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El Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), presentó hoy su tercer informe denominado “La reforma de la justicia penal. Las voces de los jueces”, producto de una de las líneas de trabajo que el Observatorio se dio desde su conformación en septiembre de 2014.

Sumándose a los dos trabajos anteriores realizados con las opiniones de defensores y fiscales, este tercer informe cierra una primera etapa del monitoreo desarrollado por el Observatorio, que se proponía monitorear las voces de los principales actores del Sistema de la Justicia Penal santafesina.

En esta tercera presentación, entre los meses de julio y septiembre de 2015 se entrevistó a los jueces del centro y el norte de la Provincia de Santa Fe (de las ciudades de Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Reconquista, Vera y Santa Fe), consultándoles sobre el proceso de implementación de la reforma de la justicia penal, la conformación de las nuevas estructuras institucionales, las prácticas cotidianas de los jueces, los problemas y obstáculos que enfrentan, y las percepciones y valoraciones más generales acerca de la cuestión criminal.

Según se detalle en el Informe, del total de 16 jueces entrevistados la mayor parte ha obtenido su título de grado en universidades públicas con sede en el territorio provincial, específicamente en la Universidad Nacional del Litoral (14). Sólo un entrevistado se ha graduado en una universidad privada. Una gran mayoría no ha completado ningún estudio de posgrado (11), mientras que cinco de los jueces se han especializado en temas relacionados con derecho penal y derecho procesal penal. La gran mayoría de estos magistrados (11) ha ocupado alguna posición en la justicia penal precedentemente, con una fuerte predominancia de personal que proviene de los anteriores juzgados de instrucción y correccionales. Sólo cinco jueces penales no han ocupado posiciones en la vieja justicia penal.

Principales conclusiones y balance

En el acto de presentación de este tercer informe, Máximo Sozzo, director del Observatorio, destacó que “en general, los jueces construyen una evaluación en términos positivos del funcionamiento de la nueva justicia penal, pero constantemente -como ya lo encontrábamos en los informes anteriores- y de un modo muy homogéneo se enfatiza la ausencia de recursos humanos como un déficit. Y esto, según los jueces, no tiene tanto que ver con los órganos jurisdiccionales sino con los otros actores de la justicia penal. O sea, a diferencia de lo que pasaba con Las Voces de los Defensores y los Fiscales que reflexionaban sobre sus propias estructuras organizativas, los jueces señalan como un problema la falta de recursos humanos en la defensa o en la fiscalía”.

Por otro lado, Sozzo explicó que los jueces ven también de manera positiva las relaciones entre las distintas instancias de los órganos jurisdiccionales. “Acá aparece algo muy interesante y que es señalado como realmente importante en las tres ciudades cabecera de las jurisdicciones que abarcamos –Santa Fe, Rafaela y Reconquista-, que se trata de la existencia de espacios periódicos de diálogo entre las instancias en los cuales se discuten cosas vinculadas al funcionamiento de la Justicia Penal”.

En este informe, los jueces entrevistados afirman que se consideran evidentemente capacitados para llevar adelante sus tareas. “Señalan una demanda más o menos insatisfecha de capacitación para cosas fundamentales de la nueva justicia penal, pero esa demanda es menos fuerte entre los jueces, que entre los fiscales y los defensores –quienes sentían una mayor necesidad de mecanismos de capacitación-. Incluso hay jueces que señalan como positivas algunas capacitaciones que se han venido llevando adelante desde las estructuras organizativas del Poder Judicial al respecto”, detalló Sozzo.

Si bien predomina entre los jueces una mirada optimista sobre el funcionamiento de la Justicia Penal, reconocen algunos obstáculos. “Además de la remarcada falta de recursos humanos y materiales, hay una mirada consensuada y que se repite en los entrevistados de los tres estamentos: tenemos un gran problema en la investigación policial, en las primeras fases luego de haber cometido un delito; a partir de lo cual los jueces ponen especial énfasis en la falta de capacitación del personal policial”.

Por último, y entre lo que se destacó en la presentación del tercer informe, “aparece un reclamo en las opiniones de bastantes magistrados, que insisten en la necesidad de sentirse más respaldados en su actuación para con la sociedad. Lo cual, en comparación con los defensores y fiscales, aparece entre los jueces mucho más marcadamente. Entre los jueces entrevistados se menciona cierta vulnerabilidad frente a la opinión pública y frente a los medios de comunicación, en función de que son ellos quienes toman las decisiones finales sobre privar o no de la libertad a una persona, ya sea con una medida cautelar o como una pena”, concluyó el director del Observatorio.