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Luego de dos días de debate, el XLVII Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional acordó realizar una reunión del Comité Ejecutivo en Capital Federal en la que se emitiría una resolución teniendo en cuenta la “Declaración de Tucumán”, un documento aprobado de manera unánime por todos los rectores participantes del plenario.
Atendiendo a “la preocupante situación presupuestaria que padece el sistema universitario y educativo en general, y la necesidad de disponer medidas concretas”, el pasado martes 30 de abril los siete rectores que integran el Comité Ejecutivo del CIN resolvieron “solicitar una audiencia al Presidente de la Nación con el objeto de ofrecer la capacidad del conjunto de las Universidades Nacionales para realizar aportes tendientes a enfrentar la actual crisis y mitigar sus efectos”.
Asimismo, a través de la resolución nÁ‚° 224/02 el Comité Ejecutivo decidió “exhortar a todos los agentes del sistema educativo y científico a articular sus acciones para sostener y mantener activas las instituciones educativas y de generación y transferencia de conocimiento, profundizando sus servicios a la sociedad, a la producción y al Estado, y poniendo a su disposición un espacio pluralista donde se debatan los grandes problemas y se definan participativamente los senderos de desarrollo en cada región y en el país”.
Por su parte, el artículo 3 de la resolución sostiene la necesidad de “hacer saber esta voluntad a la Ministro de Educación y acordar dentro del Consejo Federal mecanismos para convocar a todos los sectores responsables de la educación, así como a los representantes políticos y sociales, en cada región y a nivel nacional, para definir, sobre propuestas concretas, el futuro del país”. En tanto, el 4Á‚° artículo de la resolución propone “invitar a la Ministro de Educación a retomar conjuntamente la iniciativa de una Ley en Defensa de la Educación Pública, incluyendo mecanismos de recuperación del valor real de los salarios y recursos invertidos dentro de un programa de cinco años 2002 – 2007, como horizonte seguro para acordar los criterios de asignación más convenientes para el país y generar proyectos de desarrollo del sistema de educación e investigación”.
Por último, al tiempo que el Comité Ejecutivo del CIN incita a seguir reclamando a las autoridades nacionales “el envío de los fondos correspondientes adeudados a la fecha, el pago puntual, y el inicio de análisis de mecanismos que permitan recuperar el valor real de salarios y otras asignaciones”, decidió “convocar a una Jornada Nacional en Defensa de la Educación Pública a realizarse en cada Universidad Nacional en el mes de mayo de 2002”.
Durante las sesiones llevadas a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tucumán en la localidad de Horco Molle – ubicada a 16 kilómetros de la capital provincial – todos los rectores presentes acordaron por unanimidad elaborar un documento que decidieron llamar “Declaración de Tucumán. La Universidad Pública ante la sociedad en época de crisis”.

Declaración de Tucumán

Nuestra sociedad atraviesa una crisis inédita por su extensión, su duración y la gravedad de sus efectos. La alimentación diaria de todos no está garantizada en un país exportador de alimentos. La inversión está frenada, aumenta la desocupación y la caída de ingresos de los trabajadores. Como contrapartida, se verifican transferencias de decenas de miles de millones de pesos hacia los grupos económicos más concentrados –particularmente los extranjeros- poniendo en crisis al sistema financiero, privando a los pequeños ahorristas de su patrimonio, endeudando adicionalmente al Estado. Se reclaman ajustes y despidos, que implican reducir la capacidad de la Nación y las Provincias para hacer eficiente su gestión y responder a más desempleo y recesión. Los ciudadanos aumentan su escepticismo ante la falta de respuestas eficaces a estos problemas.
El sistema público educativo está presente en todo el territorio nacional, y en este momento de incertidumbre generalizada debe constituirse en una base firme para sostener o reconstituir los lazos sociales y las voluntades, integrando a niños, jóvenes y adultos en la búsqueda de un nuevo rumbo para su realización personal y la de sus comunidades, como protagonistas del desarrollo. Para ello, el sistema universitario debe explicitar con mayor claridad sus objetivos estratégicos, y participar más activamente en la definición de un nuevo proyecto nacional actuando con la sociedad civil y el Estado.
Nuestra primera responsabilidad como instituciones públicas, junto con las escuelas, colegios e institutos, es asegurar el acceso generalizado a la mejor calidad educativa. La investigación científica y tecnológica es otra actividad crítica que debe sostenerse para mejorar la competitividad y la calidad de vida de los argentinos, condiciones de desarrollo de las naciones.
Pero la crisis de los mecanismos normales de una economía moderna nos compromete además a redoblar la movilización de todas las capacidades y recursos de las Universidades Nacionales –infraestructuras y recursos humanos: investigadores, docentes, no docentes, estudiantes, graduados,- para profundizar el trabajo conjunto con las organizaciones sociales, productivas, no gubernamentales y gubernamentales, atendiendo más de cerca sus demandas ante la emergencia.
Así tendremos mayores oportunidades de contribuir a superar las situaciones de los sectores más vulnerables en cuanto al acceso de alimentos, la cobertura del riesgo sanitario y del riesgo educativo, multiplicando los esfuerzos para evitar la deserción de los estudiantes y poniendo nuestros profesionales con sus laboratorios, hospitales y otras capacidades productivas al servicio de las necesidades más acuciantes. También podemos seguir contribuyendo a sostener y reactivar los puestos de trabajo productivo, dando especial apoyo a los sistemas de PyMES y a los emprendimientos asociativos de carácter solidario, y promoviendo el desarrollo local participativo, fortaleciendo así las instituciones locales y dinamizando la economía nacional desde todas las regiones del país.
En especial, podemos contribuir a alentar, acelerar y hacer eficiente el proceso de sustitución de importaciones ya espontáneamente en marcha, apoyando a los productores nacionales y sus proyectos.
Pero será prácticamente imposible lograr los resultados buscados si se continúa con variantes de las mismas políticas neoliberales que han conducido a la prolongada recesión económica, a la destrucción de capacidades materiales y humanas y a las hambrunas y otras formas de violencia social. La educación y el desarrollo económico, social e institucional van de la mano, y es difícil lograr eficiencia, calidad de la educación y creatividad científica, con una economía excluyente y dependiente, un Estado en perpetuo ajuste y una sociedad fragmentada. La universidad debe ejercer un pensamiento crítico y a la vez propositivo. Hay que identificar las malas políticas y realizar propuestas alternativas concretas y viables, construidas con los diversos sectores interesados en el desarrollo nacional.
Ofrecemos un espacio público plural para la discusión y elaboración de políticas consensuadas. En este sentido venimos aportando orientaciones teóricas, marcos referenciales y propuestas concretas –como las del Plan Fénix, la producción de medicamentos genéricos, la capacitación laboral, la educación continua, la asistencia técnica a gobiernos locales, etc.- para atender esta situación, que se convertirá en terminal si no la reconducimos con urgencia.
Escuelas, colegios, universidades e institutos están a cargo de la efectivización de un derecho cada vez más fundante de la ciudadanía, la educación, y su lógica consecuencia, el acceso al conocimiento, elementos imprescindibles para sostener la producción y la calidad de vida. El sector de investigación científica y tecnológica, en universidades e institutos, es asimismo estratégico para retomar un sendero de desarrollo y competitividad con soberanía en el sistema global. No invertir en educación e investigación conspira contra la realización de derechos humanos reconocidos en la Constitución y contra el desarrollo social.