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Legisladores provinciales, funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial provinciales, organizaciones de la sociedad civil y profesores e investigadores universitarios, se dieron cita este miércoles en un foro de debate para tratar el tema de la creación de un mecanismo de prevención de la tortura en la provincia de Santa Fe.
Se trata de una problemática que si bien fue y es condena a nivel nacional y mundial, las prácticas de tortura en contextos de encierro siguen existiendo.
Al respecto, Gabriel Ganon, defensor provincial, señaló que “la tortura está prohibida en la Argentina, y en pocos días se van a cumplir 200 años de la prohibición de la tortura por parte de la Asamblea del año 13. Sin embargo, es una práctica habitual y si no se la vigila atentamente, castiga y sanciona, perdura en el tiempo”.
En representación de la Universidad Nacional del Litoral, co-organizadora del foro, a través del Programa de Delito y Sociedad de la Secretaría de Extensión, Máximo Sozzo señaló sobre la problemática que “la Argentina firmó en 2004 un protocolo facultativo de la Convención Internacional Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero sin embargo desde ese año estamos en mora a nivel nacional en la constitución de un mecanismo de prevención de la tortura que controle no sólo los espacios penitenciarios, sino también los policiales, de las instituciones psiquiátricas, entre otras”.

La situación en Santa Fe
La situación a nivel provincial no dista mucho de lo que sucede a nivel nacional, en la actualidad, sólo cuatro provincias han debatido formalmente la cuestión.
“Los estados provinciales están en mora con la constitución de un mecanismo de prevención. Pero en Mendoza, Río Negro, Chaco y recientemente en Neuquén está en debate la sanción de leyes para la creación de mecanismos provinciales”, señaló Sozzo.
En el caso de la jurisdicción Santa Fe, si bien se había comenzado a trabajar en el tema, no avanzó en el ámbito legislativo. Al respecto, Sozzo explicó que “hubo un proyecto de ley que se discutió y se le dio media sanción en la Cámara de Diputados, pero no se sancionó en la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario”.
Por su parte, Ganon afirmó que “es indispensable que la Legislatura sancione y cree un mecanismo para que los episodios de tortura no se continúen repitiendo y no haya víctimas”.
En cuanto a las prácticas de tortura que se han sucedido en diferentes puntos de la provincia en períodos de democracia, Ganon sostuvo que “nosotros tomamos conocimiento en el norte de algunos casos muy graves, también hemos tomado conocimiento de otros casos graves en el sur, por ejemplo en la ciudad de Rosario”. 

Sobre los mecanismos de prevención
Ante la consulta sobre cómo serían los mecanismos de prevención, Sozzo explicó que “el protocolo facultativo establece una serie de lineamientos muy claros a los cuales el Estado argentino, y por ende no solo a nivel federal sino a nivel provincial, están obligados a respetar. Debe ser un mecanismo independiente, es decir que debe tener una institucionalidad separada de los poderes del Estado que se encargan de administrar esos contextos de encierro.
Además debe tener los recursos suficientes para poder funcionar adecuadamente, uno de los grandes déficit de los organismos de control. También debe contar con personal especializado y capacitado para llevarlo adelante.