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Los días 22 y 23 de Mayo del corriente, se desarrollaron en la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral las Jornadas de Trabajo “Santa Fe después de la catástrofe”.
Durante su desarrollo se contó con la participación de la comunidad académica de la FADU y otras Unidades Académicas de la UNL, y en carácter de invitados, expertos locales, nacionales y extranjeros, todos ellos integrantes de grupos de investigación de las distintas Facultades de la UNL y de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales Argentinas y del Uruguay, con experiencia tanto en planificación urbana y desarrollo territorial de áreas o zonas de riesgo, como en la elaboración de planes de contingencia.

I. Presentación del estado de situación: relato de la catástrofe.

Exposición de los especialistas invitados de las distintas Unidades Académicas de la UNL.
- Ciudad construida, paisaje y territorio: Arqs. Mirta Soijet, Laura Bertuzzi, Miguel Rodríguez, Raúl Tonini y Graciela Mantovani, docentes de las Cátedras de Urbanismo de la FADU.
- La crecida extraordinaria del Río Salado – Causas que provocaron la inundación de Santa Fe: Ing. Mario Schreider, Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas.
- El Impacto de la catástrofe en la Salud Mental: Dr. Carlos Lliota, Médico Psiquiatra, Profesor de la cátedra de Psiquiatria de Adultos en la UNL, UNR y UDA , Ex Director de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe (1984 – 1987), Ex Director Hospital Mira y López, Practicante del Psicoanálisis.
- La ciudad y los riesgos: Geógrafa Blanca Fristchy, Profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, Investigadora del Conicet, Directora del Laboratorio de Geografía Ambiental de la UCSF.
- La problemática higiénico-sanitaria derivada de la catástrofe: Lic. Carlos Zapata, Docente e investigador de las Facultades de Bioquímica y Cs. Biológicas y de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Coordinador del Area de Saneamiento de la Escuela Superior de Sanidad de la FBCB, y docente de la Maestría en Gestión Ambiental de la FICH.
- La atención en la emergencia: Katya Zuskazubriggen, Secretaria General de la Federación Universitaria del Litoral.

II.2. Mesa Redonda

La mesa redonda estuvo coordinada por el Director del Programa de Cooperación de la UNL en el proceso de reconstrucción de la región santafesina afectada por las emergencias hídricas, Lic. Hugo Arrillaga. Expusieron los expertos invitados de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales Argentinas y del Uruguay.
- Arq. Juan Manuel Borthagaray (UBA - Universidad de Buenos Aires)
- Dr. Juan Carlos Morello (UBA)
- Arq. David Kullok (UBA)
- Arq. Rubén Gazzoli (UBA)
- Arq. Rodolfo Macera (UBA)
- Arq. Carlos Acuña (Universidad de la República, Uruguay)
- Arq. Pablo Sierra (Universidad de la República, Uruguay)
- Arq. Víctor Pelli (UNNE - Universidad Nacional del Nordeste)
- Arq. Arq. Osvaldo Rebechi (UNNE)
- Ing. Eliseo Popolizio, Director del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades (UNNE).
- Ing. Jorge Pilar, del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería (UNNE).
- Ing. Rohrman, Director de la Administración del Agua y Director de las Defensas de Resistencia.
- Dra. Isabel Martínez de San Vicente (UNR)
- Arq. Virginia Rodríguez (UNSJ - Universidad nacional de San Juan).
- Inés Persia (UNSJ)

III. Conferencia

- Gran Resistencia-Chaco. Plan de alerta y evacuación en caso de inundaciones: Benicio Szymula, Intendente de la ciudad de Resistencia.

IV. Grupos de trabajo

Se constituyeron tres grupos de trabajo:
1- El proceso de reconstrucción del territorio. Moderadores: Arq. Virginia Rodríguez (UNSJ).
2- El tratamiento de la emergencia y rehabilitación. Moderadores: Arq. Víctor Pelli (UNNE).
3- Los modelos deseables de gestión territorial en la post-emergencia. Moderadores: Arq. Carlos Acuña (UDELAR).

