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La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe acordaron acondicionar el aula Mariano Moreno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) para que sea destinada a la capacitación y difusión del proceso de Reforma Procesal Penal implementada por Ley Nº 12.734 y para la práctica de juicios orales, en el marco de esta reforma.

En el acto de firma de convenio, realizado el lunes 24 de noviembre, estuvieron presentes el rector de la UNL, Albor Cantard, asistido por el decano de la FCJS, José Manuel Benvenuti y el titular de la cartera provincial, Héctor Superti.

Por otra parte, la UNL y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) acordaron con el Ministerio la puesta en práctica del programa de capacitación de operadores judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. El objetivo es que dichos operadores puedan, con una debida preparación, decidir por una mejor relación tiempo-calidad.

Trabajar por la “cuestión pública”

En este marco, Cantard destacó “la importancia de que todos los que estamos vinculados a la cuestión pública, nosotros como universidades nacionales y la Provincia, aunemos los esfuerzos para procurar realizar tareas que terminan siendo de beneficio para la sociedad en su conjunto”.

“Todos sabemos lo que a la Provincia le ha costado avanzar en la reforma del Código Procesal Penal y adecuar nuestro Código de Procedimientos a la realidad de la modernidad. En Santa Fe, tal vez muy tardíamente, se produjo la modificación de este Código y estas facultades tuvieron una participación importante”, manifestó el rector y remarcó que se trata de “una actividad que necesita de la práctica, de poder simular las audiencias orales, en un ámbito como el que se eligió”.

“Nos llena de orgullo y nos sentimos contentos de contribuir en la puesta en funcionamiento de este nuevo Código de Procedimiento”, fueron las palabras finales.

Capacitar y formar

Por su parte, el ministro de Justicia agradeció la colaboración de las dos universidades nacionales en el Consejo de la Magistratura y en la nueva capacitación y apuntó: “Estamos convencidos de que deben ser las universidades las que deben tomar un rol activo en esta función de capacitación. Siempre hemos defendido la pluralidad de ofertas formativas porque hace a la libertad de ideas y de abordajes de los problemas. La participación de la universidad pública nos garantiza recorrer el camino adecuado”.

“El aula no tendrá solamente un sentido práctico, en cuanto a los entrenamientos que se deben realizar en un ámbito que ofrezca las particularidades de una sala de audiencia en escala real, sino que también va a servir para que la comunidad empiece a vislumbrar el nuevo sistema”, destacó el funcionario.