Barletta fue elegido Rector
El porvenir de la Universidad Nacional del Litoral
Martes 11 de diciembre de 2001
Documento completo de la propuesta del Ing. Mario Barletta para el 2002 - 2006 como Rector de la Universidad Nacional del Litoral.
En oportunidad de celebrarse el segundo Congreso Científico Panamericano en la ciudad de Washington en 1916, José Ingenieros escribe un texto publicado posteriormente con el título La Universidad del Porvenir, sentando las bases sobre las que crecerá el ideario de la Universidad Reformista, a partir de una nueva concepción de la función de la ciencia en el desarrollo de las sociedades, de una reformulación del gobierno universitario –hasta ese momento una prolongación del poder estatal en los claustros– y de la autonomía académica e institucional.
Más tarde serán los estudiantes del ’18 los encargados de empujar decididamente los límites que imponía la realidad social del momento tratando de hacer posible una nueva organización universitaria que siguiera ese ideario progresista y transformador. Como diría oportunamente Deodoro Roca, en su discurso de clausura del Congreso de Estudiantes de Córdoba: “Por vuestros pensamientos pasa, silencioso casi, el porvenir de la civilización del país”.
La “universidad del porvenir” establecía entonces una relación entre democratización, saber y sociedad que contrasta marcadamente con la que se manifiesta en las políticas tecnocráticas de reforma de la Educación Superior en los últimos años.
El impulso reformista, democratizador y progresista de la normalización universitaria –que enmarcado en esa misma tradición irrumpió con el proceso de transición a la democracia en el país– fue interrumpido en los noventa con políticas que, con diferentes estilos, intentaron modelar una Universidad restrictiva, competitiva e inserta en un verdadero “mercado” de la educación superior. Es decir que, de acuerdo con una línea de pensamiento que era a su vez coherente con el modelo de sociedad que comenzaba a cristalizar, se intentó aplicar a la Educación Superior los principios de la libre competencia económica (y social) entre instituciones e individuos, asignando al Estado sólo un papel de evaluador y monitor de dicha competencia.
Estas situaciones sacuden a la identidad universitaria, que llega a confundirse con la de una escuela de profesionales cuya función se centra en satisfacer las cambiantes demandas del mercado. Esto acarrea la formación de seres unidimensionales, incapaces de enfrentar el pensamiento complejo, de contextualizar y de globalizar.
La primera reacción legítima es la resistencia frente a la propuesta privatista, a la reconversión al ethos empresarial y a la privación de nuestra historia. Pero no alcanza con la mera resitencia: el cambio es un futuro que llegó y que no podemos eludir a la manera del nostálgico neurótico, actuando por compulsión a la repetición. Somos los universitarios quienes debemos imponer la lógica del cambio, asumiendo nuevos modos de responsabilidad, desde la autonomía y la diferencia. Debemos instalar una innovada agenda para la Universidad. No debemos responder a la coyuntura con el reflejo privatista y elitista, sino tener la valentía de preguntarnos hoy por el mañana. Y en todo el proceso: planificar y analizar participativamente, comunicar e informar sobre lo que hacemos, jerarquizar nuestros recursos humanos, todo ello mientras emitimos señales de una efectiva transformación.
La exigencia por asumir actitudes responsables como verdaderos sujetos universitarios nos tiene que llevar a abandonar los perimidos posicionamientos defensivos, las actitudes de conformismo resignado o de aceptación acrítica del estado de cosas vigente. Se hace imprescindible pensar una universidad distinta, recuperando ciertos principios históricos y filosóficos, reconceptualizándolos en relación con los nuevos desafíos vinculados al conocimiento, al derecho a su acceso y a su legitimación en la vinculación con las necesidades de la sociedad.
Debemos estar muy atentos a las oportunidades y amenazas que nos proporciona el contexto y ser verdaderamente conscientes de nuestras debilidades. Pero a la vez, sentirnos estimulados por el grado de consenso que se ha alcanzado alrededor de los principales aspectos temáticos a modificar, mantener o potenciar. La comunidad de nuestra universidad ha consolidado un Plan de Desarrollo Institucional que plantea acciones a corto, mediano y largo plazo, y que está posibilitando la proyección de nuestra institución.
Ocuparnos del “porvenir de la Universidad Nacional del Litoral”, actualizando los términos de José Ingenieros, es no solamente responder a un imperativo de la época sino apelar a la propia génesis de nuestra institución para encontrar las claves de su futuro.
El contexto que describía el PDI, caracterizado por la revolución tecnológica, los fenómenos de globalización, la creciente exclusión social, la crisis de los estados (dramáticamente el caso argentino), y los desafíos de la educación superior, se ha consolidado fuertemente. La Universidad está inserta en un mundo atravesado por profundos y complejos cambios que son producto de procesos de globalización, fuerte desarrollo de la ciencia y la tecnología, mutaciones en los paradigmas productivos y en las relaciones sociales.
Los problemas emergentes como consecuencia de estos cambios continúan interpelando a la universidad. De un lado, las transformaciones tecnológicas que requieren de innovaciones para atender demandas inéditas de formación de profesionales y de producción de conocimiento y, por otro lado, los elevados índices de desocupación que acentúan las diferencias sociales y vulneran el nivel de vida de importantes sectores de la población.
Hemos señalado otras veces que la grave situación que vive nuestro país en particular es producto y herencia de un modelo económico y social que, aun con variaciones y algunas contramarchas, es hegemónico desde hace un cuarto de siglo. Esta estrategia, implementada con mayor profundidad y ortodoxia en la última década, deja como saldo una sostenida tendencia al estancamiento del producto y el estrangulamiento financiero externo, sumado al aumento explosivo del desempleo, la pobreza y la marginación. El modelo se implantó, según sus operadores y entre otros argumentos, para corregir las fallas de un estado económicamente opresor de las fuerzas virtuosas del mercado y para incorporar a la Argentina al proceso de globalización. Pero el achicamiento del estado y su subordinación a intereses sectoriales redujo notablemente su capacidad de regular el proceso económico y social en condiciones en que el mercado no puede reemplazarlo.
La peculiar perspectiva de la globalización, que sustenta las políticas aplicadas en los últimos lustros, ha llevado a hacer depender más y más la economía argentina de las fuerzas especulativas locales y externas, para beneficio de los agentes financieros, las corporaciones multinacionales y los sectores internos vinculados con ellos. La globalización es un dato de la realidad, pero su presencia no implica que no haya márgenes para políticas de desarrollo en el ejercicio responsable del poder de decisión nacional. Una democracia genuina es aquella en la que los fenómenos del mercado se acotan y encauzan con la participación ciudadana, y los objetivos últimos de una política económica con sentido social deben basarse en el incremento sostenido de la riqueza nacional y la tendencia a la equidad en su distribución.
En este contexto económico, las políticas educativas en los últimos años no tuvieron diferente suerte. La desinversión en desarrollo humano, especialmente salud y educación, ha sido notoria; especialmente en educación. En la Argentina, ha habido simplemente escasez de recursos para educación y no sólo una utilización ineficiente de los recursos asignados. Pero, pese a ello, nuestro país, que se destacó en el pasado en el concierto de Latinoamérica precisamente por sus logros en esta materia, todavía puede aprovechar la “ventaja comparativa”, la fortaleza que significa la formación de nuestros ciudadanos.
Es necesario alertar, además, que es desde las mismas posiciones ideológicas conservadoras y reaccionarias que sustentaron estas políticas económicas desde donde se cuestionó la democracia en los años setenta, se atacó al Estado en los ochenta y, hoy, se ataca a la política. El precio que pagamos los argentinos fue muy caro: la clausura de la democracia y, con ella, la pérdida de derechos y libertades, el achicamiento y deserción del Estado y, como consecuencia, la pérdida de redes de contención social y herramientas para desarrollar políticas públicas. Estos sectores han puesto hoy en el blanco a la política, y haber aprendido la lección implica comprender que la respuesta no es menos política sino mejor política, no menos Estado sino un mejor Estado, no menos democracia sino una democracia de mejor calidad.
A pesar de todo lo dicho, somos conscientes de que la debilidad del Estado Nacional y, como producto de ello, la estrechez de los presupuestos del Tesoro Nacional para el sistema universitario, constituyen una situación estructural que no se revertirá en el corto plazo. Y somos conscientes también de que la necesidad de más y mejor educación, de más y mejor investigación, de más y mejor extensión no puede dilatarse a la espera de un contexto nacional más favorable.
Por ello creemos que debemos darnos una doble estrategia para reforzar las posibilidades de éxito de la Universidad Pública en el cumplimiento de su misión: por un lado hacia afuera de la institución, reforzando su relación con los Gobiernos Locales –provincial y municipales– y con las empresas de nuestra región; y, por otro, hacia su interior, apelando a la solidaridad de sus estudiantes y graduados.
Esta estrategia de reforzar nuestros lazos con la sociedad civil y la región que nos da sentido debe ser una ofensiva para evitar las opciones privatistas y para ratificar que la idea misma de Universidad es inseparable de la vocación de formar personas con una visión del mundo capaz de culturizar la contemporaneidad. La Universidad no debe convertirse en una máquina productora o en una empresa en aras, solamente, de atender las diversas presiones del contexto. Seguimos convencidos de que la Universidad continúa siendo, quizá, el único lugar donde todavía, por encima de otros intereses, se privilegia a la “idea”.
Los programas y las acciones se articulan en función de seis ejes o lineamientos que son la imagen-objetivo de nuestra institución:
- Educar ciudadanos libres y aptos para integrarse a una sociedad democrática, con el más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de saberes científicos, técnicos, humanísticos y culturales.
- Promover una búsqueda permanente de ampliación de las fronteras del conocimiento, en un adecuado equilibrio entre la investigación fundamental y la aplicada para beneficio de toda la sociedad.
- Interactuar con el Sector Productivo y el Estado, generando el ambiente propicio para los procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la región.
- Protagonizar la construcción de una región socialmente inclusiva, en la cual el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente.
- Proporcionar a la propia comunidad universitaria las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.
- Definir y gestionar el Proyecto Institucional desde los cuerpos colegiados de gobierno, en el ejercicio pleno de su autonomía.
Y la misión que los orientó fue –y sigue siendo– el mejoramiento de la calidad. Calidad asociada indefectiblemente al rol de una Universidad comprometida con los valores de la educación pública. Calidad en la producción académica, científica y cultural de la Universidad, que no es otra cosa que promover la lógica misma del conocimiento científico, al tener plena conciencia de que se está proporcionando a la sociedad medios cada vez más eficaces para mejorar su calidad de vida y para propiciar las transformaciones que el mundo requiere.
El Plan de Desarrollo Institucional representa un proyecto colectivo y global de la Universidad y la gestión, con ejes multisectoriales orientadores del desarrollo, y debe continuar siendo, como lo fue hasta el momento, un espacio de acuerdos, promoción y movilización de toda la comunidad.