Síntesis de las Jornadas: “LA CIUDAD DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE”

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional del Litoral
22 y 23 de Mayo de 2003
La situación en la que ha quedado involucrada la Ciudad de Santa Fe después de la inundación es de tal gravedad y complejidad que abarca desde la aparición de un nuevo universo de necesidades sociales, hasta el agravamiento de las condiciones preexistentes y de los niveles de vulnerabilidad a los que la Ciudad estaba expuesta, situaciones que posibilitaron y potenciaron la catástrofe, y sobre la cual no existía una debida conciencia social.
La inundación no sólo arrasó familias y patrimonios, sino también a un número no determinado de unidades económicas, empleos y variados modos de subsistencia de una gran cantidad de personas; y se llevó los lugares queridos que sustentaban al tejido social. A medida en que el agua se ha retirado, ha quedado en evidencia un sistema económico local colapsado, un tejido social fragmentado y empobrecido, y un sistema institucional debilitado y cuestionado en su capacidad de proteger y dar respuestas a la sociedad. En este marco, la Universidad Pública, como actor principal y natural del campo del conocimiento científico-técnico, no debe hacer otra cosa que volver a comprometer su máxima capacidad de cooperación con la sociedad de la cual es parte, tanto en la atención de la emergencia como en el proceso de recuperación y reconstrucción del territorio. Para la Universidad Nacional del Litoral esta actitud de cooperación y servicio se funda tanto en los valores institucionales como en la vocación regional y el compromiso social, que le dieran origen hace más de 100 años.
La UNL, entre las actividades que desarrolla para contribuir a la reconstrucción de la Ciudad, ha recibido a un conjunto de Instituciones Académicas a fin de analizar los alcances y delinear las estrategias deseables para fundar dicho proceso de reconstrucción.
Así, con espíritu solidario han concurrido especialistas de varias altas casas de altos estudios, entre las que cabe señalar a la Universidad de la República de Uruguay, y las Universidades Nacionales de Buenos Aires, San Juan, Nordeste y Rosario, quienes junto con los docentes investigadores de nuestra propia Universidad asumieron reflexivamente el proceso de producción de las principales recomendaciones que a continuación se exponen.
El debate desarrollado tuvo como objetivo aportar elementos conceptuales para una eficiente definición de las políticas públicas que, sin duda, deberán instrumentarse en la rehabilitación y la reconstrucción de nuestro territorio.
Dichas políticas públicas se deberán definir en base a alguno de los dos grandes enfoques actuales sobre el problema y el alcance de la reconstrucción después de las catástrofes. Uno de estos enfoques circunscribe el alcance del proceso de reconstrucción a la recuperación de la infraestructura pública y privada perdida, con la implementación de mecanismos de compensación focalizados. El otro enfoque – recomendado por los principales organismos multilaterales de cooperación, como la ONU y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) – entiende que “los procesos de reconstrucción deben lograr la recuperación de las condiciones de vida previas al evento, pero con reducción de la vulnerabilidad que originó la emergencia.” En ambos enfoques subyacen marcos políticos y epistemológicos.
En el primero, se parte de una concepción del Estado como espacio público que debe minimizar su capacidad de intervención, generando sólo políticas compensatorias, y una concepción general de la reconstrucción limitada a los problemas objetivos de infraestructuras, dejando la resolución de la misma restringida al conocimiento científico logrado y, por lo tanto, basada sólo en el aporte de expertos.
El segundo enfoque centra el objetivo en la reducción de la vulnerabilidad, lo que lleva a la necesidad de modificar los factores determinantes de la catástrofe, porque son precisamente dichas condiciones las que determinan la vulnerabilidad de un territorio y convierten un fenómeno natural en un desastre: la pobreza, el uso inadecuado del suelo, la ineficiencia estructural de los organismos de Estado, la destrucción del hábitat natural, la falta de conciencia social sobre su propia exposición al riesgo, entre varios otros.
En este sentido, la CEPAL señala que “el reto de la reconstrucción es un reto de desarrollo” y que como tal, el mismo debería tener como características:
- Integralidad: debe abarcar en forma integral aspectos sociales, políticos, económicos, y ambientales.
- Legitimidad: debe surgir como un consenso social entre los diferentes estamentos de la sociedad respecto de los objetivos y las prioridades.
- Movilización: debe sustentarse en el esfuerzo de todos los sectores y actores sociales.
Así, se propone un paradigma de acción construido sobre los siguientes supuestos:
Á‚· El espacio público, como ámbito de articulación del Estado con la Sociedad Civil, cuya adecuada interacción permite buscar la resolución de las principales tensiones sociales.
Á‚· La relación y articulación, en la práctica, del conocimiento científico disponible con el modo como las personas y las comunidades construyen sus experiencias y fundamentan sus acciones; pues los fenómenos naturales que alcanzan dimensiones de catástrofe son procesos de muy fuerte impacto en las comunidades, en sus actividades e inversiones, y en su cultura, lo que repercute directamente en la estructuración de criterios perceptivos, y en la generación de las actitudes y los comportamientos que terminan regulando las relaciones entre los subsistemas humano y el natural.
Dado el modo en que se orienta la reconstrucción en el medio local, especialmente desde los organismos oficiales, las Jornadas han procurado centrar el debate en la producción de un conjunto de conclusiones y recomendaciones que permitan abrir alternativas y orientar las decisiones políticas, antes que centrar el trabajo en la discusión de proyectos puntuales, lo que se deberá afrontar una vez resueltas y definidas las estrategias políticas. De este modo, se trata de contribuir a elucidar el dilema que enfrentan tanto los distintos niveles jurisdiccionales del Estado, como la misma Sociedad Civil.

