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Mucho se ha hablado últimamente sobre la necesidad de articular las diversas instituciones y niveles que componen nuestro sistema educativo. El problema se torna más dramático en la proximidad de la frontera entre nivel medio y superior y, peor aún, dentro del sistema de educación superior.

Cifras alarmantes reflejan las dificultades que acosan a los que intentan ingresar y permanecer en los primeros años de las carreras terciarias, cifras que pueden leerse cualitativamente en términos de incomunicación entre instituciones, desacuerdos nunca saldados, defensas de cotos cerrados, incapacidad inconfesada para la formación de docentes y, en resumidas cuentas, falta de compromiso ético ciudadano para con el sujeto de la educación.

Estas desinteligencias se multiplican en el interior del sistema de educación superior, entre instituciones universitarias y no universitarias. Mientras que desde el Ministerio de Educación de la Nación se alientan compromisos para la articulación entre instituciones del nivel superior, tanto a través de programas especialmente subsidiados por la Secretaría de Políticas Universitarias como a través de acciones tendientes a conciliar objetivos y expectativas de los Ministerios de Educación de las jurisdicciones provinciales con los de los Consejos de Rectores de Universidades Públicas y Privadas, surgen noticias desalentadoras como las que hace públicas la Prof. Mabel Martínez, docente de la Universidad Nacional de Rosario, en su carta “El atroz encanto de ser docente...Á‚¡y de nivel superior!” (Diario Rosario 12, 26/11/03). En su carta la Prof. Martínez denuncia la devaluación del título de grado universitario al momento de inscripción para suplencias en institutos terciarios de la ciudad de Rosario.

Es que tantos gestos y palabras desde la máxima conducción educativa del país se diluyen frente a la intransigencia, mala voluntad o vaya a saber qué incapacidad de intelección de los que siguen apostando por la desarticulación del sistema. Y si bien es cierto que existen leyes que pueden dar respuestas a situaciones como las planteadas –la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior– hay que entender que la complejidad desarrollada en el sistema por la estratificación sucesiva de niveles de estudio y la consiguiente proliferación de certificaciones agrupadas en “categorías opacas” (cito a la Prof. Martínez), no presenta un caso “fácil” para la aplicación de la ley.

Queda claro que lo que aquí se informa es la traducción en términos de respuesta corporativa y a través de niveles burocráticos intermedios, de la resistencia al cambio frente a la posibilidad de una política que torne permeables las fronteras de las instituciones para estudiantes y para docentes. Lo paradójico de este tipo de actitudes es que, oponiéndose a una deseable coordinación entre instituciones del sistema que se reconocen como diferentes, se erigen como un esfuerzo de homogeneización para uno de los subsistemas estructuralmente más problematizado.

Los teóricos de la educación superior nos aconsejan comprender su singularidad a partir de una de sus metas más anheladas, la creación de conocimiento, y ésta desde siempre ha conducido a visiones alternativas del mundo. Es por eso que, entre los valores más deseables a sustentar por el sistema de educación superior, están la diversidad y la pluralidad, valores perfectamente compatibles con la responsabilidad institucional orientada a la articulación. Es esta responsabilidad a la que debe atender el Estado, creando espacios favorables y eliminando obstáculos, así como el buen jardinero nutre las plantas que florecen con fuerza y belleza, mientras que arranca la maleza que impide crecer al jardín.