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El pasado jueves 13 de diciembre a la tarde sesionó el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral. El orden del día incluía el tratamiento de diversos temas, entre ellos el proyecto de optimización del funcionamiento de las cooperadoras de la UNL.
La sesión comenzó más tarde de lo previsto y tuvo un marco particular, ya que contó con la presencia de más de 300 personas, en su mayoría estudiantes que se oponían al tratamiento de dicho proyecto. Diversas agrupaciones estudiantiles de la UNL, así como miembros de otras organizaciones (HIJOS, juventud de CTA y ADUL), presionaron al Consejo Superior, con bombos, bombas, cánticos y algunas agresiones, para que no se discuta el tema, el cual lo asocian con el arancelamiento de la Universidad.
El primer pedido fue para que toda la tribuna pueda seguir el debate en el recinto, lo cual se autorizó a condición de garantizar el normal desarrollo de la sesión, que era permanentemente interrumpida. Incluso en un momento de tensión, se vivieron algunas escenas de violencia nunca vistas en estos largos años de democracia en la Universidad. Se arrojaron huevos al estrado y se escribieron graffitis en la sala, además de algunas amenazas, sin reparar en los daños que pudieran ocasionarse al edificio ni en el perjuicio que significa impedir el debate, que es precisamente la razón de ser del Consejo Superior como órgano de gobierno colegiado donde tienen representación todos los claustros universitarios: profesores, auxiliares docentes, graduados, no docentes y estudiantes.
Luego de numerosos intentos frustrados por continuar con el debate, se pasó a un cuarto intermedio de una hora porque no se podía ni siquiera escuchar las voces de los consejeros superiores, quienes presentaban distintas mociones de orden sobre el desarrollo de la sesión. El tiempo permitió calmar algunos ánimos por lo cual la sesión se reinició a las 18:30, momento en el cual se votó porque el proyecto de Cooperadoras siga su tratamiento en comisión.

Temas aprobados

La sesión continuó con el tratamiento de otros temas. Entre los proyectos que se destacan, se aprobó el Programa de Formación y Capacitación Laboral, que se propone desarrollar actividades de formación tecnológica y capacitación laboral de corta duración para individuos de escasos recursos y desempleados, especialmente jóvenes. Este Programa que dependerá de la Secretaría de Extensión, articulará las funciones antes asignadas a los Cursos Nocturnos y/o Cursos de Capacitación Popular de la Facultad de Ingeniería Química, y una Comisión Asesora integrada por decanos de diferentes unidades académicas definirá el plan de actividades para los años 2002-2003.
Además, el Consejo Superior aprobó la iniciativa E-learning para educación a distancia por Internet, que tiene como objetivo “el abordaje de estrategias educativas novedosas aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Esta iniciativa asume la temática de una manera compleja incorporando todos los aspectos y dimensiones que componen la toma de decisiones, el diseño y la implementación de las propuestas educativas a distancia. “El desafío es considerar desde el inicio la condición de las propuestas a distancia como pedagógicas y comunicacionales mediadas por la incorporación y la utilización intensiva de Internet y otros recursos multimediales”, sostiene el Proyecto que puede consultarse en www.unl.edu.ar/pdi.
Por otra parte, se crearon las carreras a término correspondientes al ciclo de Licenciatura en Español como Lengua Extranjera y de Investigación Educativa, destinados a graduados con títulos terciarios. Asimismo, se aprobaron numerosos proyectos de investigación en el marco del CAID y la reglamentación para instalación, uso y registro de software, así como otros proyectos vinculados con la optimización de recursos de la Universidad.

El proyecto de Cooperadoras

El Proyecto de Cooperadoras Solidarias plantea promover y optimizar el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras y Fundaciones que actualmente funcionan en las distintas unidades académicas. Entre los fundamentos se sostiene que “en el marco de la actual crisis económica se plantea no sólo la necesidad de sostener y defender la igualdad de oportunidades para todos aquellos que deseen acceder a la educación superior, sino principalmente, la conveniencia de concebir modalidades complementarias de financiamiento universitario, que permitan a la Universidad educar a cada vez mayor cantidad de ciudadanos con calidad y excelencia”.
El Proyecto menciona que “las actuales circunstancias requieren del esfuerzo de todos para fortalecer la Universidad Pública reafirmando el ideal de la igualdad de oportunidades”, y por eso, el Proyecto apela “al esfuerzo y compromiso solidario de estudiantes, docentes, graduados, no docentes y el conjunto de la sociedad para hacerlo posible”. Precisamente, éste ha sido uno de los ejes de debate que el Ing. Mario Barletta instaló durante el proceso electoral que finalizó la semana pasada.
Asimismo, corresponde señalar que el proyecto remite al Plan de Desarrollo Institucional aprobado en marzo de 2000, donde se acordó “promocionar por un lado el acceso a fuentes complementarias y diversificadas de recursos sin que ello signifique desconocer que el Estado es la fuente principal e indelegable de financiamiento universitario, y por el otro, reafirmar el compromiso con las organizaciones estudiantiles y docentes en el fortalecimiento de las Cooperadoras para financiar planes específicos, especialmente aquellos destinados a la asistencialidad estudiantil”.
Si bien las asociaciones cooperadoras funcionan en la mayoría de las Facultades desde hace varios años, el Proyecto plantea la realización de acuerdos para optimizar su funcionamiento, en los cuales la Universidad se compromete a promover la asociación a las cooperadoras y éstas a donar el 50% de lo recaudado para financiar programas asistenciales, como becas de ayuda económica para los propios estudiantes de la Universidad, y para el mejoramiento de la enseñanza de grado. De esta manera, se podrán poner en funcionamiento los mecanismos administrativos necesarios a los efectos de promover el aporte solidario de los asociados y hacer efectivo el cobro, que se estipula podrá ser de 7, 10 o 15 pesos a opción del alumno.
Asimismo, quedan estipulados los sistemas de información y rendición de cuentas que deberá implementar la Cooperadora y la Universidad, con relación al uso de los fondos que se recauden.