Conclusiones y Recomendaciones para el proceso de Reconstrucción de la Ciudad de Santa Fe

Conclusiones y recomendaciones generales.
La reconstrucción de Santa Fe debe ser, en primer término, reconstrucción del tejido social que ha sido dañado (con independencia de las visiones críticas que podamos tener sobre el mismo), apuntando a que se rescaten los aprendizajes colectivos sobre los valores y fundamentos que nos explican como sociedad y que se están dando en estos días. Hacia ese objetivo deberán orientarse las acciones en todos los ámbitos: urbanismo, planeamiento, economía, educación, salud, entre otros.
El proceso de reconstrucción del territorio debe darse en el marco de un plan integral de desarrollo, que apunte a dar respuestas a las necesidades sociales emergentes de la catástrofe, y a revertir las condiciones de vulnerabilidad preexistentes. Para esto, es necesario concebir el proceso de desarrollo como totalidad, en un sentido holístico, integrando visiones interdisciplinarias e intersectoriales, esto es, articular el conocimiento producido por las diversas disciplinas científicas con el conocimiento producido por los actores sociales, que permita la construcción cabal de conocimiento sobre el territorio. Lo cual implica que la acción de reconstrucción sea participativa e integradora de la Sociedad Civil, para rescatar experiencias y saberes, identificar necesidades, y sumar capacidad de aportes a la concreción de las soluciones necesarias.
Al mismo tiempo, la acción de reconstrucción deberá abarcar un ámbito territorial más amplio que la zona afectada por las inundaciones, previendo que las políticas a definir deberán generar cambios en conductas aún en zonas relativamente alejadas que influyen en el comportamiento del sistema natural en la desembocadura del Río Salado, donde interactúa éste con el sistema del río Paraná.
Frente al problema habitacional derivado de la catástrofe, se recomienda no apelar al traslado masivo de población de su asentamiento original, sino sólo hacerlo en caso necesario y de modo puntual. Entre los especialistas fueron varias las razones mencionadas, destacándose que uno de los principales efectos es la pérdida de valores existentes en la cultura urbana – tales como sentido de pertenencia, redes asociativas o de contención social – o solo reconocibles en generaciones que difícilmente pueden ser recuperados por las familias tras el traslado.
Por otro lado, se identifica la necesidad de elaborar planes de prevención y contingencia en atención a la emergencia hídrica, como sistema integral de mitigación de daños.
En este contexto, los modelos de gestión (retomados en detalle más adelante) tienen una relevancia significativa, porque no sólo deben garantizar que la acción responda a las necesidades y urgencias de la población, sino que deben permitir integrar la capacidad de acción de la sociedad local la cual es, sin dudas, mayor a las capacidades instaladas en las diferentes jurisdicciones del Estado. Así, el fortalecimiento de un espacio público ampliado – que contenga tanto al Estado como a la Sociedad Civil – tiene un valor estratégico.
Así, es necesario establecer tres niveles de respuesta en términos de gestión y planificación, destinadas a responder las preguntas acerca de qué hacer ahora, qué hacer con la ciudad de aquí en adelante, y qué hacer ante otra emergencia hídrica. Estos niveles son:
1. la planificación y gestión de la actual emergencia, de implementación inmediata, destinada a resolver el problema urgente de las familias afectadas por la inundación y que se encuentran en situación vulnerable;
2. la planificación y gestión del reordenamiento territorial (urbano y regional), de implementación en el mediano y largo plazos, necesaria para definir los aspectos centrales del desarrollo territorial de cara al futuro;
3. la planificación y gestión de la situación de contingencia, de implementación en el mediano plazo, destinada a establecer los mecanismos civiles de organización y asistencia, así como las infraestructuras necesarias, para la protección colectiva ante inundaciones.
Como recomendación general, también cabe agregar que el proceso de reconstrucción deberá asentarse en una acción educativa que asegure, en un principio, la toma de conciencia por parte de la ciudadanía que se encuentra radicada en un área de riesgo hídrico. La peculiar ubicación territorial en el interfluvio que conforman los ríos Paraná y Salado, determina que la población se enfrente a un nivel de riesgo que, potencialmente, supera a toda obra de defensa posible. Las acciones de prevención implementadas, junto a todas las otras acciones que puedan llevarse a cabo, conseguirán sólo disminuir ese riesgo. En este orden, de acuerdo a la experiencia de otras sociedades, la mejor prevención radica en garantizar un uso y ocupación del suelo que armonice con el sistema natural, y desarrollar la capacidad de reacción colectiva frente a eventos extraordinarios, para resguardar a la población y minimizar los daños que ésta produzca.
Debe abandonarse la idea de un modelo único y excluyente de solución al problema, que pueda ser trasplantado sin más a este territorio. El modelo a implementar deberá ofrecer múltiples acciones alternativas y complementarias que respondan al particular contexto de Santa Fe. En su formulación deberán participar los recursos humanos locales, reconociendo que este territorio tiene una singular capacidad técnica instalada, y que esos recursos humanos constituyen los actores que mayor nivel de conocimiento poseen sobre la realidad local.

