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Bajo la temática “Inseguridad y estrategias de control del delito en América Latina”, se desarrolló en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) la primera mesa redonda del Foro Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, de la que participaron Emilio Dellasopa, de la Universidad Federal de Río de Janeiro; Alfredo Rodríguez, de Corporación Sur (Chile); y Juan Pegoraro de la Universidad de Buenos Aires.
La jornada estuvo organizada por el Programa Delito y Sociedad de la UNL. Del acto de apertura participaron el rector de la casa de altos estudios, Albor Cantard; el secretario de extensión, Gustavo Menéndez; y el director del Programa Delito y Sociedad, Máximo Sozzo.

Brasil, una realidad violenta
Dellasopa abordó la problemática de la  inseguridad en Brasil. Debido a la cantidad de muertes, secuestros y violencia, el orador consideró que se trata “una situación extremadamente compleja, en la que se da un conflicto de intereses”. En este sentido remarcó que “la policía no es parte de la solución, sino del problema”.
Debido a que las realidades son muy distintas en cada ciudad de un país tan extenso, se limitó a analizar el caso de Río de Janeiro. “Uno de los problemas es el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Cómo controlar la violencia, los excesos y corrupción de la policía es la pregunta de todos los gobiernos en los últimos 20 años”, destacó.
En este sentido detalló que “había un descontrol en la policía, ya que las fuerzas policiales estaban involucradas en el secuestro de empresarios y civiles”. Para terminar con esta situación se implementó el premio “Farwest”, una recompensa para los policías militares que se enfrentaban con los delincuentes. Pero se incrementaron las muertes a manos de la policía sin disminuir los secuestros. Esto recién se consiguió cuando se puso al frente de la División Antisecuestros a una persona capaz de frenar la participación policial en estos delitos.
Otro de los problemas que preocupa a Dellasopa es la actitud de la población ante la violación de los derechos de los detenidos. “El 25% de la población considera válido torturar a un detenido para obtener información, un 30% duda sobre esta medida y sólo un 20% asegura que jamás se debería torturar. ¿Cuál es la solución? ¿el ejército? Claro que no. El desafío es pensar nuevas formas de intervención dentro de los ideales democráticos”, concluyó.

La inseguridad de los pobres
“Los conflictos sociales, por ejemplo los relacionados con la seguridad, ocurren en el espacio de la ciudad, un espacio que se crea y se recrea continuamente”, comenzó explicando Rodríguez. Es por esto que señaló como “una debilidad recurrente de las políticas sociales” el hecho de que no tomen en cuenta el espacio físico.
De acuerdo a los resultados de un trabajo en el que se rescataron los relatos de 150 pobladores chilenos de los barrios marginales, Rodríguez aseguró: “Cuando se habla de los temores de la ciudad se da por sentado que son los integrados los que sienten miedo respecto de los excluidos. Pero lo interesante de este trabajo es que para los entrevistados, los barrios peligrosos son los de las personas de altos ingresos y el centro porque allí son discriminados”.
En este sentido remarcó: “El miedo va más allá de lo delictivo, refiere a una segregación simbólica. Por eso cuando piden más seguridad, lo que piden es más acceso, más transporte público, más educación y salud. Las políticas sólo sirven para mantener la brecha”.

Ciudadanía y desigualdad
El cierre estuvo a cargo de Juan Pegoraro, quien denunció: “El delito constituye y soporta un determinado orden social. La política penal está al servicio del orden social, que no es igualitario ni fraterno, sino que establece dominación, persiguiendo a unos y no a otros. La desigualdad no es una abstracción”. Para demostrarlo dio algunos ejemplos: en América Latina, el 20% más rico de la población obtiene el 39,91% del PBI, en tanto el 20% más pobre, sólo recibe el 4,52%. Estos porcentajes no difieren mucho de los del primer mundo, ya que en Europa el 20% más rico se queda con el 39,69% del PBI y el 20% más pobre alcanza el 6,26%.
“En un país como el nuestro, con 13 millones de pobres y 3,5 millones de indigentes, la ciudadanía es una abstracción”, sentenció el sociólogo y se refirió a una “doble victimización que sufren los pobres”. Por un lado, son constituidos pobres como resultado de las relaciones sociales; y, en segundo lugar, se los castiga cuando violan la ley. “La ley surge de una conquista. No tenemos que olvidar las huellas constitutivas de la violencia que le dio origen”.
Finalmente, no se ahorró críticas hacia la política penal argentina: “Al castigar al pobre se resguarda el orden social. La política penal confirma el imaginario del delito: el que delinque es pobre y marginal. Además es selectiva porque castiga los delitos comunes y no a los delitos económicos organizados. El único delito que se pretende controlar es el de los pobres”.