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En su sesión de la víspera, el Consejo Superior de la UNL manifestó su oposición a la creación de nuevas universidades nacionales al entender que la Ley de Educación Superior Nº 24.521, en su artículo 48, dispone que las casas de altos estudios “son personas jurídicas de derecho público” y que “sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa”. En su resolución, el cuerpo también remarcó –en consonancia con el mismo artículo- que “tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”.
En palabras del rector de la UNL, Albor Cantard, el Consejo integrado por sus pares “retoma lo que ha sido la línea del pensamiento histórico en lo que refiere a la creación de universidades nacionales. Con la preocupación en particular de que hay quince proyectos de creación en diferentes ámbitos del Congreso y algunos de ellos con media sanción en el Senado y dictamen favorable de las comisiones de Educación y Presupuesto de Diputados”, tal lo sostuvo en declaraciones radiales.

Criterios
A la luz de un acuerdo plenario de 1999, el CIN formuló una serie de consideraciones, en torno a los criterios de política universitaria que dan cuenta de la viabilidad de un proyecto. Algunos de aquellos fundamentos indican que la habilitación de una universidad pública “donde no es necesario o conveniente u oportuno, implica una dilapidación de los fondos públicos que el Estado debe administrar con prudencia, evitando perjuicios a la sociedad y al mismo sistema universitario”.
A continuación, el citado documento expresa que “la primera pregunta que nos debemos formular a la hora de decidir sobre la creación de una nueva universidad públicas es ¿cuáles son las razones de interés general que lo justifican?”.
En tal sentido, Cantard –quien preside la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN- precisó que “no nos oponemos a la creación de nuevas universidades pero consideramos que estas no pueden estar vinculadas a cuestiones generales, como las geográficas, porque lo que debe pensarse en razones de interés general que lo justifiquen”.

Proyectos
Al día de hoy, el Congreso Nacional envió al Consejo de Rectores once de los quince proyectos tendientes a crear nuevas casas de estudios. El CIN no recomendó la creación en ocho de esos casos (Villa Mercedes, Avellaneda, Merlo, Moreno, San Isidro, José C. Paz, Arturo Jauretche y Almirante Brown), sí recomendó la creación de uno de ellos (Tierra del Fuego), en tanto se analizan otros dos casos.
Una cuestión que preocupa el cuerpo de rectores es que de los quince proyectos, nueve universidades tendrían sede en el Conurbano Bonaerense; una en Orán, Salta –donde tiene lugar la Universidad Nacional de Salta-; una en el sur de Tucumán –donde se halla la Universidad Nacional de Tucumán-; dos en la provincia de San Luis (Villa Mercedes y Villa Merlo), donde se emplaza la Universidad Nacional de San Luis; una en la nuestra provincia, donde se aspira a crear una universidad de Agronomía, al tiempo que existen la propia UNL y la Universidad Nacional de Rosario.

Factibilidad
En relación con ese cuadro de situación, Cantard apuntó que “una universidad se debe crear por ley y previo a eso debe haber un estudio de factibilidad y un informe del Consejo de rectores. Este Consejo actualmente está integrado por 40 universidades nacionales y siempre se ha expedido de manera unánime al respecto”.
Finalmente, el Consejo Superior de la UNL resolvió solicitar al CIN que adopte las “medidas necesarias para acordar un programa conjunto de cooperación y articulación universitaria nacional que optimice los recursos institucionales existentes a los efectos de extender una oferta integral en las zonas donde se revelen las necesidades, a través de una política ordenada y cooperativa”.