Conclusiones y recomendaciones particulares.

La reconstrucción del territorio.
Ya se ha mencionado que la reconstrucción del territorio deberá darse en el contexto de un plan integral. Esto supone la necesidad de movilizar diversas escalas de planificación y de intervención, en una instancia superadora de las actuales restricciones dadas por los límites jurisdiccionales. Por esta razón, como condición para pensar cualquier acción en la escala territorial – del Aglomerado del Gran Santa Fe, o aún más allá – aparece la necesidad de establecer mecanismos institucionales y efectivos de articulación, así como estructuras de gestión, que consigan construir gobernabilidad alrededor de un espacio de gestión intermunicipal y subprovincial.
En la escala del Aglomerado del Gran Santa Fe, la reconstrucción deberá ser una verdadera construcción consciente y programada de un territorio, organizada según criterios de complementariedad interna de los diferentes distritos – en lugar de los actuales criterios de competencia mutua – a partir de la cual puedan establecerse políticas residenciales, productivas, de transporte y de usos del suelo, entre otras.
Para esto se considera necesario tener en cuenta las diversas escalas de la región, así como el aprovechamiento de las infraestructuras (comunicación, de servicios, industriales, etc.) ya instaladas y desocupadas o subocupadas.
Un problema especial de la dimensión es la fragilidad de las vinculaciones terrestres de la Ciudad y del Aglomerado con las localidades circundantes, al que se deberá prestar atención en particular. En el sentido de pensar al territorio en forma integral, se propuso pensar en conjunto los sistemas de defensa y de vías de comunicación.
La gestión en la escala territorial deberá contemplar, asimismo, la formulación de un plan de contingencia ante el riesgo hídrico en la escala del Aglomerado. En términos conceptuales, se afirmó la necesidad, según recomendaciones internacionales, de vincular las nociones de medio ambiente y de desastre en el marco del modelo de desarrollo territorial. Esto implica que tanto la prevención de desastres como la mitigación de sus efectos deberán estar contemplados en el desarrollo integral del territorio.
En este sentido, se destacó la importancia tanto del compromiso del poder público con el tema, como de la concientización pública, para la cual se precisa establecer estrategias adecuadas de comunicación y difusión.
La acción de diseño técnico del proceso de reconstrucción y muy particularmente de la relación que la Ciudad tiene con el sistema natural que constituye su soporte y base de sustentación de sus actividades, debe surgir de procesos de concertación con los damnificados, sobre una base de información social que permita visualizar la fragilidad y vulnerabilidad del territorio.
En este marco la integralidad de la acción deberá articular las acciones de ordenamiento territorial tanto en los áreas y sitios afectadas, como en sus entornos inmediatos, llegando a la totalidad del territorio que conforma su cuenca de aporte.
