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El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral aprobó por unanimidad una manifestación que expresa la profunda preocupación ante la política salarial del gobierno nacional en relación con el sector universitario. La resolución pone en evidencia la disconformidad de la comunidad universitaria respecto de aumentos anunciados que no implican mejoras salariales sino estímulos no permanentes y que generan colateralmente impactos negativos por el modo en que están planteados.

Se hace referencia a los anuncios realizados hace días por el gobierno nacional, cuando el presidente Néstor Kirchner, el Ministro de Educación Daniel Filmus y el secretario de Políticas Universitarias Juan Carlos Pugliese presentaron el programa Estímulo a la Excelencia y a la Dedicación Docente en las Universidades Nacionales y el Plan de Jerarquización de la actividad universitaria, que establecía un aumento de hasta $300 para los docentes y de $150 para los no docentes.

A partir de una nota presentada por el gremio docente ADUL Á‚"“que rechaza el acuerdo suscrito el 27 de mayo entre el CIN, la CONADU y la Secretaría de Políticas Universitarias en el mismo sentidoÁ‚"“, se evidencia que "no se asegura la incorporación del estímulo al presupuesto del año próximo" ya que se otorga con carácter no permanente y que de dichas sumas "se deducirán los adicionales que por decisión autónoma de cada Consejo Superior se abonen a los docentes", poniendo en riesgo los acuerdos paritarios particulares. Los $150 para no docentes comprenden el aumento de $100 ya anunciado en abril, y para los docentes se deducirían los incentivos y adicionales que otorga cada universidad por acuerdo paritario local.

Durante la sesión quedó planteado que de esta manera se desconocen los esfuerzos que algunas universidades vienen realizando para otorgar algún paliativo a docentes y no docentes, como el caso de la UNL, y además que no se produce un incremento del presupuesto universitario sino que se utilizan partidas que ya estaban destinadas por el Congreso de la Nación a las universidades. No se harían efectivos, por lo tanto, los $35 millones que el Congreso había destinado para actividades científicas y tecnológicas, un proyecto que esta Universidad promovió desde la comisión de ciencia y técnica del CIN, ni tampoco los fondos de los proyectos que la universidades llevan adelante con el ministerio en temas tales como articulación de niveles; ni las partidas a ser distribuidas por el modelo de pautas racionales, para corregir los fuertes desequilibrios que existen en la distribución entre las universidades.

Además, el gremio reclama que no se establecen "mecanismos ni partidas presupuestarias para la generalización del decreto 1610/93". Finalmente, se coincidió en la importancia de iniciar acciones tendientes a lograr una política de recentralización salarial y de respeto de los preceptos constitucionales que otorgan derechos a los trabajadores al tiempo que autonomía y autarquía a las universidades.

Pagar lo prometido

Durante la sesión, los consejeros acordaron reiterar el reclamo al gobierno nacional de que se hagan efectivos los aumentos anunciados, citándose el caso del sector científico para quien en marzo pasado se presentó un programa de jerarquización con incremento de becas e ingresos a la carrera de investigador y que aún no se puso en práctica. Según indican trabajadores del CONICET, "se otorgaba una cifra cuando en realidad se estaba comprometiendo parte del presupuesto ya asignado al organismo en una clara maniobra de desvío de fondos. Se anunciaba como un aumento salarial del orden del 40% cuando la realidad muestra que para más del 80% de los trabajadores el incremento ronda apenas el 10% y consiste en una suma fija no remunerativa ni bonificable".