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El Gobierno nacional abrió la paritaria ayer luego de dos años y presentó formalmente una propuesta de actualización salarial del 24.33% y aumentos para los gastos de funcionamiento de universidades nacionales y las becas estudiantiles. En ese marco se convinieron en acta general otros aspectos que refieren al presupuesto universitario. En tanto el Consejo Interuniversitario Nacional continúa sosteniendo su postura de exigir la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, que en paralelo continúa su curso en la Justicia.

“Celebro el encuentro de ayer pues es un paso importante, un camino de apertura de reconocer el retraso salarial del sector docente y no docente universitarios, los gastos de funcionamiento y las becas estudiantiles", aseguró la rectora de la UNL, Laura Tarabella. Pero remarcó que es necesario seguir bregando por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Lo que planteamos desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en mi rol como rectora de la UNL es la apertura al diálogo y que esos canales de conversación que se han habilitado puedan continuar en adelante. Ayer se produjo una reunión en la que hubo un acuerdo de las partes y lo más importante es que hay una convocatoria paritaria, porque mucho tiempo no sucedía", destacó Tarabella. En tanto que recordó "La Ley de Financiamiento Universitario sigue su camino en la justicia, continuamos bregando para que su cumplimiento se haga efectivo".

Recomposición salarial

Con la participación de la representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todas las entidades gremiales legalmente reconocidas y su aval mayoritario, la actualización salarial quedó ratificada en reunión paritaria. Contempla un incremento de la masa salarial del 24.33 % dispuesto de la siguiente forma: un incremento del 21.33 % en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026; y del 3 % en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. La paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre -y en adelante cada tres meses como máximo- y continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo con el INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024”.

Becas y gastos de funcionamiento

Al mismo tiempo, se dispuso un incremento del 20 % para los gastos de funcionamiento, del 50 % en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional a la prevista en el presupuesto 2026 para los hospitales universitarios.

“Esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”, aseguran las autoridades del CIN que vuelven a reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al respecto, la rectora Laura Tarabella aseguró que esta actualización “es para gastos de funcionamiento, servirá esencialmente para abrir la Universidad, para el mantenimiento y los servicios, lo cual no es menor, pero seguimos esperando la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario".

En tanto, Tarabella atribuyó este avance paritario a la persistencia de las recientes marchas y jornadas de visibilización: "La ciudadanía nos acompañó. El paso del tiempo no apagó el reclamo y el Gobierno entendió que evidentemente debía ocuparse del tema", señaló al tiempo que recordó que la Ley de Financiamiento Universitario sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia mediante una medida cautelar cuyo cumplimiento efectivo se continúa exigiendo. También apuntó que resta iniciar discusiones específicas para el Sistema Científico Tecnológico y el Conicet.

Compromiso de la comunidad universitaria

“La reapertura de la paritaria y una actualización salarial no alcanzada hasta el momento por ningún sector son una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria, de lo que hemos construido en el ámbito público, legislativo y judicial, pero de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos”, continúa el comunicado del CIN.

“Por eso, seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva. En defensa de las universidades públicas, sus trabajadores, sus estudiantes y de toda la sociedad argentina”, finaliza el documento.