En el área urbana, la reconstrucción deberá partir de un adecuado conocimiento de los niveles de riesgo a los que se encuentra expuestas sus áreas interiores. La integralidad debe tener en cuenta criterios de ordenamiento territorial, usos de suelo, normas sobre construcción y aseguramiento de bienes, apuntando a eliminar o disminuir las causas de vulnerabilidad tanto en el plano económico, local y regional.
Se destacó también como una recomendación especial, la necesidad de extremar las precauciones en la localización y protección futura de las instalaciones críticas (hospitales, por ejemplo); así como la necesidad de recuperar y defender sectores de la Ciudad.
Se deberá tener en cuenta que, en general, toda obra precaria pensada para paliar la emergencia resulta tanto o más costosa a largo plazo que una obra concebida para permanecer.

La cuestión habitacional.

En primer lugar, se destaca la necesidad de replantear el problema habitacional en la escala del Aglomerado del Gran Santa Fe, para establecer políticas en esa escala y dar lugar a acuerdos sobre localización de áreas residenciales, transporte, productivas, vinculaciones y actividades recreativas, entre otros.
Se parte de aceptar la diversidad social, económica y cultural de los afectados por la inundación, para poder identificar sus necesidades, de modo de desarrollar estrategias múltiples de resolución del problema habitacional, que contemplen alternativas más allá de la construcción masiva de viviendas.
Una acción eficaz para la resolución de la emergencia habitacional debe partir de una identificación precisa de las necesidades típicas que emergen de las demandas de los sectores sociales afectados, de modo tal de orientar las respuestas a la satisfacción de las necesidades y evitar el desperdicio de recursos en acciones sin eficacia.
Se trata de reconocer que las necesidades habitacionales de los afectados se definen en función de expectativas, imaginarios y relaciones sociales, pero también en función de las habilidades y capacidades para encontrar soluciones por sí mismos. Esto es, pensar en los damnificados no ya como “beneficiarios” pasivos de la asistencia, sino como actores de su propia reconstrucción.
Las acciones que emprenda el Estado deben atender esta diversidad, y generar la organización para satisfacer adecuadamente, lo cual implica incorporar la participación de los directamente interesados al proceso de reconstrucción.
Es evidente que no se podrá atender en forma particularizada a cada necesidad habitacional individual, pero sí es factible elaborar una tipificación de necesidades como base sobre la cual establecer diferentes estrategias alternativas de resolución.
Estas alternativas – que abarcan desde el alojamiento temporario hasta la construcción por diversas modalidades de ejecución – deberían privilegiar los criterios de localización intraurbanos (en áreas urbanizadas) de las nuevas residencias, de modo de aprovechar las infraestructuras y servicios instalados, y disminuir el riesgo de intervenciones de gran escala nocivas para el desarrollo urbano futuro.
En este sentido se deberá privilegiar la inclusión de los beneficiarios en el proceso constructivo de sus nuevos asentamientos y motorizar complementariamente procesos productivos de insumos bajo formas organizativas que se asienten en nuevas formas de economías solidarias, que incluyan sectores sociales excluidos de los mercados tradicionales de mano de obra.