Por lo tanto, podemos afirmar con certeza que los próximos años estarán guiados por los mismos criterios generales que orientaron al PDI, ya que los mismos fueron planteados para mantener cierta permanencia en el tiempo: potenciar los órganos colegiados de gobierno, conformar un instrumento de gestión, respetar la idiosincrasia e historia institucional, generar las condiciones para progresar en la creación, transmisión y apropiación del saber, respetar el estilo de trabajo científico, institucionalizar espacios para la planificación de acciones y dar lugar a la información institucional precisa, transparente y actualizada para la toma de decisiones.
A estos criterios orientadores, que fueron la guía en estos últimos años del accionar institucional, tenemos la obligación de potenciarlos para generar una “Universidad permanentemente innovadora”, capaz de desarrollar acciones deliberadas para modificar su postura organizacional y, así, mediante cambios acumulativos e incrementales, superar el desbalance entre demandas externas y capacidades internas de respuesta.
Pero debemos ser prudentes. Impulsar una transformación en las formas de organización y gobierno de la UNL no puede circunscribirse a una discusión acerca de posibles alternativas de técnicas de gerencia o administración que hagan más eficiente el logro de sus objetivos. Así como tampoco se los puede repensar a partir de su asimilación a una “organización empresaria”, donde se diluirían no sólo los particulares mecanismos de estructuración del poder y toma de decisiones de la universidad, sino también todo aquello que tiene que ver con la complejidad y diversidad del mundo académico y disciplinar; o a la “burocracia estatal” (que por otro lado es la más común en las sociedades occidentales), ya que devendría en una organización que se reproduciría con exclusividad a través del universo de las disposiciones y criterios de autoridad que se derivan del reglamento y la jerarquía de tipo weberiano.
Ambos modelos no estarían reflejando las particularidades académicas e institucionales que conviven en el interior de la UNL, aspectos esenciales al momento de analizar alternativas y definir políticas de transformación. Tratar de entender la organización universitaria y el proceso de toma de decisiones en los espacios de gobierno y gestión, ya sea para reforzarlos o modificarlos, implica captar sus rasgos específicos, aquellos que los definen y diferencian de otras organizaciones.
La complejidad de la organización universitaria parte del hecho de que en su interior conviven una gran diversidad de lógicas, motivaciones e intereses, como también de demandas y presiones generadas desde el contexto. Asimismo, se constituyen diversos espacios relativamente independientes, concebidos como estructuras de oportunidades y circuitos institucionalmente configurados con formas organizativas propias que conformarán redes de fronteras difusas. Existen coincidencias en calificar al modelo organizacional universitario como “anárquicamente organizado”, como producto de la disolución de los objetivos en la multiplicación de funciones, de la capacidad que tienen las demandas introducidas por los diversos actores para reorientar la toma de decisiones y el resultado de los procesos educativos, de la autonomía que demandan los profesionales que protagonizan la vida universitaria; o bien como “débilmente acoplado”, en el que el tipo de relaciones que prevalece es esencialmente horizontal y los ámbitos que lo componen son interdependientes unos de otros, pero con identidad propia y cierta evidencia de separación lógica y física, y donde la interacción es circunstancial y bastante débil en sus efectos mutuos.
Sin embargo, estas condiciones estructurales que hablan de la particularidad de la organización universitaria, y que deben ser especialmente tenidas en cuenta, no pueden conspirar con la necesidad de articular procesos globales de transformación con estrategias de gradualidad y de generación de consensos que sean capaces de reinstalar la promoción de la comunicación, el diálogo de diversidades y de circuitos académicos para fomentar el desarrollo común y sostenido.
El escenario de debate y discusión privilegiado de estas transformaciones deberá ser el Consejo Superior: la forma colegiada de gobierno que, a partir de la participación democrática de los claustros, se conforma como el espacio central de la representación de la pluralidad, de la negociación y del diálogo de la diversidad institucional y, en última instancia, de la garantía en la relación de autonomía ante el Estado y ante otros organismos sociales. Poner el acento en este espacio es apostar a la consolidación de la legitimidad de un poder democrático, participativo y académico.
La legitimidad del poder (por oposición a todo medio de coerción arbitraria) es el recurso que permite que se acepten las decisiones por estar bien fundadas y al servicio del bien común, y, en la Universidad, es ejercido por el Honorable Consejo Superior y sus autoridades. Debemos maximizar este poder adaptando los recursos de los cuales dispone y el empleo de los mismos, mediante estrategias adecuadas para la consecución de objetivos fijados autónomamente.
Una política innovadora debatida e impulsada desde estos espacios, entonces, deberá ser capaz de modificar las formas académicas (que abarcan el grado y el posgrado, la investigación y la extensión al medio) de una estructura que ha crecido y se ha desarrollado en grandes dimensiones, pero con graves problemas de interacción y transversalidad en los saberes, con recorridos unívocos y donde la parcialidad y el deseo de autosuficiencia triunfó frente al de proyectar una nueva Universidad; impulsar una nueva organización administrativa y de gestión que quiebre el encierro y ensimismamiento en sus problemas particulares, con rigideces en su accionar y sin visión de la integralidad; conciliar armónicamente la capacidad instalada en recursos, equipamientos y espacio físico que, por estar feudalizados y subutilizados, pierden su potencialidad y posibilidades de desarrollo.
La consecuencias de estas transformaciones seguramente promoverán una Universidad con mayor excelencia y calidad, con recursos humanos formados para insertarse con mayor idoneidad en un mercado laboral cambiante, con capacidad de diversificar los recorridos curriculares para generar nuevas ofertas de grado y posgrado, con nuevas líneas de investigación y desarrollo, y con mayor capacidad para la resolución de los problemas sociales.
A los efectos de ordenar su lectura y análisis, estos tópicos fueron estructurados como “Políticas de la UNL”. Esta estrategia metodológica dista mucho de procurar la comprensión de una problemática de por sí compleja en forma fragmentaria; su fundamento está dado en la necesidad de posibilitar un abordaje ordenado y sistematizado de una realidad que detenta las características de complejidad aludida. Así, el reconocimiento y la comprensión global de la problemática que se intenta analizar se procurará tan sólo cuando el conjunto de lecturas sea integrado, construyendo de este modo una visión holística del fenómeno en estudio: la Universidad Nacional del Litoral.
El optimismo inicial con el cual se analizaron las consecuencias sociales del nuevo papel del conocimiento ha desaparecido. Las potencialidades democráticas del uso intensivo de conocimientos pueden no resultar tales. Las tendencias al aumento de la desigualdad y de la exclusión social indican que una sociedad y una economía basadas en el uso intensivo de conocimientos pueden llegar a ser mucho más inequitativas que una sociedad y una economía basadas en el uso de otros factores. Por lo tanto, el papel de las Universidades en tanto instituciones responsables de producir y de distribuir conocimientos deber ser analizado en el marco de estas transformaciones globales, así como y principalmente, todos los problemas relativos al acceso al conocimiento.
El debate acerca del acceso al conocimiento no se restringe a un momento en particular, el paso del nivel medio al superior, sino que es abordado por gran parte de la literatura actual desde tres lugares: el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida (educación continua), la democratización del acceso a todos los niveles del conocimiento (igualdad de oportunidades) y el acceso al conocimiento a partir de las nuevas tecnologías de la información (educación asistida).
Mucho habría por decir de cada aspecto, pero lo que solamente interesa señalar es la multidimensionalidad de la discusión y la complejidad que adquiere cuando es combinada con el cada vez menor presupuesto que se destina a la educación en general y a la educación superior en particular. Éstos no son detalles menores en un escenario que obliga a la Universidad a buscar caminos alternativos a los tradicionalmente arbitrados para la formación de recursos humanos y la actualización permanente de los mismos. Las demandas que hasta hace pocos años se restringían al sector postsecundario y profesional hoy se han expandido a todos los sectores del campo socio-productivo, acrecentando la expectativa social en torno no sólo a la educación universitaria sino también a la educación terciaria y técnica, la formación para el trabajo, la capacitación docente, la especialización posprofesional y la formación de posgrado.
En cualquiera de estos casos nadie puede desconocer el papel central que debe desempeñar la Universidad a través de su capacidad para educar, investigar y transferir conocimientos y tecnología. Así como tampoco, nadie puede desconocer los condicionantes que limitaron (y limitan) un efectivo y extensivo accionar de la Universidad en las últimas décadas. Los continuos recortes presupuestarios que se perpetraron sobre la Educación en general y sobre la Universidad Pública en particular, y la exorbitante expansión del denominado “mercado académico” a partir de la proliferación de instituciones de dudoso prestigio y con ofertas de muy baja calidad y sin ningún tipo de control, han reducido considerablemente el espacio de la educación pública y, por consiguiente, las posibilidades de propagación de los valores intrínsecos a la misma.
La exigencia de formación universitaria comienza a instalarse cada vez con mayor fuerza dentro de los requisitos de admisibilidad laboral, lo que hace posible hipotetizar que la demanda por formación será mayor en los próximos años, como también será mayor la brecha entre quienes hayan accedido a un grado de formación universitaria y quienes no. Y éste es el desafío central y una de las funciones sociales principales de la Universidad: educar con calidad y excelencia a un número cada vez mayor de ciudadanos. Y además, cada vez deberemos hacerlo con recursos presupuestarios más escasos.
Si bien es cierto que la restricción del ingreso está asociada a prácticas de selectividad social que constituyen un modo de garantizar la exclusividad educativa para determinados sectores, no se ignora que la misma puede adoptar distintas formas y aun enmascararse detrás de posiciones “democratistas”. En el otro extremo, no es menos cierto que el ingreso directo no necesariamente supone una mayor democratización de la educación, ya que la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores entraña puntos de partida desiguales y, por lo tanto, desiguales posibilidades de “éxito”.
Una tercera postura que nos permitió salir de esta contradicción es la de sostener una concepción más amplia de la igualdad de oportunidades; y esto nos llevó, como Universidad, a generar acciones que impulsen la igualdad de posibilidades a los ingresantes en la adquisición de los saberes y competencias, reconociendo la heterogeneidad en el acceso a los estudios de grado.
En este sentido, la tensión supuesta entre “cantidad”y “calidad” se diluye a partir de lo expuesto, y toma su lugar, como problema, el reconocimiento de la “heterogeneidad” en la población que accede a la Universidad y su tratamiento institucional. La heterogeneidad (cognitiva, social, cultural, etc.) no es en sí misma problemática; implica el reconocimiento (hasta ahora no explicitado) de formaciones diversas anteriores a la entrada en la educación superior. A pesar de esa diversidad hay un común denominador que se ha acentuado en los últimos años: la distancia entre los requerimientos disciplinares universitarios (contenidos, competencias y hábitos de estudios) y los saberes adquiridos en el nivel anterior. Implícitamente, este dato era abordado como una carencia a superar mediante diferentes mecanismos de homogeneización, sin aceptar la revisión de las propuestas educativas del primer año a la luz de este nuevo escenario socio-educativo.
Es así, entonces, que la articulación entre el nivel medio y el superior –en pos de una inserción fecunda en la vida universitaria– se ha transformando en uno de los más importantes ejes de discusión y de generación de políticas y acciones específicas por parte de la Universidad, ya que la desarticulación va provocando altos índices de deserción y, en sistemas segmentados como el nuestro, se transforma en discriminación.
