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“Somos testigos de una maniobra política del presidente Duhalde que no reconoce antecedentes en la historia de las universidades de nuestro país: no solo está pasando por encima de lo aprobado por el Congreso de la Nación, sino que demuestra cuán poco le interesa la educación pública” declaró indignado el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Ing. Mario Barletta.
El durísimo tono de las declaraciones se reprodujo inmediatamente en todo el país. En una carta dirigida al flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), CPN Ricardo Suárez sostuvo que “en homenaje a la ética y a las buenas costumbres, entiendo que en nuestro nivel de conocimiento del presupuesto y sus funcionarios, esta maniobra de beneficiar algunas universidades en perjuicio de otras, tiene responsables y algunos de esos responsables se sientan junto a nosotros en los plenarios (cuando concurren)”. Por su parte, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en su sesión de la semana pasada emitió una declaración en la cual expresa su “más enérgico repudio ante esta medida que afectaría el normal desenvolvimiento de las Universidades Nacionales”, encomendó a su rector, el Lic. Germán Arias proponer al CIN la declaración del estado de alerta de todo el sistema universitario y decidió dar pleno conocimiento y difusión a la comunidad universitaria en particular y a la comunidad en general de esta publicación.

Beneficios políticos

Los pronunciamientos de las universidades y de sus autoridades hacen referencia directa al Decreto de Necesidad y Urgencia NÁ‚° 435/03 publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes (3 de marzo), y por el cual se llevan a cabo modificaciones en el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2003. De esta manera, se reforzará el presupuesto en distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, de las Fuerzas Armadas y en las universidades nacionales de Lanús (UNLa) y Tres de Febrero (UNTref), entre otros.
“Cuando argumentaban que el presupuesto era escaso y no podían aumentarlo, desde el CIN consideramos responsablemente el tema y dimos un duro debate. Pero ahora, es evidente que se trata de una maniobra política producto de las internas políticas y la futura elección presidencial. El caso de las dos universidades beneficiadas pone en evidencia la maniobra: a pesar de que juntas no alcanzan a sumar la cantidad de alumnos que tiene una facultad de la UNL, se les aumentará más de 3 millones su presupuesto, un 50%. Es, desde todo punto de vista, incomprensible”, agregó Barletta.
En tanto, la Universidad Nacional del Litoral se verá afectada en cerca de 3 millones de pesos. Según explicó el rector, el recorte recae sobre el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMEC), “un crédito que iba a permitir avanzar en la compra de equipamiento y la actualización bibliográfica y de laboratorios”, y sobre la asignación de recursos que estaba destinada a un viejo proyecto del CIN vinculado a la distribución racional del presupuesto y por el cual a la UNL le hubieran correspondido más de 1 millón de pesos. Este año se iba a aplicar un modelo de distribución presupuestaria basado en indicadores objetivos que racionalice la situación dispar e injusta que ya viven las universidades nacionales. “Una burla: acordamos quitar un porcentaje de cada presupuesto para crear este fondo común que luego vuelva a las universidades con vistas a equilibrar la situación, y ahora nos salen con esto”, señaló Barletta.

Pasos a seguir

Según se dio a conocer en diversos comunicados enviados por las universidades nacionales, se tomarán todas las medidas necesarias para intentar revertir esta situación. Hoy se reúne el Comité Ejecutivo del CIN en Buenos Aires, mientras que el flamante presidente Malcom ha pedido una audiencia con la Ministro de Educación. Además, se está analizando acudir a la Justicia Federal para hacer los reclamos correspondientes y los rectores se han comunicado personalmente con los diputados nacionales de las respectivas provincias para que traten el tema y realicen las gestiones para evitar el recorte. En tal sentido, algunos de ellos – Hugo Storero, Lilia Puig de Stubrin, Alicia Gutierrez, Olijela del Valle Rivas, María del Carmen Rico, Aldo Neri, Martha Di Leo, María Nilda Soda, Blanca Osuna, y Jesús Abel Blanco– ya se han manifestado a favor del reclamo del CIN presentando un proyecto que promueve la derogación del decreto presidencial 435/03 mediante el cual se altera el presupuesto universitario para el 2003.
Por su parte, la agrupación estudiantil Franja Morada también manifestó su total oposición al decreto firmado por Duhalde. Asimismo, en declaraciones y entrevistas periodísticas, los rectores universitarios solicitaron el mayor apoyo posible a la toda la comunidad para repudiar una nueva violación al juridicidad en nuestro país.
Por último, cabe destacar que para el miércoles 12 del corriente se prevé una audiencia entre el Comité Ejecutivo del CIN y el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Dr. Juan Carlos Pugliese. De todos modos, hasta el lunes al mediodía no estaba confirmada la reunión.

Atrasos

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff respondió con una carta al pedido del CIN en la que se comprometió a requerir al ministerio de Economía de la Nación que dé inmediato cumplimiento a la solicitud de las universidades de enviar los fondos que el Poder Ejecutivo Nacional debe a las casas de altos estudios del presupuesto 2002 y del incentivo para investigadores. Sin embargo, en el seno del CIN reina la desconfianza.