El modelo de gestión del proceso de reconstrucción.

La experiencia señala que la principal causa de los fracasos de los procesos de reconstrucción deriva de no consultar a los damnificados sobre sus prioridades y sugerencias. No partir de un acuerdo con los afectados es garantizar la ilegitimidad del proceso de reconstrucción, independientemente de la capacidad técnica y de los recursos invertidos.
Por otra parte, se destaca que las mejores experiencias de reconstrucción son aquellas que logran integrar el poder político y las instituciones del poder civil a través de procedimientos efectivos de coordinación entre ambos. Tal cual lo expresa la ONU: “El recurso primordial para la facilitación de alojamiento después de un desastre es la motivación básica de los sobrevivientes, sus amigos y sus familiares. Los grupos de asistencia ... deben evitar duplicar cualquier actividad que pueda ser realizada más eficazmente por los propios sobrevivientes ... En los desastres estudiados, la respuesta principal a las necesidades de alojamiento fue dada por los propios sobrevivientes.”
La falta de consensos, sin duda, concluirá en una multiplicidad de iniciativas, muchas de las cuales tendrán orientaciones contrapuestas con lo cual no sólo se perderán efectos sinérgicos, sino que posiblemente se contrarresten los impactos por cada una de ellas buscaba, incrementando las tensiones sociales en lugar de disminuirlas.
El proceso de reconstrucción debe definir con claridad y públicamente el modelo de gestión a adoptar. Resulta esencial que el diseño establezca en detalle los actores sociales participantes, las metas programadas, los plazos estimados, los costos que implican, los mecanismos de rendición pública de cuentas, como también los canales de información claros y precisos que se utilizarán para informar en forma masiva a la sociedad. Al concebir la reconstrucción como un proceso de desarrollo integral, que trasciende la reconstrucción de las obras físicas, uno de los aspectos que determinarán su sustentabilidad será la fortaleza de las instituciones en que esté apoyado. Por lo cual la reconstrucción debe ser reconocida también como un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad local. De lo contrario, los factores generados de la vulnerabilidad seguirán presentes.
En este orden, se destaca la necesidad de recuperar el rol activo del Estado como custodio y garante del bien común, en especial del Gobierno Local, el cual debe jugar un rol protagónico en este proceso. Por ello se sugiere solicitar la realización de acciones de democracia directa, tales como audiencias públicas en el ámbito local, que permitan fijar las principales directrices del proceso, convalidar los modelos de gestión, debatir el modelo de desarrollo territorial, consensuar prioridades y convalidar acciones de fortalecimiento institucional.
Este proceso deberá ser plasmado en un pleno resguardo de las misiones y funciones institucionales. La articulación no es licuación de contenido, la participación no implica operar desde la lógica “del otro“, es reconocer y respetar la diversidad y encontrar en la misma los elementos sobre los que se pueda establecer acuerdos sociales sustantivos para acciones concretas.
Sobre estos aspectos, diversos participantes señalaron el valor de las experiencias de gestión participativa, tanto nacionales como internacionales, aún en aglomerados de mayor envergadura que el santafesino (así, se citó a los casos de Córdoba, Rosario, Montevideo, Porto Alegre y tantos otros como experiencias sobre modelos posibles, alternativos y superadores de gestión territorial).

Transparencia en la gestión de fondos y control de obras.

Como se señalara al inicio de estas recomendaciones, el éxito de los procesos de reconstrucción esta supeditado en gran medida a que las políticas para ello definidas se sostengan en el tiempo. Esto es, ni más ni menos, que las mismas tengan un nivel de definición y aceptabilidad social tal que trasciendan lo que constituye políticas de gobierno y se conviertan en verdaderas políticas de Estado.
El logro de dicho “status”, deviene eminentemente de un proceso de legitimación social, el cual para ser viable requiere indefectiblemente no sólo que la acción responda a satisfacer las necesidades e intereses del conjunto social, sino también y complementariamente que exista plena certeza sobre la efectividad de las acciones promovidas, el ajuste a las normativa de los procesos promovidos y la pertinencia de los recursos comprometidos, ya sean estos humanos, materiales o financieros.
El fuerte cuestionamiento que existe sobre el conjunto de las instituciones, y fundamentalmente sobre las de carácter estatal, señala que el mero cumplimiento del conjunto de dichas condiciones no basta, resulta imprescindible posibilitar que la sociedad por si misma lo verifique. Esto sin duda exige no sólo de la implementación de mecanismos que garanticen el máximo de transparencia y difusión de las actuaciones promovidas, sino de la creación de instancias de fiscalización y control social sobre la propia práctica de los entes responsables del proceso de reconstrucción.