En definitiva, lo que se busca es potenciar la idea de una institución “permanentemente innovadora” y a la altura de los nuevos tiempos, como forma de responder al legado histórico heredado de las mejores tradiciones universitarias.
Pero es importante saber, además, que para llegar a esta amplia región con calidad en los saberes se requiere de nuevos procesos modalizados a distancia, con adecuación de los modos de enseñanza, en el seguimiento y evaluación de los estudiantes, como también de las cuestiones administrativas implicadas en el registro de alumnos, la acreditación de estudios y la emisión de certificados o diplomas.
La planificación de la estrategia didáctica requiere de un trabajo interdisci-plinario de especialistas en contenidos, pedagogos y expertos en educación que intervienen en la elaboración de los materiales y en la planificación de las clases satelitales. En estas instancias de capacitación y trabajo, los miembros del equipo interactúan en la identificación de problemas de comprensión en relación con las disciplinas, en el reconocimiento de las especificidades de cada medio para la elaboración de materiales, en el diseño de actividades que promuevan la comprensión, el uso activo y la transferencia del conocimiento, y que permitan al docente el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos.
Es desde esta concepción que la noción de “distancia” abre un lugar para la construcción de propuestas que permitan generar espacios para el intercambio y la interacción, condiciones propias del proceso de construcción del conocimiento. De ahí que deba lograrse un diseño y desarrollo de materiales de enseñanza para el aprendizaje que, en distintos soportes comunicacionales, posibiliten ricos y diferentes abordajes del objeto a conocer, que generen procesos de reconstrucción de los conocimientos y que sean novedosos e interesantes para los alumnos. Avanzar en la conformación de una propuesta integral de la UNL implica definir las ofertas más convenientes que se dicten bajo esta modalidad y las capacidades institucionales y de recursos humanos formados con los que cuenta la Universidad. La experiencia adquirida a partir de las propuestas implementadas y el cúmulo de demandas registradas y sistematizadas nos permiten plantear como línea central de acción político-académica la articulación de una oferta variada y flexible de cursos y carreras de pre-grado, grado, posgrado, postítulos, ciclos de licenciaturas y de formación profesional; ello para el mercado laboral, para una sociedad muy diversificada en edades, actividades, lugares de residencia y situaciones personales, a partir de un modelo didáctico innovador y utilizando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La evolución posterior de las políticas universitarias nacionales llevó a un proceso de segmentación de la UNL, desde el cual crecieron nuevas universidades a partir de nuevos esquemas espaciales. Pero esta “amputación” espacial y curricular no imposibilitó para nada que la UNL generara y ampliara las acciones de articulación y transferencia científica, tecnológica, cultural y humanística con el medio social y productivo que la rodea, el cual configura una amplia región del centro-norte de nuestro país.
La creación de un conjunto de aulas satelitales dispersas en esta región, con capacidad para albergar una gran cantidad de actividades educativas y culturales bajo la modalidad de enseñanza a distancia, vuelve a colocar a la Universidad como principal protagonista de una región que necesita ganar competitividad y desarrollo en el mercado global y calidad de vida para todos sus ciudadanos.
Ratificar la vocación regional implica consolidar las acciones de desarrollo de los diversos polos de Esperanza, Gálvez y Reconquista-Avellaneda (además de la ciudad de Santa Fe) y buscar nuevos emprendimientos en otras localidades de este territorio ampliado.
La planificación por Facultades y cátedras no ha permitido que sea un hecho la colaboración transversal entre carreras. Esto se hace sentir sobre todo en los ciclos iniciales de las carreras de grado. A raíz de la transformación en los planes de estudios de todas las carreras de grado, la Universidad ha diversificado niveles y tipos de formación (por ejemplo, hoy distinguimos entre títulos intermedios, títulos de carreras técnicas de pregrado y certificaciones de bachiller). Por ello, para mejorar y profundizar este camino, creemos necesario el planteo de ciertas metas:
- Conformar unidades de contenidos comunes a todas las carreras que atraviesen transversalmente su dictado. Nos estamos refiriendo a la organización de aquellos contenidos que se han transformado en requisitos imprescindibles hasta para lograr certificaciones intermedias: informática, idiomas extranjeros, metodología de la investigación (o de resolución de problemas). Con respecto a los mismos se ha comenzado a optimizar su organización reconociendo créditos y formas de autoacceso al conocimiento, así como el requisito de su acreditación.
- Constituir estructuras que vayan más allá del formato tradicional de cátedras para atender a los contenidos básicos disciplinares de distintas familias de carreras. Esto es, los contenidos de todas las matemáticas de ciclos iniciales o de todas las químicas del área de las ciencias naturales y aplicadas en los primeros años, por dar ejemplos paradigmáticos. En estos casos se debería tender a organizar los programas en módulos con reconocimiento de créditos sobre la base de competencias y cargas horarias. Esto facilitaría la movilidad de los docentes y alumnos entre ciclos iniciales de familias de carreras pertenecientes a distintas Facultades y/o Universidades.
- Articular los contenidos de los ciclos mencionados con los de recorridos similares en otras instituciones terciarias, lo cual conlleva atender a los servicios demandados por tales instituciones en cuanto a formación de recursos docentes y a reformulación de sus planes de estudios. Desde el punto de vista institucional, esta organización de los ciclos iniciales por áreas del saber permitirá espacios de encuentros entre docentes-investigadores para el diseño y desarrollo de programas de enseñanza e investigación. También desde los mismos lugares se implementarán los acuerdos sobre las competencias a lograr a través del sistema de módulos-créditos y las maneras de su evaluación. Por último, desde estas estructuras iniciales, comunes a varias carreras, se llevarán a cabo tareas de gestión y control más eficientes con respecto a la movilidad interfacultades e interuniversidades.
- Articular los contenidos mencionados en el párrafo anterior con los del nivel medio/polimodal. Esto se logrará reforzando la interacción con este nivel a través de la formación de sus recursos docentes, del asesoramiento respecto de sus planes de estudios y de la generación de mecanismos de evaluación de los egresados en dicho nivel. Hacia el interior de la Universidad esto conlleva la profundización del
Han ocurrido cambios muy importantes en los últimos años que plantean problemas cruciales. Uno de ellos es el nivel de expansión del sistema universitario.
La universidad clásica era una universidad en manos de un grupo pequeño de profesores, que daban clases magistrales a un grupo también pequeño de alumnos. La universidad actual es una institución grande conformada por muchas personas, que además tienen un ideal de formación y de calificación bastante diverso. Es decir, ha aumentado, en relación con la universidad tradicional, el número de personas que trabaja en las universidades, creando un nuevo grupo en los sistemas universitarios: los ayudantes, auxiliares, jefes de trabajos prácticos, todo otro estrato que entra en la universidad, y que aunque se supone que están en camino de ser profesores, de hecho aún no es así.
No obstante, los datos de los países latinoamericanos muestran que con esta expansión de la matrícula estudiantil no fue posible mantener las mismas proporciones de los tiempos de la universidad tradicional. El resultado de esta expansión fue la creación de una profesión que aún no existía en América Latina: la del “Profesor Universitario”. Antiguamente, la educación universitaria era realizada normalmente por profesionales cuya principal fuente de ingresos y, a su vez, principal identidad social, era la actividad en sus escritorios, consultorios y firmas.
Generalmente los nuevos profesores universitarios tienen en la actividad de enseñanza su principal ocupación, y muchas veces no llegan a ejercer actividades profesionales fuera del mundo académico. Esta emergente profesión académica está, sin embargo, lejos de constituirse en un grupo homogéneo, o de llegar a alcanzar un patrón único de organización, actitudes y comportamiento profesional. No hay una convergencia, un tipo único de organización, y ni siquiera una concepción única de lo que es la tarea y el trabajo de profesor. Conviven valores, concepciones distintas, ideales de lo que es la vida profesional y el trabajo; “pluralismo” sobre el que hay que construir.
Esto no se logra sin tensiones pero hay que valorizar las diferentes tareas, los diferentes objetivos de los diferentes grupos: no se puede desvalorizar a la gente que no hace investigación sólo porque no lo hace. Ello crea además una situación de desmoralización muy grande en los sistemas de Educación Superior.
El desafío es tender a construir, con un escenario pluralista, un campo profesional, el de la “profesión académica” que refleja aquella triple unión entre enseñanza, investigación y extensión, que define la “original idea de Universidad” propiamente latinoamericana.
En los años ’60, un historiador de la educación inglesa definió que los profesores universitarios constituyen lo que él llama la key profession, la “profesión clave”. Es una idea que también existía en el contexto de Alemania. Es la idea de que existe una profesión formada por los profesores universitarios, y de la cual surgen las demás profesiones: el profesor universitario forma al médico, al abogado, al ingeniero, es la matriz de donde salen las demás profesiones.
La formación académica-disciplinar de los docentes, su competencia y formación pedagógica, sus condiciones de vida y trabajo, así como su cultura general, tienen una repercusión decisiva en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y también en la formación general y específica de los estudiantes.
La expansión de este nivel de enseñanza, su evolución dentro de la perspectiva de la educación permanente, la multiplicidad de las necesidades que ha de satisfacer y las edades y experiencias de los estudiantes, están transformando su función tradicional, están diversificando sus tareas y exigiéndoles la elaboración de propuestas pedagógicas innovadoras, y están haciendo cada vez más complejo su cometido a causa de la aceleración de los conocimientos y de las técnicas. La capacidad de utilización de nuevas tecnologías de la información para la enseñanza y la investigación resulta cada vez más necesaria en el ejercicio de la función docente.
La cuestión de la formación y el perfeccionamiento de los docentes de la educación superior en los saberes específicos disciplinares como en el campo pedagógico, adquiere nuevas dimensiones y mayor importancia; por eso es necesario adoptar, a este respecto, medidas específicas de creación de espacios interdisciplinarios, transversales, de estructuras especiales y redes.
La participación de los docentes en trabajos de investigación y el vínculo entre enseñanza e investigación son también esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza superior, contribuir al progreso de los conocimientos y desarrollar capacidades endógenas de investigación. Resulta indispensable también la participación de los docentes en la elaboración de políticas y propuestas curriculares de enseñanza superior, así como en la toma de decisiones relativas a este nivel de enseñanza. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes es una tarea que exige la atención de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto.
La idea es tender a la constitución de un campo profesional, el de la “profesión académica” donde se encarne el ideal de una universidad reformada y progresista, de la Universidad “innovadora e incluyente” como nueva esfera pública.
El docente universitario, como “profesional”, actor de esta nueva esfera pública, es el profesor con una sólida formación intelectual, generador de conocimientos nuevos y capacitado para enseñar, esto es formar en el dominio de los saberes específicos y también en el dominio de conocimientos sobre conocimientos (enseñar a aprender a aprender). Es un factor de cambio, una fuerza impulsora de transformaciones capaz de relacionarse con diversos actores sociales, no sólo a los efectos de transmitir cultura sino a los efectos de interactuar para que todos los involucrados aprendan.
Es el profesional cuya principal dedicación –y a su vez principal identidad social– es la actividad académica en la institución de Educación Superior.
