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Bernardo Houssay fue un argentino destacado. Tanto, que en 1947 recibió el Premio Nobel en Ciencias – el primero que se otorgó para algún representante de América Latina – por descubrir que la anterohipófisis regulaba no sólo el crecimiento sino también el metabolismo de los hidratos de carbono.
Como él, hubo y hay muchos, generalmente anónimos. Pero que trabajan, se esfuerzan, y luchan por el desarrollo de mejores condiciones de vida para la humanidad, nada menos. Para homenajearlos se instituyó al 10 de abril, fecha del natalicio de Houssay, como el día del Investigador Científico, una de las profesiones más deterioradas en nuestro país.
“Ser científico en la Argentina es igual de difícil que desempeñar cualquier otra profesión”, confesó el presidente del Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia (Intec) de Santa Fe, Dr. Alberto Cassano, uno de los científicos santafesinos más prestigiosos a nivel nacional e internacional, para quien la crisis ha modificado tanto esta actividad como cualquier otra en la economía del país. “Pero para nosotros es mucho más complicado”, asumió, antes de enumerar: “Nuestros presupuestos son generalmente menores a los que uno puede aspirar a tener en un país desarrollado, y cualquier tipo de insumo es más caro. Además, la Argentina está lejos de todos lados: a nosotros nos cuesta cuatro veces más que a un europeo, por ejemplo, asistir a un congreso en los Estados Unidos. Y los tiempos que nosotros tenemos que manejar son de otra naturaleza: si a mí me falta una droga, demoro entre 6 y 8 meses en conseguirla, cuando en cualquier país desarrollado la consigo en 48 horas”.
El Intec fue fundado en 1975 por el propio Cassano, quien egresó de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y años después se doctoró en la Universidad de California, Estados Unidos. Cassano es investigador superior del Conicet, docente universitario y hasta 1986 se desempeñó al frente del Intec. Volvió en el 97 “y espero irme cuanto antes, para que gente más joven cumpla esta función”.
- Á‚¿Cree que parte de la sociedad no valora la profesión?
- Creo que hay dos aspectos: uno es un reclamo justificado por parte de la gente de que las personas que nos dedicamos a hacer ciencia trabajemos en problemas más concretos vinculados con las realidades sociales. Y eso es legítimo, aunque no depende mucho de nosotros. En la Argentina los empresarios son inversores: sólo hacen negocios. Y si ellos no se interesan por la investigación y desarrollo para mejorar su competitividad y sus ganancias, es poco lo que podemos hacer de nuestro lado.
- Pero tampoco se interesa el Estado...
- El Estado hace todo lo que puede, lo que pasa es que hay una parte de la actividad de producir conocimientos para la gente que lo deben producir las empresas. Y eso en la Argentina no ocurre, pero sí en todos los países desarrollados. Entonces, la utilidad social de la ciencia es una cosa que resulta evidente porque en esos países las empresas recurren, usan y hacen investigación para el desarrollo. Creo que es legítimo el reclamo de que haya mayor vinculación entre la actividad que hacemos nosotros y lo que podría redundar en mayor beneficio para la sociedad, pero también hay que reconocer que las condiciones de contexto son totalmente diferentes. No encontramos normalmente un interlocutor interesado del otro lado; es poco lo que podemos hacer de nuestra parte para que lo que hacemos sea útil.

Fuga de cerebros

Se estima que actualmente 5.000 investigadores argentinos eligieron otros países para trabajar y vivir, tendencia que se agravó en los últimos años. Y la cifra alarma cuando en el país no hay más de 10.000 investigadores, de modo que nada menos que un 50 por ciento eligió otros horizontes donde continuar desarrollando sus conocimientos.
Para Cassano, esto se agrava al considerar que “esas personas le costaron dinero al país, porque muchos han sido educados en la universidad pública, donde la educación es gratuita y la pagamos todos los contribuyentes. De modo que los países desarrollados están incorporando, en primer lugar, buena materia prima; y en segundo lugar personas formadas, que no sólo han hecho estudios universitarios sino también de posgrado, también financiados en la mayor parte de los casos por el Estado a través de becas. A esas personas, cuya formación ha representado un costo elevado, es a la que estamos expulsando de la Argentina por falta de condiciones favorables”, considera, y concluye: “Pero creo que no es algo que uno le pueda reprochar únicamente al gobierno. Lo que nos ocurre no es sólo resultado de los malos gobiernos: todos somos en parte responsables de lo que nos está ocurriendo”.
- Á‚¿Por qué, entonces, no se reconoce a los investigadores argentinos ni en el país ni en el exterior?
- Houssay es un ejemplo de personas que han tenido la suerte de que sus actividades sean reconocidas a nivel internacional. Estoy convencido de que en la Argentina tienen que haber habido otras 50 personas del mismo calibre que no han tenido la suerte de tener un reconocimiento internacional.
- Á‚¿Es cuestión de suerte?
- Sí. Independientemente de los méritos que nadie puede negar, recibir premios es un problema de suerte. El reconocimiento internacional lo tienen muchísimos científicos argentinos, pero en materia de premios el que no tiene padrinos muere infiel. En general, todos los premios son el resultado de una propuesta, y todo depende de los amigos que uno tenga. Independientemente de que a nadie incompetente y sin méritos se le da un premio, entre todos aquellos que tienen buenas calificaciones y aptitudes, sólo los que tenemos amigos sacamos premios. Houssay fue excelente, pero también debe haber tenido amigos que lo propusieron.