La cuestión de la emergencia: el plan de contingencia.

En relación a la prevención de posibles futuras situaciones de emergencia hídrica, cabe destacar la necesidad de maximizar los esfuerzos que tiendan a mitigar sus potenciales efectos adversos. Dicha política conlleva, al margen de las acciones inherentes al proceso de reconstrucción, la implementación de:
Á‚· Sistemas de alerta temprana, evolucionando de los actuales disponibles de carácter cualitativo a otros de tipo cuantitativo, que permitan precisar anticipadamente la oportunidad y magnitud de las crecientes y de los impactos potenciales sobre los suelos controlados. Para ello sin duda habrá de revertir las políticas desmantelamiento de las estaciones hidrometeorológicas sostenidas en la última década.
Á‚· La elaboración de Planes de Contingencia, en diversos espacios territoriales del alto riesgo -entre ellos particularmente sobre el aglomerado Santa Fe-, y en diversas escalas territoriales. Esta proceso de planificación deberá prever tanto:
o Las acciones necesarias de llevar a cabo, en aquellas situaciones donde los sistemas defensivos sean superados o colapsen,
o Los modos y procedimientos en que dichas acciones deben ser desarrolladas,
o Los responsables de su ejecución, predefiniendo los recursos humanos, materiales y financieros que serán movilizados,
o El modo en que se articularan las diversas estructuras institucionales afectadas en dichas oportunidades.
o Los procesos de divulgación, capacitación e instancias de práctica y simulación, tanto social como de los recursos humanos comprometidos a la emergencia.
o Las estructuras y mecanismos de monitoreo y control de las capacidad de respuesta en la emergencia.
Á‚· Garantizar una infraestructura de comunicación terrestre de la ciudad de Santa Fe con su entorno inmediato, construida sobre la base de un diseño de riesgo hidráulico prácticamente nulo. Esta recomendación se funda en el carácter casi insular que puede detentar la ciudad en situaciones de extrema emergencia hídrica, en las cuales se debe garantizar las vías de evacuación de la población.
Para la implementación de estas acciones, que fueron reiteradamente propuestos en varias disertaciones, se recomienda la evaluación de las experiencias realizadas tanto de carácter internacional como dentro del propio territorio nacional, como el caso de la Ciudad de Resistencia.

Propuestas relacionadas con el sistema de formación académica.

En el plano de las propuestas relacionadas con las actividades académicas y de investigación, se abogó por la integración del concepto de catástrofe y su incorporación en las currículas, y por la construcción de una red de formación académica de centros especializados – a partir de la experiencia de la Universidad Nacional de San Juan en sismología – en la cual la UNL podría desarrollar su experiencia con respecto a la emergencia hídrica.
Finalmente cabe destacar que las presentes conclusiones y recomendaciones poseen la intención de colaborar positivamente en la toma de decisiones públicas, y que han sido elaboradas a partir de las experiencias recogidas en diferentes ámbitos, contextos e instituciones. Estas pueden constituirse conjuntamente con otras iniciativas similares en un punto de partida válido y plural para el desarrollo de políticas conjuntas de reconstrucción.
El aporte potencial de la Universidad Nacional del Litoral, como del conjunto del sistema universitario y científico-tecnológico, regional y nacional, no concluye en las presentes actuaciones, las cuales constituyen sólo un hito más en su labor. Esta cooperación se continuará ampliando y profundizando mediante su participación en proyectos específicos que involucren su capacidad científica, ratificando de este modo su histórico compromiso social.