Por otro lado, posgrados nacidos de la iniciativa de distintas Unidades Académicas han sido evaluados desde el punto de vista de su calidad académica, escapando a la percepción de los evaluadores externos la visión de conjunto de la Universidad Nacional del Litoral, en particular de la posible optimización de recursos humanos y físicos, de los puntos de contacto y posible complementación de distintas carreras.
Se señalaba en el Plan de Desarrollo Institucional que quizás “la articulación académica entre facultades que poseen contenidos equivalentes en el posgrado sea muy escasa, lo que imposibilita un FLOAT8intercambio, una fluida circulación de docentes y estudiantes y una adecuada utilización de los recursos”. “La oferta de posgrado ha tenido un crecimiento importante pero con cierta inorganicidad. Sus actividades no poseen la necesaria coordinación institucional, la articulación del posgrado con los programas de investigación y el impacto deseable en la renovación de los contenidos de grado.”
Es por ello necesario continuar las acciones emprendidas en orden a resolver los obstáculos, tanto de índole académica como operativa, planteados por la importante expansión sufrida por esta actividad. Entre las cuestiones académicas debe destacarse el establecimiento de políticas de desarrollo de disciplinas y áreas de vacancia, establecidas desde una visión integral de la Universidad y de su influencia regional y social. Tales políticas de desarrollo deberán incluir la reorientación de herramientas de acción existentes, como Cientibecas, el Sistema de Becas de Posgrado para Docentes y el Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D). Tales herramientas, todas concurrentes a la formación de recursos humanos, y el fortalecimiento de disciplinas y áreas de vacancia, deberán articularse, preservándolas de convertirse en acciones y recursos de carácter suplementario de los provenientes de otras fuentes de financiamiento, los que no obstante ser legítimos y bienvenidos, no responden necesariamente a un proyecto de desarrollo universitario. Son también objetivos de suma importancia el establecimiento de mecanismos para garantizar la calidad de las carreras ofrecidas, la pertinencia de las mismas en el contexto de la Universidad y de la región, el agotamiento de las posibilidades de transversalidad que pudiesen establecerse entre las mismas, y la optimización de recursos humanos y físicos, dando así unidad y coherencia al nivel de posgrado de la Universidad.
Sin alejarnos de este concepto, es preciso advertir que uno de los cambios más recientes en el mundo académico refiere a un nuevo modo de la producción misma del conocimiento. Este proceso evoluciona hacia la práctica de la investigación “transdisciplinaria” cuya característica consiste en privilegiar el problema a resolver como principio organizador del conocimiento. En nuestra universidad predomina, sin embargo, la organización disciplinaria del conocimiento, cierto aislamiento de los investigadores en el ejercicio de la actividad científica y una ausencia de colaboración entre Unidades Académicas y entre grupos, aun dentro de una misma Facultad. Esto genera dificultades a la hora de avanzar hacia una práctica transdiciplinar que promueva la investigación orientada hacia objetivos específicos sin dejar de lado la investigación fundamental. Uno de los hechos sobresalientes en nuestra universidad en los últimos años ha sido, sin duda, el crecimiento de la actividad científica tanto en lo que se refiere a la consolidación de grupos con importante trayectoria, la instalación de nuevos grupos, como también a la promoción de áreas incipientes en la totalidad de las Unidades Académicas, todo lo cual cobra mayor relieve si se tienen en cuenta las fuertes restricciones presupuestarias. Sin embargo, políticas exógenas como el inadecuado diseño del programa de incentivos, como así mismo nuestra propia estructura organizacional, hicieron que los preceptos sobre los cuales, hace 10 años, se sustentó el Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo (definición de temas de interés según campos de aplicación, organización por programas y la priorización para la asignación de recursos) no hayan provocado los resultados esperados.
Resulta imprescindible entonces, a fin de consolidar a la UNL como una de las universidades de referencia en la producción científica, y al mismo tiempo propender hacia una investigación transdisciplinaria, resignificar el CAI+D a la luz de las actuales circunstancias, para retomarlo no como un esquema meramente administrativo para el otorgamiento de subsidios a proyectos de investigación, sino como la herramienta política capaz de guiar la transformación de estructuras rígidas y poco articuladas que limitan la capacidad instalada de nuestra institución.
Del mismo modo que resulta necesario que las políticas en ciencia y técnica de nuestra universidad promuevan una verdadera articulación hacia el interior de la institución, y que, además de las ventajas señaladas, logren una optimización en la utilización de los escasos recursos disponibles, debemos promover una mayor cooperación interinstitucional con otros organismos, tanto nacionales, provinciales como locales para el desarrollo de proyectos conjuntos y co-financiados.
En definitiva, las transformaciones que debemos alentar tienen que garantizar el desarrollo de políticas en ciencia y técnica que reconozcan a la institución en su concepción más amplia, donde la existencia de distintas disciplinas debe ser aprovechada para el abordaje de nuevas líneas de trabajo, para el mejoramiento de la calidad y para la generación de mejores condiciones en cuanto a la atención de los problemas sociales.
En particular, creemos necesario definir nuevos programas que promuevan en nuestros estudiantes, docentes e investigadores experiencias concretas de desarrollo tecnológico aplicado a la producción. El camino exitoso recorrido por el CAI+D para las actividades de investigación y los programas de extensión para la extensión social puede transitarse para incentivar el espíritu emprendedor, aplicar tecnologías a empresas existentes y hasta la incubación de nuevas empresas.
Estos nuevos programas deben potenciar la multidisciplinariedad y la transversalidad al interior de la institución, dando cuenta de los concretos problemas a resolver antes que atender las lógicas propias de las disciplinas científicas o la complejidad de las lógicas institucionales universitarias.
La promoción de nuevas iniciativas productivas de nuestros estudiantes debe completar el cuadro de asistencia que la Universidad brinda a los futuros egresados, especialmente las pasantías, otra herramienta de vinculación con la actividad productiva y que complementa la formación de grado de los estudiantes.
A la vez, debemos continuar desarrollando herramientas para la protección de los resultados de la investigación y del desarrollo tecnológico, materia que también encuentra a nuestra institución con una experiencia incipiente que nos destaca en el conjunto de las universidades en el país. Una adecuada política, tanto en materia de derechos industriales (patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, denominación de origen, etc.) como derechos de autor (obras artísticas, literarias, etc.), permite optimizar el esfuerzo de nuestros equipos de investigación.
Es un proceso que amplía la integración entre universidad y sociedad de la que se nutre, y da lugar a una interacción donde el conocimiento se construye en el contacto entre la Universidad y su medio, y es permeado por él.
La Universidad, en tanto conciencia crítica de la sociedad, debe alentar una fuerte actitud de responsabilidad en la atención de las demandas y necesidades de los ciudadanos, contribuyendo a la construcción de una sociedad abierta, plural y justa. Los procesos de evaluación social externa señalan una fuerte expectativa en la sociedad de que los universitarios c
Más tarde serán los estudiantes del ’18 los encargados de empujar decididamente los límites que imponía la realidad social del momento tratando de hacer posible una nueva organización universitaria que siguiera ese ideario progresista y transformador. Como diría oportunamente Deodoro Roca, en su discurso de clausura del Congreso de Estudiantes de Córdoba: “Por vuestros pensamientos pasa, silencioso casi, el porvenir de la civilización del país”.
La “universidad del porvenir” establecía entonces una relación entre democratización, saber y sociedad que contrasta marcadamente con la que se manifiesta en las políticas tecnocráticas de reforma de la Educación Superior en los últimos años.
El impulso reformista, democratizador y progresista de la normalización universitaria –que enmarcado en esa misma tradición irrumpió con el proceso de transición a la democracia en el país– fue interrumpido en los noventa con políticas que, con diferentes estilos, intentaron modelar una Universidad restrictiva, competitiva e inserta en un verdadero “mercado” de la educación superior. Es decir que, de acuerdo con una línea de pensamiento que era a su vez coherente con el modelo de sociedad que comenzaba a cristalizar, se intentó aplicar a la Educación Superior los principios de la libre competencia económica (y social) entre instituciones e individuos, asignando al Estado sólo un papel de evaluador y monitor de dicha competencia.
Estas situaciones sacuden a la identidad universitaria, que llega a confundirse con la de una escuela de profesionales cuya función se centra en satisfacer las cambiantes demandas del mercado. Esto acarrea la formación de seres unidimensionales, incapaces de enfrentar el pensamiento complejo, de contextualizar y de globalizar.
La primera reacción legítima es la resistencia frente a la propuesta privatista, a la reconversión al ethos empresarial y a la privación de nuestra historia. Pero no alcanza con la mera resitencia: el cambio es un futuro que llegó y que no podemos eludir a la manera del nostálgico neurótico, actuando por compulsión a la repetición. Somos los universitarios quienes debemos imponer la lógica del cambio, asumiendo nuevos modos de responsabilidad, desde la autonomía y la diferencia. Debemos instalar una innovada agenda para la Universidad. No debemos responder a la coyuntura con el reflejo privatista y elitista, sino tener la valentía de preguntarnos hoy por el mañana. Y en todo el proceso: planificar y analizar participativamente, comunicar e informar sobre lo que hacemos, jerarquizar nuestros recursos humanos, todo ello mientras emitimos señales de una efectiva transformación.
La exigencia por asumir actitudes responsables como verdaderos sujetos universitarios nos tiene que llevar a abandonar los perimidos posicionamientos defensivos, las actitudes de conformismo resignado o de aceptación acrítica del estado de cosas vigente. Se hace imprescindible pensar una universidad distinta, recuperando ciertos principios históricos y filosóficos, reconceptualizándolos en relación con los nuevos desafíos vinculados al conocimiento, al derecho a su acceso y a su legitimación en la vinculación con las necesidades de la sociedad.
Debemos estar muy atentos a las oportunidades y amenazas que nos proporciona el contexto y ser verdaderamente conscientes de nuestras debilidades. Pero a la vez, sentirnos estimulados por el grado de consenso que se ha alcanzado alrededor de los principales aspectos temáticos a modificar, mantener o potenciar. La comunidad de nuestra universidad ha consolidado un Plan de Desarrollo Institucional que plantea acciones a corto, mediano y largo plazo, y que está posibilitando la proyección de nuestra institución.
Ocuparnos del “porvenir de la Universidad Nacional del Litoral”, actualizando los términos de José Ingenieros, es no solamente responder a un imperativo de la época sino apelar a la propia génesis de nuestra institución para encontrar las claves de su futuro.
I. EL NUEVO CONTEXTO
En marzo de 2000, la comunidad universitaria, a través de sus representantes en el Honorable Consejo Superior, aprobó la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional sobre la base de los diferentes procesos de evaluación institucional llevados a cabo (autoevaluación, evaluación externa y evaluación social). Conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la Universidad Pública, el PDI oficia de “hoja de ruta en la tormenta” promoviendo, a la vez, un cambio de perspectiva en el proceso de transformación de la Universidad en relación con los nuevos desafíos que le plantea el contexto.El contexto que describía el PDI, caracterizado por la revolución tecnológica, los fenómenos de globalización, la creciente exclusión social, la crisis de los estados (dramáticamente el caso argentino), y los desafíos de la educación superior, se ha consolidado fuertemente. La Universidad está inserta en un mundo atravesado por profundos y complejos cambios que son producto de procesos de globalización, fuerte desarrollo de la ciencia y la tecnología, mutaciones en los paradigmas productivos y en las relaciones sociales.
