Declaraciones de Barletta
Rechazo al decreto que limita la autonomía universitaria
Miércoles 27 de marzo de 2002
Quiero creer que se trata de un error
La autonomía universitaria, uno de las principales banderas de las casas de altos estudios de nuestro país, está siendo mortalmente afectada en virtud del decreto 491/2002 firmado por Duhalde y todo su gabinete – incluida la ministra de Educación.
El polémico decreto nacional fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial como “Decreto de Necesidad y Urgencia sobre control del Poder Ejecutivo Nacional en las designaciones de personal de la Administración Pública Nacional”, y estipula que todo nuevo nombramiento de personal en las casas de altos estudios, desde un decano a un recepcionista, deberá contar con la firma del presidente de la Nación.
“Quiero creer que se trata de un error. Ni el presidente ni nadie que no sean los órganos de gobierno universitarios puede intervenir en las políticas de las casas de altos estudios” dijo el Ing. Mario Barletta, rector de la Universidad Nacional del Litoral, haciendo referencia al decreto presidencial. “La Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior son claras al respecto: las universidades nacionales son parte del Sector Público Nacional pero no de la Administración Pública Nacional, razón por la cual no mantenemos dependencia orgánica funcional con el Poder Ejecutivo”.
Según el artículo 75, inc. 19 de la Constitución Nacional y en virtud de la Ley de Educación Superior (NÁ‚° 24.521), las Universidades Nacionales de nuestro país gozan de autonomía y autarquía, es decir, no son entes descentralizados, tienen sus propios órganos de gobierno y están facultadas para administrar por si mismas su patrimonio y disponer de los recursos que se les asigna a cada una de ellas a través de la ley de presupuesto. Asimismo, la Ley Nacional NÁ‚° 24.447 dispone la descentralización salarial en virtud del cual las Universidades tienen la posibilidad de administrar su presupuesto dentro del marco que dispone la ley.
“Este decreto es una aberración contra la autonomía universitaria. Pero además evidencia una falta total de sentido común: Á‚¿ cómo un presidente va a decidir quien será el profesor de Matemática I en Ciencias Económicas en la ciudad de Santa Fe o el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales?”, se preguntó el rector.
“A los recortes presupuestarios que venimos sufriendo, la demora en el envío de los fondos y la subejecución de las partidas, ahora se suma un decreto inconstitucional que no tiene asidero. Comenzaremos con las acciones legales en los tribunales federales de nuestra ciudad”, concluyó Barletta.
El polémico decreto nacional fue publicado la semana pasada en el Boletín Oficial como “Decreto de Necesidad y Urgencia sobre control del Poder Ejecutivo Nacional en las designaciones de personal de la Administración Pública Nacional”, y estipula que todo nuevo nombramiento de personal en las casas de altos estudios, desde un decano a un recepcionista, deberá contar con la firma del presidente de la Nación.
“Quiero creer que se trata de un error. Ni el presidente ni nadie que no sean los órganos de gobierno universitarios puede intervenir en las políticas de las casas de altos estudios” dijo el Ing. Mario Barletta, rector de la Universidad Nacional del Litoral, haciendo referencia al decreto presidencial. “La Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior son claras al respecto: las universidades nacionales son parte del Sector Público Nacional pero no de la Administración Pública Nacional, razón por la cual no mantenemos dependencia orgánica funcional con el Poder Ejecutivo”.
Según el artículo 75, inc. 19 de la Constitución Nacional y en virtud de la Ley de Educación Superior (NÁ‚° 24.521), las Universidades Nacionales de nuestro país gozan de autonomía y autarquía, es decir, no son entes descentralizados, tienen sus propios órganos de gobierno y están facultadas para administrar por si mismas su patrimonio y disponer de los recursos que se les asigna a cada una de ellas a través de la ley de presupuesto. Asimismo, la Ley Nacional NÁ‚° 24.447 dispone la descentralización salarial en virtud del cual las Universidades tienen la posibilidad de administrar su presupuesto dentro del marco que dispone la ley.
“Este decreto es una aberración contra la autonomía universitaria. Pero además evidencia una falta total de sentido común: Á‚¿ cómo un presidente va a decidir quien será el profesor de Matemática I en Ciencias Económicas en la ciudad de Santa Fe o el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales?”, se preguntó el rector.
“A los recortes presupuestarios que venimos sufriendo, la demora en el envío de los fondos y la subejecución de las partidas, ahora se suma un decreto inconstitucional que no tiene asidero. Comenzaremos con las acciones legales en los tribunales federales de nuestra ciudad”, concluyó Barletta.
Espere por favor....