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En el marco del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el rector Albor Cantard, junto al decano Javier Aga, presentaron el trabajo realizado por profesores de las áreas de De­recho Penal y de Derecho Procesal Penal, que dio como resultado la elaboración del Documento de Análisis al Anteproyecto de Código Penal de la Nación.

“Oportunamente fuimos convocados a participar por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para elaborar un informe de análisis. Lo que hemos hecho nosotros en estos últimos meses fue cumplir con ese pedido institucional, y estamos orgullosos de poder dar a conocer públicamente nuestra opinión académico-institucional referida a ese Anteproyecto”, señaló Javier Aga, decano de la FCJS.

El Documento, elaborado por los profesores titulares de Derecho Penal: Ricardo Álvarez, Jorge García, Julio de Olazábal y Marco Antonio Terragni; profesores adjuntos: Diego Di Siena, Cecilia A. Goyeneche y Leandro Ríos; jefes de trabajos prácticos: Mario M. Barletta, Ayelén García Gastaldo y Jorge Patrizi; ayudantes de cátedra: María E. Biondi y Cristian Fiz; por el profesor invitado: Julio Federik; y por la tutora alumna en Derecho Penal, Julieta Rodeles; “se pone hoy a consideración de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto con la esperanza de que la Comisión Redactora del Anteproyecto tenga en cuenta este dictamen elaborado en nuestra Facultad, porque tiene que ver con la democratización de la discusión de una ley muy importante que hace a la vida de todos los argentinos”, concluyó Aga.

Sobre lo trabajado

El profesor Julio De Olazábal, expresó que “desde un punto de vista técnico, no cabe ninguna duda que el Código Penal Argentino, viene reclamando desde hace muchísimo tiempo una reforma sustancial. Ha habído numerosas modificaciones pero que han dejado una serie de desaciertos que desquiciaron al Código Penal”.

“Cuando desde la Universidad se nos convocó a los docentes para el estudio del Anteproyecto, el primer problema que se nos presentó y sobre el que debatimos fue si hacíamos un análisis técnico o uno más mas amplio. Y decidimos hacer un análisis técnico pero que también vea a la realidad, ya que debíamos pensar que toda ley es un instrumento para tratar de hacer justicia, para ser útil a la sociedad en la función de la administración de la Justicia”, destacó De Olazábal.

“El Código Penal es un instrumento para la política criminal del Estado Argentino, y esto no se resuelve simplemente diciendo qué hay que cambiar y con cuánto hay que castigar. No es tan sencillo y eso debe ser la consecuencia de un estudio previo que vea a la sociedad en el momento actual: ‘¿hasta qué punto está dispuesta a tolerar la intromisión del Estado en sus vidas?’, ‘¿qué grado de castigo está dispuesta a soportar la sociedad?’, ‘¿cuáles son las consecuencias que se seguirían de la sanción de un código o de cualquier ley?’; y nosotros no nos encontramos en la redacción del Anteproyecto con una consideración respecto a esto”, puntualizó.

“Creo que el Anteproyecto no puede ser criticado desde el punto de vista técnico, pero sí le está faltando su relación con las posibilidades: falta que se nos explique cómo va a funcionar esto. Lo más importante para nosotros desde una perspectiva critica político-criminal, y a partir de la cual establecemos nuestros mayores interrogantes, es que no vemos detallada en esta nueva propuesta de Código Penal Argentino qué capacidad de gestión tiene el Estado para la aplicación de este Anteproyecto, y eso es fundamental”, finalizó el profesor De Olazábal.