Preocupación en la Universidad

La Educación no puede tener un rango secundario

Martes 12 de febrero de 2002

El rector Mario Barletta y los decanos de las distintas Facultades de la UNL, manifestaron su preocupación por la situación actual. Rechazaron los recortes previstos para las universidades en el presupuesto 2002. Reunión con docentes agremiados.

El rector de la UNL, Ing. Mario Barletta mantuvo la semana pasada una reunión con el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, a quien le hizo llegar el rechazo de la comunidad universitaria a la forma en que ha sido presentado el Presupuesto 2002, “ya que supone en total el mismo monto que el año pasado se destinó a la educación superior, pero a cada universidad se le imputa un recorte del 13% de todo su presupuesto, y el engaño es que este monto aparece en partidas externas que no sabemos si serán efectivamente enviadas, como ya ha sucedido con las becas o los programas de incentivos a docentes e investigadores”.
Concretamente, la UNL recibiría cerca de 6 millones menos “lo cual afectará todos los gastos y la cuestión salarial de docentes y no docentes, con el agravante de que el presupuesto reduce el 13% a todo el personal sin contemplar que no corresponde para quienes cobran haberes inferiores a $500”, señaló el rector, que mantuvo una reunión con los decanos de todas las Facultades el jueves pasado en la que se analizó las perspectivas para el corriente año.
En las reuniones mantenidas con autoridades nacionales, Barletta subrayó que “la Educación no puede tener un rango secundario. El conocimiento y la información se han convertido en la base de los procesos productivos y en el pilar fundamental para el desempeño ciudadano. Por ello, la educación y la ciencia tienen que ocupar los ámbitos de máxima jerarquía en el gobierno nacional, y no pueden ser devaluados como se está proyectando otra vez desde el gobierno nacional”.

Reunión con docentes

En la mañana del viernes 8 de febrero se llevó a cabo una reunión entre funcionarios universitarios y un grupo de 60 docentes agremiados en ADUL, quienes se habían acercado hasta el Rectorado de la Universidad como protesta por la situación actual. Si bien los universitarios cobraron los sueldos de enero, motivo central del reclamo gremial, la manifestación continuó sostenida en la profunda inquietud que existe frente al futuro de las universidades.
Los docentes mantuvieron un diálogo que se extendió por dos horas con el rector Barletta y el Secretario General, Ing. Eduardo Matozo, donde se presentaron los distintos puntos de vista sobre la situación y se compartió en detalle la información existente sobre la situación presupuestaria y financiera de la casa de altos estudios.
En el intercambio de opiniones, el secretario gremial Alberto MÁƒ¼llor manifestó la inquietud por el futuro de la universidad y presentó al Rector los reclamos de los docentes frente a las deudas que el Estado Nacional mantiene en relación con el pago de incentivos, las cuotas del acuerdo paritario y otras partidas nacionales.
En tanto, el Rector brindó información detallada acerca del estado de las partidas mencionadas y de las reuniones mantenidas en Buenos Aires, y enfatizó que el Estado le debe a la UNL en total cerca de 2 millones de pesos del presupuesto 2001. El Rector explicó que, pese a las demoras en el envío de fondos desde el gobierno nacional, el pago del sueldo completo del mes de enero fue posible en virtud de diversas gestiones con la entidad bancaria y de medidas de reprogramación financiera de la UNL. Además, Barletta subrayó la importancia de contar con espacios de diálogo porque “todos tenemos el mismo interés en defender nuestra universidad”, pero exigió a los dirigentes gremiales que “sean precisos con la información que brindan a la comunidad universitaria por el bien de la lucha que tenemos que emprender”. En este sentido, se refirió al comunicado de ADUL que pedía derogar una supuesta resolución del Consejo Superior que establecería el recorte salarial del 13%, cuando es sabido que la reducción salarial está estipulada por la Ley nacional conocida como de Déficit Cero y no por el Consejo Superior.
Más allá de las discusiones, las coincidencias fueron planteadas en torno a la necesidad de movilizar a la comunidad para reclamar ante las autoridades que tienen responsabilidad en esta situación. Quedó claro la responsabilidad del Ejecutivo Nacional en la demora del envío de los fondos para hacer frente a los salarios y además se coincidió en que: “Los legisladores, que estuvieron en este Consejo Superior el año pasado comprometiéndose a defender a las universidades nacionales y a la educación pública, son quienes hoy deben responder a nuestros reclamos”.
En definitiva, el acento estuvo puesto en la necesidad de generar espacios de debate y generación de consenso acerca de la forma en que se garantiza el funcionamiento de la Universidad y la defensa de los valores en los que se nutre la Educación Pública argentina.

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