Los problemas emergentes como consecuencia de estos cambios continúan interpelando a la universidad. De un lado, las transformaciones tecnológicas que requieren de innovaciones para atender demandas inéditas de formación de profesionales y de producción de conocimiento y, por otro lado, los elevados índices de desocupación que acentúan las diferencias sociales y vulneran el nivel de vida de importantes sectores de la población.
Hemos señalado otras veces que la grave situación que vive nuestro país en particular es producto y herencia de un modelo económico y social que, aun con variaciones y algunas contramarchas, es hegemónico desde hace un cuarto de siglo. Esta estrategia, implementada con mayor profundidad y ortodoxia en la última década, deja como saldo una sostenida tendencia al estancamiento del producto y el estrangulamiento financiero externo, sumado al aumento explosivo del desempleo, la pobreza y la marginación. El modelo se implantó, según sus operadores y entre otros argumentos, para corregir las fallas de un estado económicamente opresor de las fuerzas virtuosas del mercado y para incorporar a la Argentina al proceso de globalización. Pero el achicamiento del estado y su subordinación a intereses sectoriales redujo notablemente su capacidad de regular el proceso económico y social en condiciones en que el mercado no puede reemplazarlo.
La peculiar perspectiva de la globalización, que sustenta las políticas aplicadas en los últimos lustros, ha llevado a hacer depender más y más la economía argentina de las fuerzas especulativas locales y externas, para beneficio de los agentes financieros, las corporaciones multinacionales y los sectores internos vinculados con ellos. La globalización es un dato de la realidad, pero su presencia no implica que no haya márgenes para políticas de desarrollo en el ejercicio responsable del poder de decisión nacional. Una democracia genuina es aquella en la que los fenómenos del mercado se acotan y encauzan con la participación ciudadana, y los objetivos últimos de una política económica con sentido social deben basarse en el incremento sostenido de la riqueza nacional y la tendencia a la equidad en su distribución.
En este contexto económico, las políticas educativas en los últimos años no tuvieron diferente suerte. La desinversión en desarrollo humano, especialmente salud y educación, ha sido notoria; especialmente en educación. En la Argentina, ha habido simplemente escasez de recursos para educación y no sólo una utilización ineficiente de los recursos asignados. Pero, pese a ello, nuestro país, que se destacó en el pasado en el concierto de Latinoamérica precisamente por sus logros en esta materia, todavía puede aprovechar la “ventaja comparativa”, la fortaleza que significa la formación de nuestros ciudadanos.
Es necesario alertar, además, que es desde las mismas posiciones ideológicas conservadoras y reaccionarias que sustentaron estas políticas económicas desde donde se cuestionó la democracia en los años setenta, se atacó al Estado en los ochenta y, hoy, se ataca a la política. El precio que pagamos los argentinos fue muy caro: la clausura de la democracia y, con ella, la pérdida de derechos y libertades, el achicamiento y deserción del Estado y, como consecuencia, la pérdida de redes de contención social y herramientas para desarrollar políticas públicas. Estos sectores han puesto hoy en el blanco a la política, y haber aprendido la lección implica comprender que la respuesta no es menos política sino mejor política, no menos Estado sino un mejor Estado, no menos democracia sino una democracia de mejor calidad.
A pesar de todo lo dicho, somos conscientes de que la debilidad del Estado Nacional y, como producto de ello, la estrechez de los presupuestos del Tesoro Nacional para el sistema universitario, constituyen una situación estructural que no se revertirá en el corto plazo. Y somos conscientes también de que la necesidad de más y mejor educación, de más y mejor investigación, de más y mejor extensión no puede dilatarse a la espera de un contexto nacional más favorable.
Por ello creemos que debemos darnos una doble estrategia para reforzar las posibilidades de éxito de la Universidad Pública en el cumplimiento de su misión: por un lado hacia afuera de la institución, reforzando su relación con los Gobiernos Locales –provincial y municipales– y con las empresas de nuestra región; y, por otro, hacia su interior, apelando a la solidaridad de sus estudiantes y graduados.
Esta estrategia de reforzar nuestros lazos con la sociedad civil y la región que nos da sentido debe ser una ofensiva para evitar las opciones privatistas y para ratificar que la idea misma de Universidad es inseparable de la vocación de formar personas con una visión del mundo capaz de culturizar la contemporaneidad. La Universidad no debe convertirse en una máquina productora o en una empresa en aras, solamente, de atender las diversas presiones del contexto. Seguimos convencidos de que la Universidad continúa siendo, quizá, el único lugar donde todavía, por encima de otros intereses, se privilegia a la “idea”.
II. LA BASE DE NUESTRO ACCIONAR EN LOS ÚLTIMOS AÁƒ'OS: EL “PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL”
La puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional implicó la generación de acciones concretas en pos de los objetivos definidos y la ratificación y/o redireccionamiento de programas y proyectos que se encontraban en marcha, así como la conformación de nuevos espacios de participación y consulta, los cuales se extienden al conjunto de la propia comunidad universitaria y trascienden la misma en procura del involucramiento de la sociedad en general.Los programas y las acciones se articulan en función de seis ejes o lineamientos que son la imagen-objetivo de nuestra institución:
- Educar ciudadanos libres y aptos para integrarse a una sociedad democrática, con el más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de saberes científicos, técnicos, humanísticos y culturales.
- Promover una búsqueda permanente de ampliación de las fronteras del conocimiento, en un adecuado equilibrio entre la investigación fundamental y la aplicada para beneficio de toda la sociedad.
- Interactuar con el Sector Productivo y el Estado, generando el ambiente propicio para los procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la región.
- Protagonizar la construcción de una región socialmente inclusiva, en la cual el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan democráticamente.
- Proporcionar a la propia comunidad universitaria las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.
- Definir y gestionar el Proyecto Institucional desde los cuerpos colegiados de gobierno, en el ejercicio pleno de su autonomía.
Y la misión que los orientó fue –y sigue siendo– el mejoramiento de la calidad. Calidad asociada indefectiblemente al rol de una Universidad comprometida con los valores de la educación pública. Calidad en la producción académica, científica y cultural de la Universidad, que no es otra cosa que promover la lógica misma del conocimiento científico, al tener plena conciencia de que se está proporcionando a la sociedad medios cada vez más eficaces para mejorar su calidad de vida y para propiciar las transformaciones que el mundo requiere.
El Plan de Desarrollo Institucional representa un proyecto colectivo y global de la Universidad y la gestión, con ejes multisectoriales orientadores del desarrollo, y debe continuar siendo, como lo fue hasta el momento, un espacio de acuerdos, promoción y movilización de toda la comunidad.
Por lo tanto, podemos afirmar con certeza que los próximos años estarán guiados por los mismos criterios generales que orientaron al PDI, ya que los mismos fueron planteados para mantener cierta permanencia en el tiempo: potenciar los órganos colegiados de gobierno, conformar un instrumento de gestión, respetar la idiosincrasia e historia institucional, generar las condiciones para progresar en la creación, transmisión y apropiación del saber, respetar el estilo de trabajo científico, institucionalizar espacios para la planificación de acciones y dar lugar a la información institucional precisa, transparente y actualizada para la toma de decisiones.
A estos criterios orientadores, que fueron la guía en estos últimos años del accionar institucional, tenemos la obligación de potenciarlos para generar una “Universidad permanentemente innovadora”, capaz de desarrollar acciones deliberadas para modificar su postura organizacional y, así, mediante cambios acumulativos e incrementales, superar el desbalance entre demandas externas y capacidades internas de respuesta.
III. LA GESTIÓN Y EL GOBIERNO UNIVERSITARIO COMO ESPACIO DE DISCUSIÓN DE POLÍTICAS INNOVADORAS
Sostenemos claramente que debemos fundar la gestión institucional de la UNL en una política innovadora que implique revisar de manera profunda los hábitos políticos, académicos y administrativos, como también las estructuras que los hacen posible o, en la mayoría de los casos, los facilitan. Debemos reconocer y poder superar las dificultades que nos genera el peso de la historia en la conformación de estructuras, procesos y normas que fueron muy funcionales para otros momentos, pero que, en la actualidad, imposibilitan definir en forma concertada un proyecto innovador de gestión, administración y gobierno, y, además, de organización universitaria.Pero debemos ser prudentes. Impulsar una transformación en las formas de organización y gobierno de la UNL no puede circunscribirse a una discusión acerca de posibles alternativas de técnicas de gerencia o administración que hagan más eficiente el logro de sus objetivos. Así como tampoco se los puede repensar a partir de su asimilación a una “organización empresaria”, donde se diluirían no sólo los particulares mecanismos de estructuración del poder y toma de decisiones de la universidad, sino también todo aquello que tiene que ver con la complejidad y diversidad del mundo académico y disciplinar; o a la “burocracia estatal” (que por otro lado es la más común en las sociedades occidentales), ya que devendría en una organización que se reproduciría con exclusividad a través del universo de las disposiciones y criterios de autoridad que se derivan del reglamento y la jerarquía de tipo weberiano.
Ambos modelos no estarían reflejando las particularidades académicas e institucionales que conviven en el interior de la UNL, aspectos esenciales al momento de analizar alternativas y definir políticas de transformación. Tratar de entender la organización universitaria y el proceso de toma de decisiones en los espacios de gobierno y gestión, ya sea para reforzarlos o modificarlos, implica captar sus rasgos específicos, aquellos que los definen y diferencian de otras organizaciones.
La complejidad de la organización universitaria parte del hecho de que en su interior conviven una gran diversidad de lógicas, motivaciones e intereses, como también de demandas y presiones generadas desde el contexto. Asimismo, se constituyen diversos espacios relativamente independientes, concebidos como estructuras de oportunidades y circuitos institucionalmente configurados con formas organizativas propias que conformarán redes de fronteras difusas. Existen coincidencias en calificar al modelo organizacional universitario como “anárquicamente organizado”, como producto de la disolución de los objetivos en la multiplicación de funciones, de la capacidad que tienen las demandas introducidas por los diversos actores para reorientar la toma de decisiones y el resultado de los procesos educativos, de la autonomía que demandan los profesionales que protagonizan la vida universitaria; o bien como “débilmente acoplado”, en el que el tipo de relaciones que prevalece es esencialmente horizontal y los ámbitos que lo componen son interdependientes unos de otros, pero con identidad propia y cierta evidencia de separación lógica y física, y donde la interacción es circunstancial y bastante débil en sus efectos mutuos.
Sin embargo, estas condiciones estructurales que hablan de la particularidad de la organización universitaria, y que deben ser especialmente tenidas en cuenta, no pueden conspirar con la necesidad de articular procesos globales de transformación con estrategias de gradualidad y de generación de consensos que sean capaces de reinstalar la promoción de la comunicación, el diálogo de diversidades y de circuitos académicos para fomentar el desarrollo común y sostenido.
