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Pasado el mediodía del martes 23 de junio, los integrantes del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Públicas visitaron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro Julio Alak.

En el marco del Congreso de Actualización del Código Civil y Comercial de la Nación organizado por el ejecutivo nacional en el Museo del Bicentenario de la ciudad de Buenos Aires, los decanos de distintas facultades de derecho del país participaron de las actividades propuestas y luego mantuvieron una reunión en el Ministerio de Justicia.

Entre quienes asistieron al encuentro convocado por el Consejo de Decanos, estuvieron presentes Javier Aga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL y presidente pro tempore del Consejo; Marcelo Vedrovnik y Alfredo Soto de la Universidad Nacional de Rosario, Andrés Bouzat y Pamela Tolosa de la Universidad Nacional del Sur; Claudia Pacheco de la Universidad Nacional de Catamarca; Laura Giosa de la Universidad Nacional del Centro; Alejandra Basan de la Universidad Nacional de San Juan; Gloria Trocello de la Universidad Nacional de San Luis; Juan Manuel Otero, Fernando Barrio y Anselmo Torres de la Universidad Nacional de Río Negro; Giselle Javurek de la Universidad Nacional de Chilecito; Verónica Torres de la Universidad Nacional del Noreste; Luis Busnelli de la Universidad Nacional de La Matanza; y María Fernanda Vázquez de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En la reunión se abordaron dos temas centrales, por un lado el Nuevo Código Civil y Comercial y su abordaje dentro de las facultades de derecho nacionales, y en segundo lugar la creación de observatorios jurídicos dentro de las unidades académicas.

En cuanto a lo conversado, el decano y presidente del Consejo, Javier Aga destacó que “el encuentro fue más que positivo porque pudimos abordar varias cuestiones que nos aquejan a las Facultades y sobre las cuales el ministro  Julio Alak se manifestó muy predispuesto a trabajar. Fundamentalmente abordamos dos temáticas, una vinculada al impacto del Código Civil y Comercial de la Nación pronto a regir en el interior de las unidades académicas, y dentro de este punto la preocupación por el acceso al material de estudio por parte de los estudiantes y a los docentes, ya que los costos son muy altos y se dificulta el acceso al material de las editoriales jurídicas privadas que están trabajando el Nuevo Código”.

Como respuesta a esto, desde el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos de la Nación se enviará un número importante de ejemplares del Nuevo Código Civil Comentado para los docentes y para que estén a disposición de los estudiantes en las bibliotecas de las Facultades que integran el Consejo.

El segundo tema conversado, que también contó con el compromiso y el apoyo del Dr. Alak, se basó en la construcción de observatorios jurídicos radicados en las facultades de derecho y destinados a investigar en áreas relacionadas con el acceso a la  justicia. “La idea es poder producir datos empíricos fieles respecto de alguna temática en particular de la ciudad o la región en donde se encuentran dichas unidades académicas. Pensamos en temas como violencia de género, violencia en la niñez, y sobre todo en los inconvenientes que sufren los sectores más vulnerables para acceder a la justicia. Esto es muy importante porque fijamos la necesidad de producir datos empíricos pero también de tener una política a largo plazo para que estos observatorios puedan informar al Ministerio de Justicia de la Nación cómo se está desarrollando una problemática en particular pero monitoreada en distintos puntos del país”, señaló Aga.

Con respecto a este aspecto, el Consejo y el Ministerio de Justicia trabajarán en la elaboración de un programa que reglamente la creación de los observatorios jurídicos de acceso a la justicia en las facultades, que podrá contar con el apoyo institucional y el financiamiento por parte del Ministerio. Además, durante la reunión también surgieron otros aspectos como por ejemplo la posibilidad de contar dentro del espacio físico de las facultades de Derecho, con salas que permitan simular un juicio para que los estudiantes puedan realizar prácticas.

“Fue una reunión muy importante que fortalece el vínculo que venimos trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hace varios años a través de Infojus. Así que estamos muy agradecidos y nos pondremos a trabajar de inmediato en las propuestas que surgieron el día de hoy. Tenemos el compromiso como universidades públicas de articular todo nuestro trabajo diario con los organismos nacionales y provinciales. Esto es fundamental y muy necesario, cuestión que no siempre se ha dado, y en ese sentido hay que reivindicarlo y agradecer esta vinculación que el Consejo de Decanos no pretende enfriar sino todo lo contrario: seguir creciendo con estas políticas de articulación”, concluyó Aga.

Un Consejo activo

Este Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidad Públicas fue creado el 2 de junio del año 1992 con el objetivo de que tal espacio permitiera acordar medidas que tendiesen a uniformar respuestas frente a los problemas comunes, en un marco de respeto por las particularidades de cada Casa de Estudios integrante, en el entendimiento de que la coordinación de esfuerzos contribuiría al enriquecimiento de sus políticas académicas y por ende al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la investigación en Ciencias Jurídicas.

El pasado 9 de abril, Javier Aga, decano de la FCJS, asumió la pro tempore del Consejo, que tendrá a su cargo hasta el próximo encuentro a desarrollarse en el mes de octubre.

Desde su asunción, Aga, siempre destaca que “lo más interesante es poder consensuar una agenda de política institucional entre todos, que involucre el fortalecimiento de vínculos con los ámbitos que cuentan con políticas vinculadas a las facultades de derecho, como lo hemos venido haciendo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como intentaremos realizarlo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología,  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el CONICET”.