claustro estudiantil.
El texto añade que “la violación sistemática de los derechos humanos se evidenció desde muchos lugares, pero principalmente desde el primer derecho humano: ‘el derecho a la vida’, desapariciones forzosas, muertes”.
Acerca de esa violación, la declaración indica que “se sigue produciendo aunque con otros medios, económicos y políticos difíciles de evidenciar y sumamente complicados de combatir, que generan inseguridad, pobreza, chicos con hambre y sin posibilidades de acceder a una educación digna, personas sin techo, índices de mortalidad que trepan a cifras alarmantes, todo esto es lo que forma parte del escenario que el país muestra cada día”.

Regresividad
En términos socio económicos, la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976 “rompió con el comportamiento que regía el funcionamiento de la sociedad argentina. El nuevo patrón de acumulación trajo aparejado un claro predominio del capital sobre el trabajo, que se expresa en una manifiesta regresividad de la distribución del ingreso y en un nivel de exclusión social poniendo de manifiesto retrocesos que no tienen antecedentes históricos en Argentina”.
“Estas tendencias fueron el resultado de la convergencia de un salto cualitativo en el nivel de explotación de los trabajadores, con una severa y sostenida expulsión de mano de obra que, al afectar a millones de asalariados, dio como resultado una inédita tasa de desocupación y subocupación”, esgrime la pronunciación.
Sobre el devenir de tales modificaciones impuestas “a sangre y fuego”, “resulta notablemente llamativo que las mismas se hayan consolidado a lo largo de los gobiernos constitucionales que le sucedieron desde 1983 hasta la actualidad, porque en esas condiciones la construcción de una nueva hegemonía tendría que haber implicado la inclusión económica y social de algunos sectores subalternos”.

Desafío
“A partir de 1976 se abandona la concepción de que el crecimiento económico y la inclusión social constituyen pilares básicos para superar los conflictos sociales,  para ser reemplazada por otra encaminada  a disciplinar y controlar a los sectores populares mediante la desindustrialización, la concentración del  ingreso represión. Que la economía haya sido parte de la doctrina de seguridad de un Estado terrorista, ayuda a entender por qué razón, luego de finalizado el período dictatorial, es la propia dinámica de la economía la que prolonga el terror en la sociedad y la que por vías de la inflación, el desempleo y la pobreza, instituye la coacción como mecanismo sistemático y permanente de disolución de la experiencia democrática”.
El debate sugerido postula entonces analizar “cómo, dónde y por qué desde hace 33 años de manera ininterrumpida se siguen violando los derechos humanos, se consolida la exclusión social, el desempleo y otros factores que no permiten asegurar el mínimo de condiciones dignas de vida”. Se trata de “un desafío que los jóvenes debemos asumir, tratando de buscar soluciones y una verdadera transformación que permita la inclusión económica y social de todos los habitantes y asegurar la libertad y dignidad de cada uno de nosotros”.

Nunca más
“Para las nuevas generaciones, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia –instituido el 24 de marzo-, debe significar la comprensión de que en nuestro pasado se aloja una tragedia que no puede volver a suceder. Entender que debemos educar nuestra memoria, recordar, preservar intangible lo sucedido, porque queremos un futuro que se haga cargo de ese pasado”.
Finalmente, el texto sostiene: “Exigir y reclamar, que es necesario mirar hacia atrás para denunciar un pasado que no queremos volver a vivir, que la justicia todavía debe dar respuesta por los actos cometidos en aquellas ocasiones, que hace a la consolidación de nuestra identidad nacional hace de este 24 de marzo un día de discusión y debate, de memoria y participación, de compromiso y responsabilidad.
Estamos convencidos que hoy –concluye-, es esta nuestra obligación para con la democracia, fortalecerla, mejorarla y llenarla de contenido: para que ‘nunca más’ haya otro Julio López, para que ‘nunca más’ miremos para el otro lado, para que ‘nunca más’ se censure el pensamiento. Para que en un país productor de alimentos no mueran chicos de hambre, para que ni el trabajo ni la vivienda sean un privilegio, para que la salud no sea un negocio y para que el derecho a la educación sea una realidad de todos”.