El escenario de debate y discusión privilegiado de estas transformaciones deberá ser el Consejo Superior: la forma colegiada de gobierno que, a partir de la participación democrática de los claustros, se conforma como el espacio central de la representación de la pluralidad, de la negociación y del diálogo de la diversidad institucional y, en última instancia, de la garantía en la relación de autonomía ante el Estado y ante otros organismos sociales. Poner el acento en este espacio es apostar a la consolidación de la legitimidad de un poder democrático, participativo y académico.
La legitimidad del poder (por oposición a todo medio de coerción arbitraria) es el recurso que permite que se acepten las decisiones por estar bien fundadas y al servicio del bien común, y, en la Universidad, es ejercido por el Honorable Consejo Superior y sus autoridades. Debemos maximizar este poder adaptando los recursos de los cuales dispone y el empleo de los mismos, mediante estrategias adecuadas para la consecución de objetivos fijados autónomamente.
Una política innovadora debatida e impulsada desde estos espacios, entonces, deberá ser capaz de modificar las formas académicas (que abarcan el grado y el posgrado, la investigación y la extensión al medio) de una estructura que ha crecido y se ha desarrollado en grandes dimensiones, pero con graves problemas de interacción y transversalidad en los saberes, con recorridos unívocos y donde la parcialidad y el deseo de autosuficiencia triunfó frente al de proyectar una nueva Universidad; impulsar una nueva organización administrativa y de gestión que quiebre el encierro y ensimismamiento en sus problemas particulares, con rigideces en su accionar y sin visión de la integralidad; conciliar armónicamente la capacidad instalada en recursos, equipamientos y espacio físico que, por estar feudalizados y subutilizados, pierden su potencialidad y posibilidades de desarrollo.
La consecuencias de estas transformaciones seguramente promoverán una Universidad con mayor excelencia y calidad, con recursos humanos formados para insertarse con mayor idoneidad en un mercado laboral cambiante, con capacidad de diversificar los recorridos curriculares para generar nuevas ofertas de grado y posgrado, con nuevas líneas de investigación y desarrollo, y con mayor capacidad para la resolución de los problemas sociales.
IV. LAS POLÍTICAS PARA LA UNL
Tratando de poner “en cuestión” los aspectos centrales y, fundamentalmente, los procesos que ellos generan, se presentarán a continuación los tópicos que identificamos como “relevantes” para la UNL y que serán motivo de acciones, proyectos y líneas de trabajo para el próximo período de gestión y gobierno. Es importante remarcar que los mismos, de distintas maneras, fueron señalados por los diversos actores universitarios en el proceso de discusión y debate del Plan de Desarrollo Institucional como “temas críticos”, como los grandes temas, situaciones y procesos que la Universidad debería analizar y abordar para enfrentar con mayor solvencia los nuevos desafíos.A los efectos de ordenar su lectura y análisis, estos tópicos fueron estructurados como “Políticas de la UNL”. Esta estrategia metodológica dista mucho de procurar la comprensión de una problemática de por sí compleja en forma fragmentaria; su fundamento está dado en la necesidad de posibilitar un abordaje ordenado y sistematizado de una realidad que detenta las características de complejidad aludida. Así, el reconocimiento y la comprensión global de la problemática que se intenta analizar se procurará tan sólo cuando el conjunto de lecturas sea integrado, construyendo de este modo una visión holística del fenómeno en estudio: la Universidad Nacional del Litoral.
1. EDUCAR CON CALIDAD Y EXCELENCIA A UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE CIUDADANOS
Ya hemos dicho que se está viviendo un proceso muy profundo de transformaciones, una de cuyas características fundamentales es la centralidad que adquiere el conocimiento en la conformación de la nueva estructura social. El conocimiento y la información se han convertido en la base de los procesos productivos y en el pilar fundamental para el desempeño ciudadano.El optimismo inicial con el cual se analizaron las consecuencias sociales del nuevo papel del conocimiento ha desaparecido. Las potencialidades democráticas del uso intensivo de conocimientos pueden no resultar tales. Las tendencias al aumento de la desigualdad y de la exclusión social indican que una sociedad y una economía basadas en el uso intensivo de conocimientos pueden llegar a ser mucho más inequitativas que una sociedad y una economía basadas en el uso de otros factores. Por lo tanto, el papel de las Universidades en tanto instituciones responsables de producir y de distribuir conocimientos deber ser analizado en el marco de estas transformaciones globales, así como y principalmente, todos los problemas relativos al acceso al conocimiento.
El debate acerca del acceso al conocimiento no se restringe a un momento en particular, el paso del nivel medio al superior, sino que es abordado por gran parte de la literatura actual desde tres lugares: el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida (educación continua), la democratización del acceso a todos los niveles del conocimiento (igualdad de oportunidades) y el acceso al conocimiento a partir de las nuevas tecnologías de la información (educación asistida).
Mucho habría por decir de cada aspecto, pero lo que solamente interesa señalar es la multidimensionalidad de la discusión y la complejidad que adquiere cuando es combinada con el cada vez menor presupuesto que se destina a la educación en general y a la educación superior en particular. Éstos no son detalles menores en un escenario que obliga a la Universidad a buscar caminos alternativos a los tradicionalmente arbitrados para la formación de recursos humanos y la actualización permanente de los mismos. Las demandas que hasta hace pocos años se restringían al sector postsecundario y profesional hoy se han expandido a todos los sectores del campo socio-productivo, acrecentando la expectativa social en torno no sólo a la educación universitaria sino también a la educación terciaria y técnica, la formación para el trabajo, la capacitación docente, la especialización posprofesional y la formación de posgrado.
En cualquiera de estos casos nadie puede desconocer el papel central que debe desempeñar la Universidad a través de su capacidad para educar, investigar y transferir conocimientos y tecnología. Así como tampoco, nadie puede desconocer los condicionantes que limitaron (y limitan) un efectivo y extensivo accionar de la Universidad en las últimas décadas. Los continuos recortes presupuestarios que se perpetraron sobre la Educación en general y sobre la Universidad Pública en particular, y la exorbitante expansión del denominado “mercado académico” a partir de la proliferación de instituciones de dudoso prestigio y con ofertas de muy baja calidad y sin ningún tipo de control, han reducido considerablemente el espacio de la educación pública y, por consiguiente, las posibilidades de propagación de los valores intrínsecos a la misma.
La exigencia de formación universitaria comienza a instalarse cada vez con mayor fuerza dentro de los requisitos de admisibilidad laboral, lo que hace posible hipotetizar que la demanda por formación será mayor en los próximos años, como también será mayor la brecha entre quienes hayan accedido a un grado de formación universitaria y quienes no. Y éste es el desafío central y una de las funciones sociales principales de la Universidad: educar con calidad y excelencia a un número cada vez mayor de ciudadanos. Y además, cada vez deberemos hacerlo con recursos presupuestarios más escasos.
Igualdad de oportunidades en el ingreso a la Universidad
El debate acerca del ingreso a la Universidad muchas veces es reducido a dos posiciones antagónicas que se definen entre la selectividad para el mejoramiento (ingreso restringido) y la apertura para la democratización (ingreso directo), suponiendo relaciones directas entre la cantidad y la calidad, la excelencia y la equidad.Si bien es cierto que la restricción del ingreso está asociada a prácticas de selectividad social que constituyen un modo de garantizar la exclusividad educativa para determinados sectores, no se ignora que la misma puede adoptar distintas formas y aun enmascararse detrás de posiciones “democratistas”. En el otro extremo, no es menos cierto que el ingreso directo no necesariamente supone una mayor democratización de la educación, ya que la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores entraña puntos de partida desiguales y, por lo tanto, desiguales posibilidades de “éxito”.
Una tercera postura que nos permitió salir de esta contradicción es la de sostener una concepción más amplia de la igualdad de oportunidades; y esto nos llevó, como Universidad, a generar acciones que impulsen la igualdad de posibilidades a los ingresantes en la adquisición de los saberes y competencias, reconociendo la heterogeneidad en el acceso a los estudios de grado.
En este sentido, la tensión supuesta entre “cantidad”y “calidad” se diluye a partir de lo expuesto, y toma su lugar, como problema, el reconocimiento de la “heterogeneidad” en la población que accede a la Universidad y su tratamiento institucional. La heterogeneidad (cognitiva, social, cultural, etc.) no es en sí misma problemática; implica el reconocimiento (hasta ahora no explicitado) de formaciones diversas anteriores a la entrada en la educación superior. A pesar de esa diversidad hay un común denominador que se ha acentuado en los últimos años: la distancia entre los requerimientos disciplinares universitarios (contenidos, competencias y hábitos de estudios) y los saberes adquiridos en el nivel anterior. Implícitamente, este dato era abordado como una carencia a superar mediante diferentes mecanismos de homogeneización, sin aceptar la revisión de las propuestas educativas del primer año a la luz de este nuevo escenario socio-educativo.
Es así, entonces, que la articulación entre el nivel medio y el superior –en pos de una inserción fecunda en la vida universitaria– se ha transformando en uno de los más importantes ejes de discusión y de generación de políticas y acciones específicas por parte de la Universidad, ya que la desarticulación va provocando altos índices de deserción y, en sistemas segmentados como el nuestro, se transforma en discriminación.
Acortar las distancias
La vertiginosa transformación tecnológica ha puesto al servicio de la educación recursos técnicos hasta hace pocos años impensables y su combinación con otros, menos novedosos, pero infinitamente potenciados a partir de la aparición de los primeros: la tecnología satelital, las redes telemáticas, la televisión, el CD rom, el correo electrónico, la informática y la consecuente digitalización de la información y el video entre otros; todo ello posibilita hoy, de modo indiscutible, el abordaje de estrategias educativas no presenciales o semipresenciales. A la altura de estos desafíos, la UNL puso en marcha hace más de dos años el Programa de Educación a Distancia con el objeto de responder a las necesidades de la sociedad del nuevo milenio respecto de la formación permanente, calificada, abierta y flexible, aprovechando las nuevas tecnologías que ofrecen la información y la comunicación. De manera convergente, se conformó la Red Educativa del Litoral (UNL – Telepuerto del Litoral) que permitió y permite mancomunar esfuerzos de municipios, comunas, mutuales, centros comerciales, fundaciones, instituciones educativas de la región y otros organismos de interés, con un mismo objetivo: brindar igualdad de posibilidades en el acceso al conocimiento a partir de un sistema integrado por aulas interconectadas satelitalmente. En este sentido, la educación a distancia “acorta las distancias”. La utilización de diversos recursos tecnológicos permite estructurar procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollar capacidades y competencias y actualizar conocimientos de una gran cantidad de individuos que por diversas razones no han podido o no pueden asistir a un centro educativo. Y éste es el verdadero sentido democratizador de la propuesta de educación a distancia, que trata de hacer efectiva la “igualdad de oportunidades”, evitando el desarraigo y aumentando las posibilidades de acceder al mundo del trabajo dentro de su propia comunidad.En definitiva, lo que se busca es potenciar la idea de una institución “permanentemente innovadora” y a la altura de los nuevos tiempos, como forma de responder al legado histórico heredado de las mejores tradiciones universitarias.
