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“Si la educación superior es regulada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un servicio comercial más, se puede legítimamente preguntar para qué servirán los gobiernos nacionales. Si se acepta la propuesta, cualquier Estado que no cumpla con los compromisos firmados con la OMC podrá ser condenado a pagar indemnizaciones a los empresarios o industriales de la educación que se consideren perjudicados y estará sujeto a represalias de los países proveedores de enseñanza, en especial de la enseñanza por Internet”. Así destaca Marco Antonio Rodríguez Dias, un prestigioso académico brasileño, a partir de cuya conferencia presentada en la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas se firmó en abril de este año la llamada Carta de Porto Alegre “Llamamiento contra la transformación de la educación en mercancía”.
El debate se trasladó la semana pasada a la Reunión de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que nuclea a 15 instituciones de educación superior públicas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Los rectores, reunidos en la Universidad Nacional del Litoral con sede en Santa Fe, debatieron el tema y acordaron estrategias comunes para alertar a la comunidad sobre las nefastas consecuencias de estos procedimientos y solicitar a los gobiernos de cada país que no suscriban ningún compromiso en esta materia en el marco de la OMC.

La propuesta de la OMC

La Organización Mundial de Comercio es un foro de negociaciones comerciales que reúne a 144 países. En 1994 los Estados Miembros de la OMC aprobaron el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), un conjunto de normas multilaterales que abarca el comercio internacional de servicios, busca regular los intercambios de la oferta y la demanda y ordena el acceso de los proveedores extranjeros a los mercados de cada país.
Como explicó en detalle el Secretario Ejecutivo de la AUGM, Ing. Jorge Brovetto (Uruguay), en 1998 –dos semanas antes de iniciarse en París el mayor encuentro mundial de educación superior–, el secretariado de la OMC decidió incluir a la educación superior entre los servicios reglamentados por el AGCS, mientras que en 1999 se iniciaron las negociaciones por la liberalización de este nuevo mercado. En 2001, los países miembros aprobaron un nuevo acuerdo en el que se incluye esta “sorprendente propuesta” –según aclara Brovetto– de un “nuevo actor inesperado en el escenario de debates sobre la educación superior” y que se contrapone totalmente con la Declaración de Paris firmada en 1998. En ese documento, firmado por 188 países se definía de manera inequívoca a la educación como un bien público que “debe basar sus orientaciones de largo plazo en objetivos y necesidades sociales, indispensables para el equilibrio social, en especial para los países en desarrollo, necesarias para corregir las desigualdades sociales y para consolidar las identidades culturales”.

“Nuestros gobernantes, ni enterados”

Durante el debate, el rector de la Universidad Federal de Santa Maria (Brasil), Prof. Paulo Jorge Sarkis, relató las declaraciones contrarias que surgieron desde distintas organizaciones de universidades de todo el mundo, tanto de Estados Unidos, Canadá y Europa como de Latinoamérica, y señaló que en todos los casos, cuando fueron consultados los gobernantes acerca del acuerdo firmado “la mayoría reconoce haber aprobado el acuerdo sin tener toda la información y sin conocer las consecuencias que implican en el terreno de la educación”.
Durante la XXXIII Reunión del Consejo de Rectores de la AUGM, los rectores de Brasil y de Uruguay informaron acerca de las gestiones realizadas con sus respectivos gobiernos y sus pares argentinos acordaron trasladar el debate al Consejo Interuniversitario Nacional, que tiene previsto reunirse los días 29 y 30 de este mes, para llevar adelante una iniciativa conjunta entre todas las universidades nacionales.
Además, se acordó trasladar la inquietud a todas las organizaciones de universidades existentes en los distintos países y en Latinoamérica para promover un amplio debate sobre el tema, a los efectos de informar a la sociedad y exigir a los gobiernos que se excluya a la educación de este tratado.

Principios contrapuestos

Lo que está en discusión no es la existencia del derecho privado para actuar en la gestión de la educación superior (de hecho en nuestros países la educación privada ha sido legislada y funciona desde hace muchos años), ni los avances en la internacionalización del saber, de hecho promovida desde sus inicios por la noción misma de la Universidad y en especial por las asociaciones de universidades como AUGM que buscan la integración y el intercambio. “Lo que está en juego es si aceptamos la transformación de la educación en un comercio y, más aún, si aceptamos que los Estados renuncien a su poder con capacidad de establecer en nombre de la sociedad y con la sociedad los principios básicos en los cuales fundamentar la formación de sus ciudadanos y velar por que ella fuera pertinente y de calidad”, concluyó Brovetto.
Si de principios se trata, cabe destacar las profundas diferencias que se plantean acerca de las nociones de eficacia, desarrollo, calidad, transparencia, según sea la óptica de los comerciantes del mundo o la de los universitarios y académicos.
“La Organización Mundial del Comercio insiste en destacar que la liberalización del comercio de mercancías ha sido en los últimos cincuenta años uno de los principales factores de crecimiento económico y de alivio a la pobreza en la historia de la humanidad. Análogos serían –en su línea de argumentación﷓ los efectos de la liberalización del comercio de servicios educativos si se articulan con la organización de un sistema de cooperación económica basado en el derecho internacional”, explicó el Rector de la UNL, Ing. Mario Barletta. Y contrapuso: “Para los miembros de la AUGM, en cambio, el desarrollo que permitirá aliviar las condiciones de marginalidad y depresión puede centrarse, fundamentalmente, en la decisión de avanzar en instancias de integración universitaria en el ámbito del Mercosur, afianzando las alianzas estratégicas en busca de sinergias académicas regionales”.
Se trata, en todo caso, de pensar otra globalización, basada en los valores de la cooperación y no del negocio, en el intercambio de conocimientos y no de dinero, para lo cual es necesario fortalecer las asociaciones auténticas basadas en la confianza mutua de nuestros países, que rescaten nuestras culturas y respeten nuestra identidad. La reflexión está orientada a rescatar las misiones de las instituciones de educación superior y salvaguardar sus responsabilidades éticas, sociales y culturales frente a los avatares políticos y económicos. “Los poderosos intereses que se mueven detrás de esta política, presionan por la transformación de la educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial, con la consiguiente desregulación y eliminación de todo control de calidad”, señala la Carta de Porto Alegre.
“El mercado no tiene valores; tiene apetitos” –disparó el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, CPN Ricardo Suárez– “y el apetito se calma con ganancias. Eso no es educación”. A lo que un colega brasileño agregó: “La educación debe ser siempre ciencia, tecnología, cultura y desarrollo; si no, es simple transmisión de saber y no se forma de esa manera ciudadanos libres y con capacidad crítica para enfrentar el mundo que vivimos”.
Para los interesados, la Carta de Porto Alegre puede consultarse en el sitio de la AUGM: www.grupomontevideo.edu.uy/documentos.htm