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Ante la iniciativa del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MECyT) de la Nación de poner en debate la posibilidad de una nueva Ley de Educación Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) efectuó un documento con aportes a la discusión. Allí consideran que el "documento de Base contiene un conjunto de intenciones consideradas válidas, en concordancia con la urgencia e importancia que reclama la resolución de los problemas del sistema educativo en su conjunto; y que la derogación de la Ley Federal de Educación constituye un imperativo ético y democrático".

Sin embargo, los rectores nucleados en el CIN, señalan "la necesidad de explicitar de manera clara el modelo de país y la voluntad política explícita de construir un Estado y una Sociedad diferentes que rompan con el proyecto global neoliberal", a la vez que estiman que "para ello se debe operar con autonomía e independencia de principios, tomando el Estado a su cargo la Educación Pública y evitando la dependencia con los mecanismos mercantilizados que han venido regulando el sistema".

En este sentido, sugieren que el objetivo principal de la nueva Ley deba "girar en torno el establecimiento de la condiciones que permitan garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la educación, tal como lo exige la Constitución Nacional".

El rol del Estado

Según el documento elaborado por el CIN no se ha avanzado en cuanto a las definiciones con respecto al papel del Estado en materia de educación pública. Tanto en la Ley Federal como en la nueva propuesta han sido tratadas de modo ambiguo. "En ambos textos, se destaca la principalidad del Estado en materia educativa al tiempo que se los relativiza, asumiendo un papel equiparado al de otras instituciones sociales", sostienen.

"Queda entonces en manos del Estado Nacional la decisión centralizada de la definición de la política educativa y delega la responsabilidad por la Á‚'creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesariosÁ‚' en las provincias, junto con la familia, la comunidad y las organizaciones reconocidas. Tanto la Ley Federal como el documento base, colocan en un mismo plano de igualdad al Estado y las familias como garantes del derecho a la educación", afirman los rectores.

Presupuesto para educación

Entre las universidades nacionales existe un consenso sobre la necesidad y urgencia de que el presupuesto tienen que mejorar a fin de garantizar la educación. Al respecto el CIN propone "el debate democrático y participativo, centrado en la consideración de este aspecto como problema social y de desarrollo y el establecimiento de claras relaciones con la Ley de Financiamiento Educativo, en íntima vinculación con la discusión acerca del cumplimiento de las condiciones de gratuidad y obligatoriedad de la educación".

Por esta razón reclaman de manera urgente "la inclusión de mecanismos legales que den garantías de cumplimiento y de acciones necesarias para hacer efectiva la norma como una forma de protección de los derechos de los ciudadanos. Esto es, disminuir la brecha entre lo Á‚'legalÁ‚' y lo Á‚'realÁ‚'".

Definiciones para la normativa

Por último los rectores de las universidades nacionales remarcan los aspectos necesarios a considerar en una futura normativa en educación. "El Documento de Base da lugar a un abordaje un tanto caótico, en la medida en que reúne diferentes niveles de enunciación de principios y propuestas operativas, con distintos grados de generalidad y sin criterios claros de jerarquización", sentencian. En esta medida consideran "que es necesario definir qué debe ser materia de legislación en una ley orgánica, distinguiendo este tipo de normativa de otras de carácter más operativo o programático".

En consecuencia proponen que la futura norma contenga "los principios que guiarán al sistema y darán sentido a la política pública en materia educativa", "la estructura académica del sistema en todo el país", "las bases de la formación y jerarquización de la profesión docente y la estructura del puesto de trabajo para todo el país", "la distribución de atribuciones entre las diferentes instancias del Estado para garantizar un sistema educativo integrado y que garantice la diversidad regional" y "el establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar todos los aspectos definidos anteriormente".