Pero es importante saber, además, que para llegar a esta amplia región con calidad en los saberes se requiere de nuevos procesos modalizados a distancia, con adecuación de los modos de enseñanza, en el seguimiento y evaluación de los estudiantes, como también de las cuestiones administrativas implicadas en el registro de alumnos, la acreditación de estudios y la emisión de certificados o diplomas.
La planificación de la estrategia didáctica requiere de un trabajo interdisci-plinario de especialistas en contenidos, pedagogos y expertos en educación que intervienen en la elaboración de los materiales y en la planificación de las clases satelitales. En estas instancias de capacitación y trabajo, los miembros del equipo interactúan en la identificación de problemas de comprensión en relación con las disciplinas, en el reconocimiento de las especificidades de cada medio para la elaboración de materiales, en el diseño de actividades que promuevan la comprensión, el uso activo y la transferencia del conocimiento, y que permitan al docente el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos.
Es desde esta concepción que la noción de “distancia” abre un lugar para la construcción de propuestas que permitan generar espacios para el intercambio y la interacción, condiciones propias del proceso de construcción del conocimiento. De ahí que deba lograrse un diseño y desarrollo de materiales de enseñanza para el aprendizaje que, en distintos soportes comunicacionales, posibiliten ricos y diferentes abordajes del objeto a conocer, que generen procesos de reconstrucción de los conocimientos y que sean novedosos e interesantes para los alumnos. Avanzar en la conformación de una propuesta integral de la UNL implica definir las ofertas más convenientes que se dicten bajo esta modalidad y las capacidades institucionales y de recursos humanos formados con los que cuenta la Universidad. La experiencia adquirida a partir de las propuestas implementadas y el cúmulo de demandas registradas y sistematizadas nos permiten plantear como línea central de acción político-académica la articulación de una oferta variada y flexible de cursos y carreras de pre-grado, grado, posgrado, postítulos, ciclos de licenciaturas y de formación profesional; ello para el mercado laboral, para una sociedad muy diversificada en edades, actividades, lugares de residencia y situaciones personales, a partir de un modelo didáctico innovador y utilizando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Regionalización de la UNL
La Universidad Nacional del Litoral fue, tal vez junto con la Universidad Nacional de Tucumán, la primera experiencia argentina de ruptura ostensible con el modelo de ocupación espacial “town and gown”, y de aplicación de la idea de universidad territorial, es decir, de institución de amplia cobertura espacial, con una oferta curricular distribuida en varias ciudades y –al menos originariamente– no duplicada en más de una de ellas. Además de su orientación industrialista y del fuerte énfasis en la aplicación de conocimientos –claramente perceptible en las denominaciones originarias de las facultades propuestas en 1919–, la UNL se distingue por esa territorialidad peculiar.La evolución posterior de las políticas universitarias nacionales llevó a un proceso de segmentación de la UNL, desde el cual crecieron nuevas universidades a partir de nuevos esquemas espaciales. Pero esta “amputación” espacial y curricular no imposibilitó para nada que la UNL generara y ampliara las acciones de articulación y transferencia científica, tecnológica, cultural y humanística con el medio social y productivo que la rodea, el cual configura una amplia región del centro-norte de nuestro país.
La creación de un conjunto de aulas satelitales dispersas en esta región, con capacidad para albergar una gran cantidad de actividades educativas y culturales bajo la modalidad de enseñanza a distancia, vuelve a colocar a la Universidad como principal protagonista de una región que necesita ganar competitividad y desarrollo en el mercado global y calidad de vida para todos sus ciudadanos.
Ratificar la vocación regional implica consolidar las acciones de desarrollo de los diversos polos de Esperanza, Gálvez y Reconquista-Avellaneda (además de la ciudad de Santa Fe) y buscar nuevos emprendimientos en otras localidades de este territorio ampliado.
2. TRANSFORMAR LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA
Debemos emprender un rediseño de la organización institucional que primariamente vuelva a jerarquizar las misiones y objetivos institucionales en relación con los contextos interno y externo de la universidad. Por ejemplo, fijar el lugar y la dimensión de las carreras de pregrado, el desarrollo de los ciclos iniciales de las carreras de grado, las distintas formas que debe asumir el par investigación-docencia a lo largo de todo un trayecto curricular. Esto llevaría a reubicar, desde una mirada central, las perspectivas parciales para proceder a su jerarquización.La planificación por Facultades y cátedras no ha permitido que sea un hecho la colaboración transversal entre carreras. Esto se hace sentir sobre todo en los ciclos iniciales de las carreras de grado. A raíz de la transformación en los planes de estudios de todas las carreras de grado, la Universidad ha diversificado niveles y tipos de formación (por ejemplo, hoy distinguimos entre títulos intermedios, títulos de carreras técnicas de pregrado y certificaciones de bachiller). Por ello, para mejorar y profundizar este camino, creemos necesario el planteo de ciertas metas:
- Conformar unidades de contenidos comunes a todas las carreras que atraviesen transversalmente su dictado. Nos estamos refiriendo a la organización de aquellos contenidos que se han transformado en requisitos imprescindibles hasta para lograr certificaciones intermedias: informática, idiomas extranjeros, metodología de la investigación (o de resolución de problemas). Con respecto a los mismos se ha comenzado a optimizar su organización reconociendo créditos y formas de autoacceso al conocimiento, así como el requisito de su acreditación.
- Constituir estructuras que vayan más allá del formato tradicional de cátedras para atender a los contenidos básicos disciplinares de distintas familias de carreras. Esto es, los contenidos de todas las matemáticas de ciclos iniciales o de todas las químicas del área de las ciencias naturales y aplicadas en los primeros años, por dar ejemplos paradigmáticos. En estos casos se debería tender a organizar los programas en módulos con reconocimiento de créditos sobre la base de competencias y cargas horarias. Esto facilitaría la movilidad de los docentes y alumnos entre ciclos iniciales de familias de carreras pertenecientes a distintas Facultades y/o Universidades.
- Articular los contenidos de los ciclos mencionados con los de recorridos similares en otras instituciones terciarias, lo cual conlleva atender a los servicios demandados por tales instituciones en cuanto a formación de recursos docentes y a reformulación de sus planes de estudios. Desde el punto de vista institucional, esta organización de los ciclos iniciales por áreas del saber permitirá espacios de encuentros entre docentes-investigadores para el diseño y desarrollo de programas de enseñanza e investigación. También desde los mismos lugares se implementarán los acuerdos sobre las competencias a lograr a través del sistema de módulos-créditos y las maneras de su evaluación. Por último, desde estas estructuras iniciales, comunes a varias carreras, se llevarán a cabo tareas de gestión y control más eficientes con respecto a la movilidad interfacultades e interuniversidades.
- Articular los contenidos mencionados en el párrafo anterior con los del nivel medio/polimodal. Esto se logrará reforzando la interacción con este nivel a través de la formación de sus recursos docentes, del asesoramiento respecto de sus planes de estudios y de la generación de mecanismos de evaluación de los egresados en dicho nivel. Hacia el interior de la Universidad esto conlleva la profundización del
Programa de Ingreso a la UNL
En general, se trata de repensar la estructura rígida de cátedras y carreras a partir de otro tipo de unidades organizativas que aumenten la flexibilidad en la formación del propio currículo del alumno sin que haya pérdida de calidad en el proceso. Así podemos llegar a pensar que un alumno que completa sus estudios básicos y generales en una familia de carreras puede, luego, construir una trayectoria autónoma con reconocimiento de créditos y competencias en los ciclos profesionales. Esto permitiría que la diversificación de la oferta no se traduzca en la creación de nuevas estructuras académicas, sino que la misma tenga lugar por la construcción que podrá realizar personalmente el estudiante a partir de acuerdos y reconocimientos interinstitucionales previos. Además de generar un aumento en los grados de libertad del estudiante para orientarse en sus estudios de grado, tal perspectiva redundará en beneficio de una formación continua, necesaria para readecuar las cambiantes competencias requeridas desde el mundo del trabajo.Jerarquizar la docencia universitaria
La interacción entre estudiantes y docentes es el elemento esencial de la actividad de los centros de enseñanza superior. Ambos son los protagonistas principales de la educación superior y, más concretamente, de los procesos de enseñanza y aprendizaje.Han ocurrido cambios muy importantes en los últimos años que plantean problemas cruciales. Uno de ellos es el nivel de expansión del sistema universitario.
La universidad clásica era una universidad en manos de un grupo pequeño de profesores, que daban clases magistrales a un grupo también pequeño de alumnos. La universidad actual es una institución grande conformada por muchas personas, que además tienen un ideal de formación y de calificación bastante diverso. Es decir, ha aumentado, en relación con la universidad tradicional, el número de personas que trabaja en las universidades, creando un nuevo grupo en los sistemas universitarios: los ayudantes, auxiliares, jefes de trabajos prácticos, todo otro estrato que entra en la universidad, y que aunque se supone que están en camino de ser profesores, de hecho aún no es así.
No obstante, los datos de los países latinoamericanos muestran que con esta expansión de la matrícula estudiantil no fue posible mantener las mismas proporciones de los tiempos de la universidad tradicional. El resultado de esta expansión fue la creación de una profesión que aún no existía en América Latina: la del “Profesor Universitario”. Antiguamente, la educación universitaria era realizada normalmente por profesionales cuya principal fuente de ingresos y, a su vez, principal identidad social, era la actividad en sus escritorios, consultorios y firmas.
Generalmente los nuevos profesores universitarios tienen en la actividad de enseñanza su principal ocupación, y muchas veces no llegan a ejercer actividades profesionales fuera del mundo académico. Esta emergente profesión académica está, sin embargo, lejos de constituirse en un grupo homogéneo, o de llegar a alcanzar un patrón único de organización, actitudes y comportamiento profesional. No hay una convergencia, un tipo único de organización, y ni siquiera una concepción única de lo que es la tarea y el trabajo de profesor. Conviven valores, concepciones distintas, ideales de lo que es la vida profesional y el trabajo; “pluralismo” sobre el que hay que construir.
Esto no se logra sin tensiones pero hay que valorizar las diferentes tareas, los diferentes objetivos de los diferentes grupos: no se puede desvalorizar a la gente que no hace investigación sólo porque no lo hace. Ello crea además una situación de desmoralización muy grande en los sistemas de Educación Superior.
El desafío es tender a construir, con un escenario pluralista, un campo profesional, el de la “profesión académica” que refleja aquella triple unión entre enseñanza, investigación y extensión, que define la “original idea de Universidad” propiamente latinoamericana.
En los años ’60, un historiador de la educación inglesa definió que los profesores universitarios constituyen lo que él llama la key profession, la “profesión clave”. Es una idea que también existía en el contexto de Alemania. Es la idea de que existe una profesión formada por los profesores universitarios, y de la cual surgen las demás profesiones: el profesor universitario forma al médico, al abogado, al ingeniero, es la matriz de donde salen las demás profesiones.
La formación académica-disciplinar de los docentes, su competencia y formación pedagógica, sus condiciones de vida y trabajo, así como su cultura general, tienen una repercusión decisiva en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y también en la formación general y específica de los estudiantes.
