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Aunque teñido por la crisis, el Día del Niño fue celebrado por muchos chicos de nuestra provincia: con o sin regalos, recibirán sonrisas, besos y felicitaciones, más que un domingo cualquiera. Pero muchos otros –cada vez más– se disfrazarán de adultos, otra vez, para salir a vender estampitas en los colectivos, limpiar parabrisas o estirar la mano y pedir que alguien se compadezca, aunque sea por hoy, de su situación.
“Es que en Santa Fe no existen políticas públicas para niños y adolescentes. Y la que existe tiende a judicializarlo, no a prevenir ni solucionar la situación”, afirma la investigadora Mirta Mangione Muró, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del proyecto de investigación y desarrollo Políticas públicas relativas a la infancia y adolescencia en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Paraná.
El equipo de investigación –integrado también por profesionales de las universidades de Entre Ríos (UNER) y Rosario (UNR)– plantea estudiar las legislaciones que en la región ampararon a los menores, teniendo en cuenta cuatro períodos históricos: desde los inicios de la conquista hasta 1940, desde 1940 a 1960, de 1960 a 1976, y desde entonces a la fecha, estas dos últimas todavía en elaboración. Del análisis, surge la certeza de que las legislaciones ampararon históricamente al infante desprotegido, por considerarlo socialmente riesgoso. “Los chicos ricos siempre terminaron en el diván del psicólogo, y los pobres en el Juzgado de Menores”, graficó Mangione para explicar la situación.
Y pese a que la legislación que ampara a menores en nuestra provincia ha sido pionera en el país, y aun cuando la Convención de los Derechos del Niño se incorporó a la Constitución Nacional en 1994, exigiendo el respeto a los menores e imponiendo una serie de condiciones mínimas de vida, la situación no ha variado. “Los chicos que hoy te limpian el parabrisas en la calle muchas veces están con sus padres y no pueden ir al Juzgado de Menores porque aunque nos duela están siendo cuidados por ellos”, indica la letrada.
Es aquí donde surge la necesidad de una política pública clara, que solucione este tipo de conflictos sociales que la actual coyuntura reitera hasta el cansancio: “El chico está en la calle en lugar de estar en la escuela porque es el único sostén económico de la familia. A eso se lo revierte con una política de subsidio: conseguir un empleo para el padre y evitar judicializar la situación. Es la política pública la que debe resolver el tema”, opinó la directora del proyecto que subvenciona la UNL.

Sujeto con derechos

“El hogar de huérfanos fue la primera forma de protección para los chicos, amparado en las leyes inmigratorias”, comenzó a explicar Mangione, y continuó: “El primer aluvión inmigratorio trae chicos que se presume pueden ser delincuentes, por vivir en inquilinatos: allí surgen la escuela como forma de control social y estos institutos para atenderlos, a los efectos de contenerlos y evitar el conflicto”.
El recorrido histórico da cuenta de que las leyes de protección a la infancia ampararon a menores marginados, algo que cambió radicalmente a partir de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada en la Constitución Nacional desde su reforma de 1994: a partir de ese momento, el menor se convierte en un sujeto de derechos “En nuestro derecho civil la base de la infancia tiene que ver con la incapacidad: el niño o el adolescente es incapaz hasta los 21 años, por eso requiere autorización de los padres. La Convención dice que el menor es niño desde la concepción hasta los 18 años, y que tiene derechos. De esa manera se revierte la incapacidad por la capacidad: el niño tiene capacidad, de acuerdo con sus facultades”, aclara Mangione, mientras opina que tal cambio es difícil de comprender en el derecho y pocas veces se lleva a la práctica.

En Santa Fe

La primera ley provincial que se ocupó de la niñez desprotegida en Santa Fe se promulgó en 1926. A partir de ella se crearon los Tribunales de Menores y se otorgó competencia a los jueces de menores, toda una innovación para la época. “En el tema de infancia, la provincia de Santa Fe tuvo una legislación de avanzada, porque dictó una de las primeras leyes de menores que hubo en el país y fue una de las primeras provincias que tuvo jueces de menores. En esa ley, lo que se hace es proteger al menor institucionalizándolo y judicializándolo”, explicó Mangione. Hoy esa legislación fue modificada y entre sus cambios figuran: que el juez de menores no tendrá en cuenta la situación económica; que únicamente será competente cuando haya estado de abandono, es decir, cuando no haya patria potestad o ésta esté resquebrajada (los casos de violencia familiar, por ejemplo); que el chico pueda ser defendido por su propio abogado; y que la institucionalización sea la última de las medidas a tomar por el juez.
“Actualmente, en Santa Fe el juez de menores no debe tener en cuenta la situación económica para intervenir en la legislación sino el estado de abandono de los chicos: ahí empieza a desaparecer la diferenciación entre chicos pobres y ricos, pero únicamente en la legislación. Todo esto tiene que ir a la práctica”, instó Mangione, y concluyó: “Son los jueces de familia y de menores quienes tienen que entender que se ha producido un cambio”.

Cuadro de situación

- Según la OIT, existen alrededor de 250 millones de niños trabajadores entre 5 y 14 años de edad en los países en vías de desarrollo.
- Para los países de América Latina (exceptuando el Caribe) se estima que fines de los 90 habrían alrededor de 7,6 millones de niños y niñas trabajadores entre los 10 y 14 años.
- Si se incluyen las tareas domésticas y a los menores de 10 años, la cifra total de trabajadores menores de 15 años se estima entre 18 y 20 millones. Esto supone una tasa de actividad del 20%, es decir, que uno de cada cinco niños entre 10 y 14 años es trabajador.
- Si a esta cifra se suma a los adolescentes trabajadores entre los 15 y 18 años incompletos, se tiene en la región latinoamericana alrededor de 30 millones de niños y adolescentes trabajadores.
- Cada hora, siete personas de la región resultan infectadas con el VIH; la mitad de ellas niños, niñas y jóvenes en el grupo de edades entre los 10 y 24 años. El total de huérfanos por cuenta del VIH/SIDA asciende hoy a 195.000 (110.000 en América Latina y 85.000 en el Caribe).