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El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral aprobó el pasado jueves 14 del corriente la distribución del Presupuesto 2002, según lo estipulado por la Ley Nacional de Presupuesto, que otorga a esta institución 44 millones de pesos (casi un millón menos que en 2001).
Sin embargo, durante la sesión se resaltó en diversas oportunidades que ésta es una discusión “virtual”, ya que el Estado Nacional no envía los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento desde octubre del 2001. “Es necesario que establezcamos el marco normativo de nuestro presupuesto anual, para habilitar la liquidación de los fondos apenas ingresen a las arcas de la universidad, pero no tenemos que perder de vista que en realidad todo lo que se proyecta se hace en el vacío si el propio Estado nacional no cumple con la Ley”, resaltaron los consejeros.
Como explicó la Secretaria Económica-Financiera de la UNL, Silvia Valeri de Recce, lo que el Estado está enviando “es solamente una cuota equiparada a la partida de personal con el recorte del 13%, correspondiente al mes de noviembre del año pasado”.

Discusión

El proyecto estuvo en discusión durante más de un mes en todas las comisiones y la sesión se extendió hasta las 22:00 y contó con la presencia de estudiantes y algunos docentes, lo cual refleja claramente la preocupación de los universitarios por la decisión a tomar. Cabe tener en cuenta además la rigidez de la estructura presupuestaria, donde más del 90% de los fondos están destinados al pago de sueldos del personal y el resto es lo que se distribuye para el pago de los servicios básicos, el funcionamiento de la administración central y las unidades académicas, los gastos comunes y los proyectados por diversos programas de fomento de la investigación, la docencia y la extensión.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Presidente de la Comisión de Hacienda, CPN Hugo Rodríguez Jáuregui, explicó con mucha claridad la particular situación: “Acá nos encontramos con un presupuesto que es inferior al del año pasado, con lo cual no podemos discutir dónde proyectar un crecimiento institucional sino dónde recortar. Pero con el agravante de que tenemos un contexto de inflación, que es un factor importante de erosión presupuestaria e implica una reducción en términos reales”. Además, señaló los perjuicios que trae aparejado el envío tardío de las partidas desde la Nación, porque eso “antes significaba a lo sumo un problema financiero pero ahora no: significa mayor restricción en los gastos“. Y el presupuesto no cuenta con una hipótesis inflacionaria, al igual que los salarios.
A pesar de estas limitaciones, Rodríguez Jáuregui destacó la necesidad de aprobar el presupuesto: “Aún sabiendo que las partidas son importes nominales, que no hay hipótesis inflacionaria y que no hay fecha de envío de los fondos, es necesario aprobar una distribución presupuestaria, porque es el marco indispensable para ordenar la gestión de la universidad y tomar las decisiones más acertadas”.
Luego de numerosas intervenciones, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría, salvo por 4 consejeros que manifestaron no poseer información suficiente para un adecuado tratamiento.

Prioridades y recursos complementarios

En este contexto, la discusión más importante va a ser la definición de prioridades, para decidir qué se hace con el dinero que va llegando de a poco desde la Nación: “Á‚¿qué vamos a mantener y qué vamos a dejar caer?”, repetían distintos consejeros, quienes enfatizaron la necesidad de iniciar con tiempo la discusión del 2003, poniendo el acento en “parámetros de comparación de la forma en que se distribuyen los fondos entre las unidades académicas en relación con las características de cada disciplina” –según plantearon dos decanos– o en “qué universidad queremos construir” –como sostuvieron los estudiantes. Sin dudas, esta discusión llevará a una actitud de “mirar para adentro” con vistas a redefinir las políticas de desarrollo institucional.
Además, se insistió en continuar con el permanente reclamo al gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Presupuesto, siendo la educación una responsabilidad indelegable del Estado, y se reiteró la necesidad de profundizar los mecanismos de generación de recursos complementarios para financiar la educación universitaria.

Ahorros y Proyectos

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Superior, la UNL ha tomado una serie de medidas que le están permitiendo generar un ahorro en los gastos de servicios básicos (electricidad, agua, teléfono) además de haber reducido el número de Secretarías del Rectorado y el pago de alquileres, a raíz de un cambio en la Escuela de Alimentos de Reconquista. En los últimos 4 años ha habido una disminución del 40% de los gastos de funcionamiento de la estructura central y se está proyectando iniciar acciones que tiendan a equilibrar los presupuestos destinados a las distintas unidades académicas.
En cuanto a los Programas comunes, la UNL destinaría sus mayores esfuerzos a la investigación a través de los Cursos de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAID), la formación de recursos humanos en Investigación y Formación Docente y el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Por otra parte, una cifra importante estaría dirigida a las diferentes Becas y al mantenimiento edilicio. La educación a distancia, los proyectos de extensión de interés social y el fortalecimiento de las bibliotecas son los siguientes rubros destacados.
Además, se prevé el financiamiento de los programas de Transformación curricular, Informatización, Análisis Institucional, Programa de Ingreso, Difusión cultural, Movilidad académica e Intercambio internacional. El resto de los Programas que lleva adelante la Universidad en el marco del Plan de Desarrollo Institucional serán financiados con fondos del propio producido por servicios a terceros, venta de publicaciones, y otras actividades.