La expansión de este nivel de enseñanza, su evolución dentro de la perspectiva de la educación permanente, la multiplicidad de las necesidades que ha de satisfacer y las edades y experiencias de los estudiantes, están transformando su función tradicional, están diversificando sus tareas y exigiéndoles la elaboración de propuestas pedagógicas innovadoras, y están haciendo cada vez más complejo su cometido a causa de la aceleración de los conocimientos y de las técnicas. La capacidad de utilización de nuevas tecnologías de la información para la enseñanza y la investigación resulta cada vez más necesaria en el ejercicio de la función docente.
La cuestión de la formación y el perfeccionamiento de los docentes de la educación superior en los saberes específicos disciplinares como en el campo pedagógico, adquiere nuevas dimensiones y mayor importancia; por eso es necesario adoptar, a este respecto, medidas específicas de creación de espacios interdisciplinarios, transversales, de estructuras especiales y redes.
La participación de los docentes en trabajos de investigación y el vínculo entre enseñanza e investigación son también esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza superior, contribuir al progreso de los conocimientos y desarrollar capacidades endógenas de investigación. Resulta indispensable también la participación de los docentes en la elaboración de políticas y propuestas curriculares de enseñanza superior, así como en la toma de decisiones relativas a este nivel de enseñanza. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes es una tarea que exige la atención de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto.
La idea es tender a la constitución de un campo profesional, el de la “profesión académica” donde se encarne el ideal de una universidad reformada y progresista, de la Universidad “innovadora e incluyente” como nueva esfera pública.
El docente universitario, como “profesional”, actor de esta nueva esfera pública, es el profesor con una sólida formación intelectual, generador de conocimientos nuevos y capacitado para enseñar, esto es formar en el dominio de los saberes específicos y también en el dominio de conocimientos sobre conocimientos (enseñar a aprender a aprender). Es un factor de cambio, una fuerza impulsora de transformaciones capaz de relacionarse con diversos actores sociales, no sólo a los efectos de transmitir cultura sino a los efectos de interactuar para que todos los involucrados aprendan.
Es el profesional cuya principal dedicación –y a su vez principal identidad social– es la actividad académica en la institución de Educación Superior.
3. DESARROLLAR Y TRANSVERSALIZAR LAS ACTIVIDADES DE POSGRADO
En su conjunto, las actividades académicas de posgrado han tenido una gran expansión en los últimos años. Sin embargo, no todas las disciplinas cuentan con los recursos humanos, instrumental, bibliografía, etc., que garanticen el normal desarrollo de carreras de posgrado.Por otro lado, posgrados nacidos de la iniciativa de distintas Unidades Académicas han sido evaluados desde el punto de vista de su calidad académica, escapando a la percepción de los evaluadores externos la visión de conjunto de la Universidad Nacional del Litoral, en particular de la posible optimización de recursos humanos y físicos, de los puntos de contacto y posible complementación de distintas carreras.
Se señalaba en el Plan de Desarrollo Institucional que quizás “la articulación académica entre facultades que poseen contenidos equivalentes en el posgrado sea muy escasa, lo que imposibilita un FLOAT8intercambio, una fluida circulación de docentes y estudiantes y una adecuada utilización de los recursos”. “La oferta de posgrado ha tenido un crecimiento importante pero con cierta inorganicidad. Sus actividades no poseen la necesaria coordinación institucional, la articulación del posgrado con los programas de investigación y el impacto deseable en la renovación de los contenidos de grado.”
Es por ello necesario continuar las acciones emprendidas en orden a resolver los obstáculos, tanto de índole académica como operativa, planteados por la importante expansión sufrida por esta actividad. Entre las cuestiones académicas debe destacarse el establecimiento de políticas de desarrollo de disciplinas y áreas de vacancia, establecidas desde una visión integral de la Universidad y de su influencia regional y social. Tales políticas de desarrollo deberán incluir la reorientación de herramientas de acción existentes, como Cientibecas, el Sistema de Becas de Posgrado para Docentes y el Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D). Tales herramientas, todas concurrentes a la formación de recursos humanos, y el fortalecimiento de disciplinas y áreas de vacancia, deberán articularse, preservándolas de convertirse en acciones y recursos de carácter suplementario de los provenientes de otras fuentes de financiamiento, los que no obstante ser legítimos y bienvenidos, no responden necesariamente a un proyecto de desarrollo universitario. Son también objetivos de suma importancia el establecimiento de mecanismos para garantizar la calidad de las carreras ofrecidas, la pertinencia de las mismas en el contexto de la Universidad y de la región, el agotamiento de las posibilidades de transversalidad que pudiesen establecerse entre las mismas, y la optimización de recursos humanos y físicos, dando así unidad y coherencia al nivel de posgrado de la Universidad.
4. CONSOLIDAR LA PRODUCCIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA Y AVANZAR HACIA LA TRANSDISCIPLINARIEDAD
Como señalamos en el Plan de Desarrollo Institucional, los aportes científicos, tecnológicos y humanísticos que la UNL haga al desarrollo del país y la región deben tener en cuenta las necesidades reales, sin perder de vista la esencia académica y la libertad de buscar el conocimiento por sí mismo.Sin alejarnos de este concepto, es preciso advertir que uno de los cambios más recientes en el mundo académico refiere a un nuevo modo de la producción misma del conocimiento. Este proceso evoluciona hacia la práctica de la investigación “transdisciplinaria” cuya característica consiste en privilegiar el problema a resolver como principio organizador del conocimiento. En nuestra universidad predomina, sin embargo, la organización disciplinaria del conocimiento, cierto aislamiento de los investigadores en el ejercicio de la actividad científica y una ausencia de colaboración entre Unidades Académicas y entre grupos, aun dentro de una misma Facultad. Esto genera dificultades a la hora de avanzar hacia una práctica transdiciplinar que promueva la investigación orientada hacia objetivos específicos sin dejar de lado la investigación fundamental. Uno de los hechos sobresalientes en nuestra universidad en los últimos años ha sido, sin duda, el crecimiento de la actividad científica tanto en lo que se refiere a la consolidación de grupos con importante trayectoria, la instalación de nuevos grupos, como también a la promoción de áreas incipientes en la totalidad de las Unidades Académicas, todo lo cual cobra mayor relieve si se tienen en cuenta las fuertes restricciones presupuestarias. Sin embargo, políticas exógenas como el inadecuado diseño del programa de incentivos, como así mismo nuestra propia estructura organizacional, hicieron que los preceptos sobre los cuales, hace 10 años, se sustentó el Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo (definición de temas de interés según campos de aplicación, organización por programas y la priorización para la asignación de recursos) no hayan provocado los resultados esperados.
Resulta imprescindible entonces, a fin de consolidar a la UNL como una de las universidades de referencia en la producción científica, y al mismo tiempo propender hacia una investigación transdisciplinaria, resignificar el CAI+D a la luz de las actuales circunstancias, para retomarlo no como un esquema meramente administrativo para el otorgamiento de subsidios a proyectos de investigación, sino como la herramienta política capaz de guiar la transformación de estructuras rígidas y poco articuladas que limitan la capacidad instalada de nuestra institución.
Del mismo modo que resulta necesario que las políticas en ciencia y técnica de nuestra universidad promuevan una verdadera articulación hacia el interior de la institución, y que, además de las ventajas señaladas, logren una optimización en la utilización de los escasos recursos disponibles, debemos promover una mayor cooperación interinstitucional con otros organismos, tanto nacionales, provinciales como locales para el desarrollo de proyectos conjuntos y co-financiados.
En definitiva, las transformaciones que debemos alentar tienen que garantizar el desarrollo de políticas en ciencia y técnica que reconozcan a la institución en su concepción más amplia, donde la existencia de distintas disciplinas debe ser aprovechada para el abordaje de nuevas líneas de trabajo, para el mejoramiento de la calidad y para la generación de mejores condiciones en cuanto a la atención de los problemas sociales.
5. MEJORAR LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
Los fenómenos de globalización aludidos, la especial inserción de nuestro país en ese mundo globalizado y el cambio de paradigmas productivos también señalado, han transformado de manera acelerada los modos de diseñar, producir y comercializar la mayoría de los bienes y servicios. El déficit tecnológico de nuestro país, y de nuestra región en particular, es notorio. La experiencia de los países desarrollados demuestra que para alcanzar altos niveles de productividad, además de la acumulación de capital, es necesario incorporar tecnologías y producir cambios en la organización del trabajo, para lo cual es clave el sistema científico tecnológico y el fortalecimiento de su vinculación con las empresas. La UNL ha sido pionera en explorar nuevas formas y mecanismos para hacer fructífera esta relación. Es necesario continuar con esta línea de trabajo que profundice y amplíe sus vínculos con el sector productivo de la región para aumentar su competitividad. Es preciso adecuar estos mecanismos, especialmente a las particularidades de las pequeñas y aun de las microempresas de nuestra región. Se deberán generar, también, y aprovechar las existentes instancias de coordinación con los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, a fin de combinar los tres factores (Estado, Empresa y Sistema Científico) indispensables para un entorno propicio para la innovación y el desarrollo.En particular, creemos necesario definir nuevos programas que promuevan en nuestros estudiantes, docentes e investigadores experiencias concretas de desarrollo tecnológico aplicado a la producción. El camino exitoso recorrido por el CAI+D para las actividades de investigación y los programas de extensión para la extensión social puede transitarse para incentivar el espíritu emprendedor, aplicar tecnologías a empresas existentes y hasta la incubación de nuevas empresas.
Estos nuevos programas deben potenciar la multidisciplinariedad y la transversalidad al interior de la institución, dando cuenta de los concretos problemas a resolver antes que atender las lógicas propias de las disciplinas científicas o la complejidad de las lógicas institucionales universitarias.
La promoción de nuevas iniciativas productivas de nuestros estudiantes debe completar el cuadro de asistencia que la Universidad brinda a los futuros egresados, especialmente las pasantías, otra herramienta de vinculación con la actividad productiva y que complementa la formación de grado de los estudiantes.
A la vez, debemos continuar desarrollando herramientas para la protección de los resultados de la investigación y del desarrollo tecnológico, materia que también encuentra a nuestra institución con una experiencia incipiente que nos destaca en el conjunto de las universidades en el país. Una adecuada política, tanto en materia de derechos industriales (patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, denominación de origen, etc.) como derechos de autor (obras artísticas, literarias, etc.), permite optimizar el esfuerzo de nuestros equipos de investigación.
6. JERARQUIZAR LOS PROBLEMAS SOCIALES EN LA AGENDA UNIVERSITARIA
Entender a la extensión como una de las actividades sustantivas de la Universidad implica reconocer cabalmente que es el proceso de comunicación entre la Universidad y la Sociedad, basado en los conocimientos científico, tecnológico, cultural, artístico y humanístico acumulados en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su función social.Es un proceso que amplía la integración entre universidad y sociedad de la que se nutre, y da lugar a una interacción donde el conocimiento se construye en el contacto entre la Universidad y su medio, y es permeado por él.
La Universidad, en tanto conciencia crítica de la sociedad, debe alentar una fuerte actitud de responsabilidad en la atención de las demandas y necesidades de los ciudadanos, contribuyendo a la construcción de una sociedad abierta, plural y justa. Los procesos de evaluación social externa señalan una fuerte expectativa en la sociedad de que los universitarios c
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